Revista Peruana de Derecho Internacional
Tomo LXXI Setiembre-Diciembre 2021 N° 169, pp. 173-178. ISSN: 2663-0222
Recepción: 30/09/2021 Aceptación: 07/11/2021
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3. La evolución del tratamiento de la protección de la democracia en la OEA y la
iniciativa para negociar la Carta Democrática Interamericana: exposición del
embajador Manuel Rodríguez Cuadros en la conmemoración del décimo
aniversario del Compromiso de Santiago con la democracia y la renovación del
sistema interamericano y la resolución ag/res. 1080 (XXI-0/91) “democracia
representativa”, Washington 28 marzo de 2001.
[…]
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Embajador. Corresponde ahora el uso de
la palabra al Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, Representante Permanente del Perú.
El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PERÚ: Muchas gracias, señor
Presidente.
Quisiera iniciar mi intervención resaltando el significado del Compromiso de
Santiago con la democracia y la renovación del sistema interamericano. Creo que con una
retrospectiva de diez años vistos, el Compromiso de Santiago conlleva un peso histórico
innegable. De alguna manera, el tratamiento del tema de la democracia en el sistema
interamericano deberá sistematizarse antes y después del Compromiso de Santiago. Es, en
ese sentido, un punto de inflexión decisivo en la funcionalidad que tiene la democracia en el
sistema interamericano.
Antes del Compromiso de Santiago, las sombras de la Guerra Fría distorsionaron el
tratamiento del tema de la democracia en nuestra Organización. Desde 1948 hasta el inicio
de la década de los noventa, la democracia fue básicamente una cuestión ideológica,
fuertemente distorsionada por el impacto de la dicotomía capitalismo-comunismo y la
estructura bipolar del poder mundial. Se pensó la democracia desde la perspectiva de la
competencia de sistemas políticos que se reputaban excluyentes, y a menudo se subordinó el
compromiso democrático y la democracia como valor a los requerimientos de la realpolitik,
de la seguridad nacional o continental o simplemente de la lucha ideológica. Esta percepción
instrumental de la democracia no era coherente con las disposiciones del preámbulo de la
Carta de la OEA y mucho menos con las disposiciones sobre derechos políticos y libertades
fundamentales contenidas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
Los golpes militares, los regímenes de facto, las graves y sistemáticas violaciones de
derechos humanos que afectaron a miles de personas y que luego, como forma de
resarcimiento y catarsis de justicia social y nacional, dieron lugar a las comisiones de la
verdad se originaron, entre otras causas, en esa aproximación instrumental a la democracia
desvinculada de los derechos humanos.
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Todo esto fue posible porque al desvincular la democracia de los derechos humanos,
esta pasó a ser solo una plataforma política subordinada a las luchas ideológicas. En ese
contexto, los regímenes autoritarios que negaron la democracia adquirieron legitimidad e,
inversamente, los compromisos democráticos de la OEA perdieron legitimidad y extraviaron
su funcionalidad.
El Compromiso de Santiago, en el contexto del inicio del derrumbe de las estructuras
ideológicas y del poder de la Guerra Fría, inició el camino para superar esta situación y
recentrar, desde una perspectiva de derechos humanos, el tratamiento del tema de la
democracia en la OEA y en el sistema interamericano.
La democracia, en el estado actual del desarrollo progresivo del derecho americano y
del derecho internacional, es, esencialmente, a mi juicio, una cuestión de derechos humanos.
De allí se deriva su legitimidad y su creciente universalidad en el actual sistema internacional.
En esta perspectiva, se puede definir la democracia como el derecho de los seres humanos a
vivir en un régimen político y jurídico que garantice la realización de las libertades
fundamentales y sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos. La democracia es el
derecho a tener derechos. Y explica, también, que actualmente asistamos a la
individualización de un nuevo derecho: el derecho humano a la democracia.
El derecho a la democracia es un derecho de finalidad, un derecho de los pueblos y,
al mismo tiempo, un derecho subjetivo, individual, exigible al Estado. Es de finalidad en el
sentido de que se proclama la democracia como un valor de interés universal, al cual deben
propender todas las sociedades en el marco de sus especificidades culturales y nacionales.
Se crean así las bases de una obligación de hacer, conforme a la cual los Estados deben
promover la democracia como régimen político, como derecho a tener derechos. Es un
derecho individual en cuanto al modo de ejercicio –derecho a elegir o acceder a la gestión
pública, por ejemplo–, por su vinculación con el sujeto pasivo del derecho –que es el Estado–
y en cuanto a su titularidad, que puede ser exigible por cada individuo. En el sistema
interamericano es una obligación jurídica.
El pacto social democrático conlleva, desde el punto de vista del poder, una relación
funcional entre la legitimidad que se deriva del sufragio universal, libre y justo, y la existencia
de límites precisos a ese poder para que no se ejerza en contra de los derechos humanos de
la población, para que el poder que emana de la ley no se ejerza ni contra la ley ni al margen
de la ley. La democracia supone un límite constitucional y legal al ejercicio arbitrario del
poder político. Si los seres humanos no son reconocidos en su pluralidad e individualidad
por un orden político que a través de la ley garantice las expresiones de su libertad, ningún
derecho humano podría ser garantizado. Para que los derechos humanos se respeten y sean
en la práctica exigibles, es necesario que sean verdaderos poderes individuales y colectivos.
Y ello solo lo garantiza la realización del derecho a la democracia.
Por transferir poderes, la democracia es también un mecanismo esencial para la lucha
contra la pobreza y la desigualdad social. Como condición del sistema internacional, es un
subproducto de las corrientes democratizadoras que sacuden al mundo desde el fin de la
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Guerra Fría. Es, también, una consecuencia de nuevas normas de derecho internacional
formales y consuetudinarias, regionales y universales, que la consagran y la someten a la
responsabilidad internacional. Por ello, no tienen validez jurídica ni axiológica las
concepciones que buscan someter los valores democráticos a un supuesto relativismo
cultural, que supondría, impropiamente, la existencia de pueblos que, en lugar de luchar por
la libertad y la participación en los asuntos públicos, luchan a favor de la dictadura y la
opresión. La historia demuestra lo contrario. No existe sociedad en la que no exista una
historia nacional, endógena, propia, política y cultural en favor de la libertad, la justicia y la
participación en las decisiones políticas.
El Compromiso de Santiago se ubica en este contexto y forma parte de estas
tendencias regionales y globales. Lo son también la resolución 1080 y el Protocolo de
Washington, que establece una cláusula democrática para la participación continua en los
órganos de la OEA.
Pero la preservación y defensa de la democracia, como ella misma, no constituye un
proceso acabado ni estático. La democracia y su defensa será siempre un proceso abierto,
dinámico, perfectible. Por ello, a diez años de la aprobación del Compromiso de Santiago,
la democracia ha hecho y hace frente a nuevos desafíos, dificultades y amenazas que
aconsejan asumir y renovar el impulso de Santiago para sistematizar y perfeccionar las
normas, procedimientos y mecanismos de defensa de la democracia en la región.
La experiencia vivida por el Perú constituye una prueba de complejas formas con las
que se puede atentar contra la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
En función de esta experiencia y otras que han tenido lugar en distintos países de la región
más recientemente, es indispensable desarrollar y perfeccionar las normas y los mecanismos
existentes.
En la hora actual, tres objetivos aparecen como prioritarios.
En primer lugar, la introducción de una cláusula democrática en el proceso de las
cumbres americanas, iniciativa que el Perú respalda y que oportunamente manifestó dicho
respaldo a partir de la iniciativa asumida por el Gobierno de la Argentina. La cláusula
democrática reforzará el derecho de millones de personas a vivir en un sistema político en el
que la vigencia del Estado de Derecho y las libertades individuales creen, simplemente,
mejores condiciones para el goce de sus derechos, incluidos los derechos económicos y
sociales.
En segundo lugar, es indispensable reforzar conceptualmente, normativamente y en
la práctica, la interrelación existente entre los derechos humanos y la democracia. La
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha desbrozado el camino para la
consagración normativa del derecho humano a la democracia. La OEA debe transitar y
avanzar en ese camino, que no le es ajeno. Ello implica, entre otras acciones, una utilización
más intensa por parte de los individuos de las instancias cuasi jurisdiccionales y
jurisdiccionales que constituyen la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de
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Derechos Humanos para exigir la restitución de los derechos políticos cuando estos hubieran
sido afectados gravemente o violados. No debemos olvidar que los derechos políticos son
justiciables en el sistema interamericano.
En tercer lugar, es una tarea pendiente el sistematizar, perfeccionar y fortalecer, con
una visión de conjunto y con un enfoque que desarrolle la vinculación entre la democracia y
los derechos humanos, los distintos compromisos y mecanismos que en el curso del tiempo
se han ido aprobando en el marco de la OEA. Esta es la idea básica de la iniciativa presentada
por el Perú para la aprobación de una Carta Democrática Interamericana.
Es indispensable contar con un instrumento global, sistematizado y coherente que
integre las normas y mecanismos existentes, los fortalezca y, frente a los nuevos desafíos y
amenazas que tiene la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho, los desarrolle. Es
indispensable, sobre todo, vincular con los mecanismos existentes para la defensa de la
democracia los preceptos contenidos en la Declaración de Santiago, de 1959, que definen los
estándares interamericanos de la democracia y el Estado de Derecho. Al mismo tiempo,
resulta imperativo contar con mecanismos efectivos, consistentes y flexibles que permitan
adoptar acciones concertadas en los casos donde la democracia se vea afectada por hechos
distintos al tradicional golpe militar, pero con igual gravedad. Excepcionalmente, es
necesario prever acciones para que se pueda actuar en los casos donde un gobierno
legítimamente constituido haya atentado contra el Estado de Derecho en su propio país,
negando así su legitimidad constitucional, así como aquellas situaciones en las que la vida
democrática y el Estado de Derecho se vean afectadas por una restricción grave y sistemática
de la libertad de expresión, la sujeción manifiesta de la administración de justicia al poder
político o la violación grave y sistemática de los derechos humanos, incluidos los derechos
políticos. Será necesario, asimismo, definir los componentes y el marco de acción de una
diplomacia preventiva en materia de defensa de la democracia, así como un marco de
referencia flexible pero eficaz para la adopción de medidas de acción colectiva.
Estos nuevos desarrollos de nuestros compromisos democráticos deben permitir
avanzar en las prácticas de la Organización, pasar de la teoría a la acción, cerrar la brecha
existente entre los compromisos jurídicos y políticos y los cursos de acción, reales y
concretos.
Este acto, señor presidente, es en sí mismo una expresión de reafirmación de nuestro
compromiso con la democracia.
Es promisorio que, en la era de la globalización, las aspiraciones y la voluntad
democrática de nuestros pueblos, afirmadas en la gesta misma de la independencia, converjan
con la acción interna y externa de sus gobernantes. Estamos frente a una excepcional
oportunidad histórica en la que es posible construir puntos de encuentro y cohesión entre la
sociedad civil y el accionar de los gobiernos. Y es extraordinariamente alentador que esa
convergencia pueda sustentarse en los valores de la democracia y de los derechos humanos.
Gracias, señor Presidente.
