REVISTA PERUANA DE DERECHO
INTERNACIONAL
ISSN: 0035-0370 / ISSN-e: 2663-0222
Tomo LXXII. Mayo-Agosto 2022, N° 171, pp. 33-49.
Recepción: 12/04/2022. Aceptación: 14/06/2022.
DOI: https://doi.org/10.38180/rpdi.v0i0.285
Reflections on the current threats to democracy
Harold Forsyth (*)
(*) Representante Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, diplomático con más de 45 años de servicio. Ha servido como Embajador en Colombia, Italia, China, Estados Unidos y Japón. Asimismo, ha sido Representante Permanente del Perú ante Organismos Internacionales con sede en Roma. Fue elegido congresista de la República para el periodo 1995-2000 y nombrado Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores en 2006. Ha participado en calidad de Delegado y Representante del Perú en numerosas reuniones y conferencias de carácter internacional. Es autor de diversas publicaciones como Conversaciones con Javier Pérez de Cuéllar (2001), Conversaciones con Luis Bedoya Reyes (2016) y Reto Diplomático (2017). El embajador Forsyth es periodista por la Pontificia Universidad Católica del Perú- profesión que ejerce permanentemente- y licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú.
Expreso mi agradecimiento al ministro consejero José Roberto Rodríguez Bustamante, actual Representante Alterno del Perú ante la OEA, por sus comentarios y contribuciones a este ensayo.
Con el presente artículo, el autor formaliza su incorporación como Miembro Asociado, conforme a lo dispuesto por el Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, mediante Acta del 13 de diciembre de 2018.
Las expectativas crecientes e insatisfechas, las promesas electorales incumplidas, el desgate de los discursos políticos, la persistente corrupción en diversos grados de la actividad pública y privada, la polarización de los discursos políticos, entre otros factores, han ido mellando la legitimidad de las democracias y han permitido la expansión de discursos intolerantes, autoritarios, así como han cultivado prácticas que tienden a restringir derechos. Anotamos algunas reflexiones acerca de las más visibles amenazas que afrontan los regímenes democráticos, luego de abordar brevemente algunos conceptos fundamentales sobre la noción de democracia y gobernabilidad.
Democracia, derechos humanos, amenazas a la democracia, gobernabilidad, cultura política, derecho internacional de la democracia.
Rising expectations, unfulfilled electoral promises, the weariness of political discourses, the persistent corruption in varying degrees of public and private activity, the polarization of political discourses, among other factors, have been eroding the legitimacy of democracies and have allowed the expansion of intolerant and authoritarian discourses, as well as have cultivated practices that tend to restrict rights. We highlight some reflections on the most visible threats facing democratic regimes, after briefly addressing some fundamental concepts about the notion of democracy and governance.
Democracy, human rights, threats to democracy, governance, political culture, international law of democracy
Los sistemas democráticos, contrariamente a lo que podríamos imaginar, no son la regla común entre los sistemas políticos en el mundo, ni tampoco son la mayoría. A partir del estudio del último Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist (2021), elaborado en base al análisis de 165 países y dos territorios autónomos, mediante un sistema que conjuga cinco categorías (proceso electoral, funcionamiento gubernamental, participación política, cultura política y libertades civiles), se han identificado cuatro categorías o tipos de regímenes de gobierno.
· Democracias plenas (21)
· Democracias imperfectas (53)
· Regímenes híbridos (34)
· Regímenes autoritarios (59)
Este análisis pone en evidencia que las consideradas democracias plenas son, al inicio de la tercera década del siglo XXI, una minoría, siendo más común la existencia de regímenes democráticos de naturaleza imperfecta o regímenes no democráticos. Las democracias en nuestro continente no escapan a las tensiones y cuestionamientos que se producen de manera pendular a lo largo del tiempo, generando inestabilidades y reales amenazas de quiebres democráticos que se evidencian en el creciente descontento de nuestras poblaciones y la pérdida de legitimidad de un sistema que aún no resulta suficiente para colmar las expectativas sociales, económicas, sanitarias, educativas y de calidad de vida en el hemisferio. Esta realidad es perfectamente reconocible en todo el mundo, con diversos grados de presión social y de respuesta de las autoridades gubernamentales.
Las expectativas crecientes e insatisfechas, las promesas electorales incumplidas, el desgate de los discursos políticos, la persistente corrupción en diversos grados de la actividad pública y privada, la polarización de los discursos políticos, entre otros factores, han ido mellando la legitimidad de las democracias y han permitido la expansión de discursos intolerantes, autoritarios, así como han cultivado prácticas que tienden a restringir derechos y hasta expresiones de racismo, intolerancia y odio contra adversarios políticos. Estas tendencias se han exacerbado en los últimos dos años por los efectos negativos que a nivel internacional se han generado a causa de la pandemia del COVID 19.
La confrontación política a nivel global, así como el incremento en el número e intensidad de conflictos bélicos, han significado un retroceso en cuanto a la defensa de las libertades democráticas y el ejercicio de los derechos fundamentales en Medio Oriente, África, Europa y algunas zonas de Asia, realidad que, desafortunadamente, no ha sido extraña para América Latina. A continuación, presentamos algunas reflexiones acerca de las más visibles amenazas que afrontan los regímenes democráticos, luego de abordar brevemente algunos conceptos fundamentales sobre la noción de democracia y gobernabilidad.
Como toda noción moderna, el concepto de la democracia como la concebimos en la actualidad, al inicio de la tercera década del siglo XXI, es sin duda diferente a como fue concebida y practicada en la antigüedad clásica. En esencia, mantiene su idea primigenia de que las decisiones trascendentales en la conducción del Estado se expresen a partir de las decisiones de un conjunto mayoritario de la población a la que éste representa.
Independientemente de las formas de gobierno que un determinado Estado incorpore a su estructura política, asumimos que estamos ante un Estado democrático cuando las instituciones públicas y los diversos poderes que le dan vida se fundamentan en la voluntad popular y en la búsqueda del bienestar general de su población. La palabra democracia deriva de los vocablos griegos dêmos (pueblo) y krateîn (gobernar) y hace referencia a la antigua práctica de las asambleas de un grupo privilegiado de ciudadanos que debatían y decidían sobre los asuntos públicos trascendentes de la antigua Grecia, a la que se considera como la cuna de la democracia, entendida como gobierno del pueblo. La moderna concepción de democracia participativa se ha ido enriqueciendo conforme el transcurso de la historia de las civilizaciones ha perfilado su contenido hasta llegar a la formación de las democracias modernas con posterioridad a la Revolución Norteamericana (1775-1783) y la Revolución Francesa (1789). Precisamente, fue la Constitución Francesa de 1793 la que introdujo por primera vez la iniciativa ciudadana y el referéndum como instrumentos de democracia directa.
Desde entonces, los sistemas democráticos se han ido especializando y delineando con diferencias sustanciales en diversas regiones del mundo, por lo que no existe un modelo democrático imperante y más bien encontramos diversos regímenes que difieren en la puesta en práctica de los principios democráticos que son, en esencia, el núcleo común que hace reconocible un sistema como democrático. En el plano de la investigación académica, resulta ilustrativo asumir los criterios expuestos por Robert Dahl (1999) en su estudio sobre esta institución, de manera que podemos identificar hasta cinco criterios para verificar si un grupo social determinado otorga el mismo derecho a participar en las decisiones políticas:
i) participación efectiva, oportunidades iguales para todos de exponer sus ideas y opiniones y que sean conocidas por los otros miembros.
ii) igualdad de voto, igual y efectiva oportunidad de votar y todos los votos se cuentan como iguales.
iii)comprensión ilustrada, todo miembro debe tener la oportunidad efectiva para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes y posibles consecuencias.
iv) control de la agenda, oportunidad exclusiva de los miembros de una sociedad a decidir cómo y qué asuntos deben incorporarse a la agenda común.
v) inclusión de los adultos, referido al ejercicio pleno de la ciudadanía sin exclusiones (Dahl, 1999, pp. 47-49)
El propio Dahl, quien afirma que estos criterios son aplicables al gobierno de un Estado, es consciente de la dificultad que se consigan aplicar plenamente estos criterios, sin embargo, aportan “un estándar muy útil para medir los logros y las posibilidades del gobierno democrático” (1999, p. 52).
El desarrollo del derecho internacional, en particular el de los derechos humanos, luego de la tragedia humana que supuso la segunda guerra mundial, generó el fortalecimiento del sistema de derechos humanos y el surgimiento de principios modernos de relacionamiento entre los Estados, siendo el más relevante el de la universalización de los derechos humanos y la exigibilidad del disfrute de estos por todo ser humano, sin ningún tipo de distinción. Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos han fecundado su consagración en las cartas constitucionales de la gran mayoría de Estados.
No obstante, la institucionalidad multilateral y el derecho internacional de los derechos humanos no siempre avanzan al ritmo que los desafíos del escenario global nos imponen (Almagro e Icaza, 2020, p. 15), generando brechas en la respuesta adecuada a problemas de derechos, por ejemplo, en la protección de grupos específicos de poblaciones vulnerables o con mayores dificultades de acceso a los servicios públicos.
Asimismo, es notoria la dificultad para encontrar mecanismos eficaces para atender oportunamente las violaciones de derechos humanos y sancionar a sus perpetradores. En el ámbito interamericano, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, junto con las principales instituciones del sistema interamericano de los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – y sus Relatorías Especializadas-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Secretaría General, han dinamizado en los últimos años las respuestas a las situaciones más urgentes de vulneración de los derechos humanos en la región y al sistema democrático de gobierno.
En nuestro hemisferio, sin duda el desarrollo más avanzado es el de protección de los derechos humanos, para lo cual los ciudadanos de cualquier país cuentan con dos instancias supranacionales de vital importancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte CIDH. El sustento jurídico es amplio, siendo los documentos básicos en materia de derechos humanos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador 1988), el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará 1994), la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999).
En los primeros años del nuevo milenio, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó en Lima la Carta Democrática Interamericana (2001), instrumento que recoge el consenso regional en torno a que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, así como “consagra también a la democracia como condición indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos” (CIDH, 2014, p. 7). Asimismo, es importante considerar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la CIDH en octubre del 2000 y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008).
Si bien no existe una definición absoluta del concepto de democracia y sus características, es importante reconocerla por los elementos esenciales. La práctica internacional multilateral a nivel interamericano reconoce que las amenazas a la democracia se dan cuando se vulneran o trasgreden alguno de los cinco elementos esenciales de la democracia representativa, consagrados en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres justas y basadas en el sufragio universal secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos (Icaza, 2020, p. 23).
Estamos viviendo tiempos de permanente cuestionamiento al poder constituido en diversos países del mundo. La inconformidad ciudadana se refleja en múltiples protestas en temas tan variados como derechos de las personas LGBTI, minoría étnicas, violencia contra la mujer, defensa del medio ambiente, reclamos laborales, corrupción, inseguridad, entre otros tantos temas que generan inestabilidad social y que se han visto potenciados por los efectos negativos de la pandemia del covid-19. A todo esto, se suma la conmoción en el sistema de relaciones internacionales generada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha sacudido los cimientos del orden internacional y viene generando reacciones no sólo a nivel de la seguridad internacional, sino en todo tipo de intercambios políticos, diplomáticos, económicos, financieros, energéticos, alimentarios, culturales, deportivos y principalmente, un drama humanitario y migratorio sin precedentes en Europa desde el fin de la segunda guerra mundial.
Como bien apunta Hugo Neira “vivimos una época muy difícil. Tanto las democracias como los gobiernos personalistas y tiránicos están perdidos” (Neira, 2022), sentencia que se evidencia en estos convulsos tiempos, donde ningún sistema económico o político constituye un refugio seguro para nuestra ciudadanía. A partir de las ideas del sociólogo francés Alain Touriane en Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy (Touriane, 2005), el pensador peruano es consciente de que “estábamos viviendo sobre las ruinas de la sociedad como era conocida, y destruida por la globalización” donde el comunismo ha fracasado y el capitalismo “es absolutamente inestable” (Neira, 2022). Estamos atravesando cambios culturales donde se va reforzando el valor del individuo y la diversidad se impone en el debate público. Los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, minorías étnicas, personas LGBTI, personas con discapacidad, con enfermedades raras, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, entre otros, han cobrado una notoriedad innegable en la vida pública y en la esfera privada.
En este contexto, cabe preguntarse si es relevante el papel de la democracia y si las amenazas a las que se enfrenta podrán poner en riesgo la consagración de los derechos y libertades que todas y todos debemos gozar sin discriminación de ningún tipo. Resulta sumamente válida la pregunta que sobre la opción de la democracia se hace Robert Dahle (1999, p 55): ¿Porqué hemos de apoyar la democracia en el gobierno del Estado? Como el propio autor argumenta, no parece existir mejor opción y, de las diez ventajas que propone respecto a otras alternativas, resaltamos las siguientes: la democracia ayuda a evitar gobiernos autocráticos y tiranos, garantiza derechos fundamentales esenciales, asegura mayor espacio de libertad personal, permite proteger los propios intereses fundamentales, la democracia promueve el desarrollo humano, fomenta cierto grado de igualdad política y mejora las relaciones de seguridad con otros estados democráticos (Dahle, 1999, p. 57).
Sobre este último punto, Jorge Battagliano sostiene que “la estabilidad de la democracia y la consolidación y expansión de las instituciones interdemocráticas son factores determinantes no solo para el fortalecimiento de la paz, sino también para el desarrollo de una nueva identidad regional de la defensa” (Bataggliano, 2014, p.184).
Si bien no resulta una labor sencilla identificar las principales amenazas que nuestras frágiles democracias afrontan en estos últimos años, consideramos algunas de las situaciones, condiciones y prácticas que mayores obstáculos generan al fortalecimiento y consolidación de las democracias en el siglo XXI.
Los ataques a las autoridades electas, a las autoridades electorales, judiciales y al aparato burocrático en su conjunto, constituye una de las principales amenazas a las democracias. La pérdida de legitimidad de las autoridades y de las instituciones, como respuesta ciudadana a la insatisfacción de sus necesidades más apremiantes como son la salud, la educación, el trabajo, el medio ambiente, la seguridad, etc., han generado un nivel tal de descontento social, que puede poner en peligro la subsistencia misma de la democracia representativa como forma de gobierno.
Esta realidad mella en particular a las democracias imperfectas y debilita la institucionalidad democrática en la medida que los gobiernos no sean capaces de revertir el alto grado de insatisfacción de las demandas crecientes de la ciudadanía (especialmente en los países pobres y de desarrollo medio) y la falta de capacidad real para atender esas demandas y resolver los problemas más recurrentes de la población que ya he mencionado. Si las élites políticas y económicas no cooperan para asegurar una administración pública eficiente, el descontento y la pérdida de legitimidad se incrementan, la desconfianza a las instituciones se agudiza y se favorecen los discursos radicales.
Otra forma de ataque a la institucionalidad proviene de algunos actores políticos que, como veremos luego, radicalizan su discurso y atacan a las autoridades elegidas y a los entes garantes de las elecciones cuando los resultados no les son favorables. La falta de madurez política o simplemente no reconocer la derrota electoral, puede generar como reacción alegaciones de “fraude electoral”, o de “graves anomalías en los procesos electorales”, y discursos similares que buscan socavar legitimidad y autoridad a los resultados, generando un descrédito en las personas que ostentan los cargos en los organismos y tribunales electorales, así como en las autoridades electas.
Esto sucedió recientemente en el Perú, donde la candidata que perdió las elecciones desconoció los resultados, atacando a los organismos electorales. Por eso debo resaltar la importancia del sistema de la OEA para las misiones de observación electorales, que, junto con observadores
de la Unión Europea y otras entidades internacionales, ofrecen un marco externo, independiente e imparcial que da fe sobre la transparencia y legitimidad de los comicios.
La libertad de expresión y la libertad de prensa son fundamentales en cualquier régimen democrático. Sin libertad de expresión, no habría ni debate, ni oposición, ni el libre ejercicio de las ideas, el pensamiento, las creencias, etc. Se oiría una sola voz, lo que en estricto es contrario al sistema democrático.
Por ello, resulta esencial para una democracia que se garantice la libertad de expresión y de prensa. No obstante, muchas veces las democracias corren el riesgo de sufrir ataques cuando el ejercicio de estas libertades se deforma en libertinaje. ¿Que quiero decir con esto? Cuando los principios de búsqueda de la verdad, y de expresión de la opinión y del contraste de la información, sucumben ante la desinformación, las medias verdades, las falsas noticias e incluso ante la propagación de falsa información que llega a dañar el honor y el buen nombre de las personas, así como las acciones de las autoridades y de las instituciones.
Todos conocen el poder de la propaganda en los regímenes autoritarios, donde lo que se propaga se asume por cierto y no hay manera de contrastarlo. En democracia, precisamente al garantizarse estas libertades, es que se pueden descubrir si algunos grupos de personas utilizan las redes sociales y los medios de comunicación para propalar falsa información, no solo en el ámbito político sino en cualquier aspecto de la vida.
El uso indebido y sin ética de este poder de la información y la comunicación, constituye también una amenaza real a la democracia. Con ello no digo que deba controlarse ni mucho menos censurarse, por el contrario, como periodista de formación, abogo por un uso responsable, ético y a favor de la verdad de los medios de comunicación y de las redes sociales. Esto no es responsabilidad exclusiva de los medios sino de la sociedad en general.
Los actos sistemáticos de corrupción en todos los niveles de gobierno (central, regional y local) y en diversas instituciones gubernamentales (ministerios, poder judicial, poder legislativo, fuerzas policiales, fuerzas armadas), así como en el sector privado (empresarios, gremios empresariales, sindicatos, asociaciones y ciudadanos), y la percepción de nuestras sociedades que el sistema legal y judicial no siempre castiga debidamente los actos de corrupción y más aún, que no se hace prácticamente nada para evitar que nuevas situaciones de corrupción se repitan en el futuro, son otra de las grandes amenazas a los sistemas democráticos.
Las campañas electorales no son ajenas a este fenómeno y muchas veces se utilizan fondos ilícitos, o no transparentados. El caso más icónico de los últimos años es el de Odebrecht que afecto a varios países en la región. Los ciudadanos piden una “mano firme” contra la corrupción que genera pérdidas millonarias a los países que la padecen, socavan la autoridad y legitimidad de fiscales y jueces y perpetúa la sensación de que “el sistema no funciona” y que la impunidad prevalece sobre la justicia.
Resulta fundamental redoblar los esfuerzos regionales para ejecutar el “Compromiso de Lima. Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” adoptado en la VIII Cumbre de las Américas (13 y 14 de abril de 2018 Lima, Perú), documento que constituye el más reciente y completo acuerdo regional en favor de la gobernabilidad democrática desde la lucha frontal contra la corrupción en el continente.
La polarización política es también un grave riesgo para los sistemas democráticos en todo el mundo. Cuando hablo de polarización, me refiero al fortalecimiento de discursos de un fanatismo y de un extremismo tal, que hace ver al rival como un enemigo y no como un contendor político. Esta polarización es muy peligrosa, pues hablamos de extremismos que no admiten como posibilidad la existencia de un medio equilibrado, un justo medio, pues se niega toda validez a discursos de consenso o de negociación.
Los extremistas buscan radicalizar su discurso responsabilizando a todo aquel que no este de su lado, como culpable de la crisis de un país, aprovechándose del descontento popular y fomentando la toma de acciones radicales, en caso de llegar al poder.
No creo necesario recordar el inmenso daño que ha causado a la humanidad este tipo de discursos extremistas, tanto de derecha como de izquierda y que lamentablemente no han desaparecido.
Muchas veces los mayores peligros de la democracia surgen desde los propios actores políticos elegidos democráticamente al utilizan las herramientas que el sistema político y electoral les pone a disposición y una vez tomado el poder, van extendiendo los límites legales y constitucionales para obtener gradualmente mayores potestades, disminuir los controles, debilitar el equilibrio de poderes, e incrementar sus facultades.
Es decir, con un ropaje legal, van minando el propio sistema democrático desde dentro para minimizar el accionar de la oposición, de las instituciones democráticas y todo tipo de control y fiscalización para incrementar su cuota de poder y mantenerse en el cargo, en desmedro de la separación de poderes. El riesgo de estas actitudes autocráticas, donde el gobernante se percibe asimismo y hace creer a la mayoría de la población que solo ellos podrán mejorar las condiciones de vida y mejorar al país, es la construcción de liderazgos en personas y no en ideas o instituciones. Se trata de personajes que se consideran “salvadores de la patria” antes que estadistas y servidores públicos con real vocación de servicio.
En América no estamos ajenos a este fenómeno, por ello, ante cualquier resquebrajamiento del sistema democrático que ponga en peligro las libertades fundamentales y el ejercicio irrestricto de los derechos humanos, el sistema interamericano, a través de la Carta Democrática, que pronto cumplirá 21 años de suscrita, se constituye en una garantía para la defensa de las democracias en el continente americano y de los derechos humanos de nuestras poblaciones.
Una democracia sana, requiere de ciudadanos con capacidad de analizar, criticar y actuar políticamente, no sólo en las elecciones periódicas mediante el acto de sufragio, sino que sean activos vigilantes de autoridades e instituciones, que cuestionen los errores del sistema y que ejerzan su ciudadanía pidiendo cuentas a las autoridades elegidas, y participando en las agrupaciones políticas o en otras instancias de construcción de mecanismos democráticos.
Una sociedad desentendida de su entorno político, o con baja capacidad de investigar y elegir mejores opciones entre la oferta electoral, o ciudadanos con apatía política, que no participan en elecciones y pobremente informados, son indicativos de una débil democracia (Almond y Verba, 1989, p. 338).
El sociólogo, historiador e intelectual francés Pierre Rosanvallon, en un ensayo denominado “Problemas y desafíos de la democracia en el siglo XXI” (2011) resalta que la democracia ha tenido una historia “tumultuosa” que ha experimentado avances y retrocesos. Citando la experiencia europea, nos recuerda que Europa fue el continente del cesarismo, del bonapartismo, del fascismo, del totalitarismo comunista y de movimientos ultranacionalistas. Si queremos entender la democracia, “debemos hacerlo a partir de estos dos aspectos: las posibilidades que abrió y los peligros que enfrentó” (Rosanvallon, 2011, p. 127).
or ello es importante la educación política. Cuando escuchemos de los riesgos de la democracia, recordemos cómo era el mundo antes de la democracia, o como vivieron los hombres y mujeres en regímenes no democráticos, y como viven actualmente bajo los regímenes autoritarios en pleno siglo XXI. La clave, en mi opinión radica no en cuestionarnos si nuestras vidas serian mejores con la democracia o sin ella, sino como podemos hacer que los problemas universales, los problemas globales que afrontamos todos en un mundo digitalizado, interdependiente, multipolar y pluricultural, puedan poner a prueba nuestra capacidad de generar soluciones pensadas en el bienestar de todos.
Esto no significa dar soluciones iguales para problemas diferentes que afectan de manera diferente a los individuos. Una democracia del siglo XXI debe responder de manera diferente a problemas que afectan de manera distinta a los seres humanos. Debemos aprender que la democracia no implica dar medidas para “la gran mayoría” si con esas medidas dejamos fuera a millones de personas. Una verdadera democracia debe ser capaz de solucionar problemas distintos de manera distinta. La uniformidad es enemiga de la calidad. Un Estado democrático debe garantizar que tengamos el derecho a disfrutar plenamente de nuestras libertades y podamos cumplir responsablemente nuestros deberes con respeto y atención a nuestras diversidades. Una democracia, debe garantizar que todos seamos tratados por igual sin discriminación de ninguna clase.
Probablemente el mayor déficit del sistema democrático de nuestros tiempos sea la brecha social generalizada. En Europa, como en Estados Unidos, las inequidades están lejos de menguar. En América Latina, las grandes inequidades continúan existiendo, al igual que en parte de Asia y África.
América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y ello genera la multiplicación de conflictos sociales en nuestros países. Las democracias latinoamericanas han tenido, no podemos negarlo, importantes avances en la consolidación democrática desde inicios del presente siglo. Son evidentes los logros para garantizar el derecho universal al voto, elecciones libres y transparentes, el acceso y la permanencia en el poder de los cargos elegidos, la alternancia democrática y una mayor capacidad de los propios países para fiscalizar y sancionar infracciones constitucionales; sin embargo, ello no ha sido suficiente para robustecer la solidez de los regímenes democráticos. La gran deuda histórica que aún no logramos superar es esa promesa incumplida de contar con países prósperos, desarrollados y con una verdadera inclusión social.
Si bien cierta prosperidad económica ha permitido la reducción de los niveles tradicionales de pobreza, gracias a diversos ciclos económicos positivos por el alto precio de las materias primas, la inequidad social continúa siendo una fuente de inestabilidad y fragmentación social y de frustración de las diversas reformas económicas. Muchos países latinoamericanos tienen cifras macroeconómicas y finanzas saludables, con crecimientos económicos sostenidos, pero ello no se ha traducido en una mejora de los más desposeídos, sino, por el contrario, en un aumento de las brechas que separan a los más ricos de los más pobres.
Sinesio López Jiménez (2010) al referirse a las brechas ciudadanas que grafican el desigual acceso real de peruanas y peruanos a los beneficios y garantías establecidos por ley, identifica cinco tipos de brechas: brecha de género, brecha regional, brecha rural-urbana, brecha étnica y brecha social (pp. 60-66). A eso debemos sumar que existen minorías étnicas y colectivos de la sociedad que todavía sufren discriminación social, política y económica, siendo los más afectados de la desigual distribución de la riqueza, limitando su legítimo derecho a alcanzar una vida digna y próspera.
v Urge trabajar en el fortalecimiento institucional y acercar la democracia a la población con un contenido real, combatiendo la corrupción y otras amenazas a la democracia.
v Los Estados deben visibilizar las ventajas de la democracia, vinculándolas al desarrollo humano sostenible y el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales, sin excluir a nadie.
v El Estado debe asegurar políticas económicas y sociales orientadas hacia la equidad y la eliminación gradual de las brechas sociales y garantizar oportunidades reales para que la ciudadanía participe activamente en la democracia y en el ejercicio responsable y transparente del poder.
v La sociedad civil organizada debe sumar esfuerzos colectivos para mejorar la cultura política de las y los ciudadanos, y participar activamente en la política, fiscalizando la gestión pública de manera informada y proponiendo acciones en beneficio de los diversos estamentos de la sociedad.
Almagro, L. e Icaza, G. (coordinadores) (2020). Derecho Internacional de la Democracia. Ciudad de México: Tirant lo blanch.
Almond, G. y Verba, S. (1989) The civic culture revisited. Newbury Park, CA: Sage.
Battaglino, J. (2014) “Democracia, reconfiguración de amenazas y la paz sudamericana”. En: Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 51. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador, pp. 171-186.
CIDH (2014). Documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistema interamericano.
Organización de los Estados Americanos. OEA/Ser.L/I.4, rev. 15 corr: 1.
Dahl, R. (1999). Capítulo IV “¿Qué es la democracia?” y Capítulo V “¿Por qué la democracia?”. En: La democracia una guía para ciudadanos. Madrid:Taurus.
López, S. (2010). “Estado y ciudadanía en el Perú”. En: PNUD. El Estado en debate: múltiples miradas. Lima: PNUD Perú. Pp. 33-75.
Neira, H. (2022). “En las ideas de Touraine, la sociedad femenina”. Disponible en: https://elmontonero.pe/columnas/en-las-ideas-de-touraine-la-sociedad-femenina
Revista Peruana de Derecho Internacional, Tomo LXXI, setiembre-diciembre 2021 No. 169. Lima: Sociedad Peruana de Derecho Internacional.
Rosanvallon, P. (2011). “Problemas y desafíos de la democracia en el siglo XXI”. Disponible en: https://globalizacionydemocracia.udp.cl/wp- content/uploads/2014/03/PIERRE_ROSANVALLON_2011.pdf
Touraine, A. (2005). Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. Barcelona: Paidós.
The Economist, Feb 9th 2022 (https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low- for-global-democracy)