REVISTA PERUANA DE DERECHO INTERNACIONAL
ISSN: 0035-0370 / ISSN-e: 2663-0222
Tomo LXXIII. Mayo-Agosto 2023, N° 174, pp. 79-102.
Recepción: 15/07/2023. Aceptación: 11/08/2023
DOI: https://doi.org/10.38180/rpdi.v73i174.389
ARTÍCULOS
La Alianza del Pacífico: once años después
The Pacific Alliance: eleven years later.
Ariela Ruiz Caro(*)
(*) Consultora en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, SELA y ALADI. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora en el Mercosur y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina (2010-2015). Graduada en Economía por la Humboldt-Universitat zu Berlin, Magister en Procesos de Integración Económica por la Universidad de Buenos Aires. Con el presente artículo, la autora formaliza su incorporación como Miembro Asociado conforme a lo dispuesto por el Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, mediante Acta del 13 de diciembre de 2018.
RESUMEN
El 6 de junio de 2012 entró en vigor la Alianza del Pacífico, integrada por Colombia, Chile, Perú y México, las economías más abiertas de la región. Tenían Tratados de Libre Comercio con las mayores potencias y registraban altas tasas de crecimiento económico pero una significativa exclusión social y desigualdad. Desde 2018 en los cuatro países se han elegido gobiernos de izquierda, que cuestionaron los TLC y el modelo neoliberal.
Palabras clave: Alianza del Pacífico, integración, Tratados de Libre Comercio, Evaluación década, Unión de Naciones Sudamericanas.
ABSTRACT
On June 6, 2012, the Pacific Alliance came into force, comprising Colombia, Chile, Peru, and Mexico, the most open economies in the region. They had Free Trade Agreements with the major powers and recorded high economic growth rates but significant social exclusion and inequality. Since 2018, leftist governments have been elected in all four countries, which questioned the FTAs and the neoliberal model.
Keywords: Pacific Alliance, integration, Free Trade, Decade Evaluation, Union of South American Nations.
I. INTRODUCCIÓN
Con pocas glorias, el 6 de junio pasado, el acuerdo suscrito que dio origen a la Alianza del Pacífico –integrada por Colombia, Chile, Perú y México– cumplió once años de vigencia. En efecto, aquel día, en 2012, se suscribió en Santiago el Acuerdo Marco de dicha Alianza que dio lugar a su constitución formal y jurídica.
En el preámbulo del Acuerdo sus gobernantes señalaron estar convencidos de que “la integración económica regional constituía uno de los mecanismos esenciales para que los países de América Latina avancen en su desarrollo económico y social sostenible”. Pero en el fondo no era este el objetivo de este expeditivo acuerdo en un continente donde los ensayos de integración subregional y regional habían tenido lugar, a lo largo de más de medio siglo, con resultados pocas veces exitosos. El nivel del comercio intrarregional de América Latina y el Caribe es solo una muestra de ello: este representa 30% del total, mientras que esa proporción en Asia alcanza el 60% y, en Europa, el 70%.
Desde que se anunciara la conformación de esta Alianza, el entorno político y social de sus países miembros ha tenido un giro radical. Los otrora “pumas” de la región, adalides del modelo económico neoliberal hoy tienen gobiernos opuestos a esa corriente como resultado de las secuelas de la extrema desigualdad derivada de dicho modelo de desarrollo. Éste dio lugar, efectivamente, a la modernización y crecimiento de algunos sectores económicos, pero trajo aparejada una enorme exclusión social.
II. NACIDA PARA DIVIDIR
Si bien el acuerdo para darle vigencia a la Alianza del Pacífico se firmó en 2012, su lanzamiento tuvo lugar en Lima, el 28 de abril de 2011, impulsado por el expresidente peruano Alan García. Entonces, junto con sus pares, Juan Manuel Santos de Colombia, Sebastián Piñera de Chile y Felipe Calderón de México, firmaron la Declaración de Lima, en la que anunciaron su creación.
Se trataba de una iniciativa presentada como modelo de integración económica, política y de cooperación, de nueva generación, entre países exitosos de América Latina, que presentaban las economías más abiertas de la región, importantes tasas de crecimiento, y compartían el mismo modelo económico. Entonces, sus miembros gozaban de buena salud económica, gracias al boom de los precios de las materias primas. Los cuatro países tenían Tratados de Libre Comercio (TLC) entre ellos, además de bilateralmente, con Estados Unidos. Ambos eran los requisitos para formar parte de este selecto grupo al que el ex presidente de la Argentina, Mauricio Macri , entre otros, aspiraba a pertenecer.
Estos países ofrecían un mercado abierto, estabilidad macroeconómica, amplios derechos a la propiedad intelectual –mayores a los exigidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC)– ninguna restricción a las inversiones extranjeras directas –ni siquiera a los capitales financieros– y eran consideradas economías emprendedoras que actuarían como puerta de entrada a Asia. Entre otros, este liberalismo impedía a los gobiernos exigir requisitos de desempeño a los inversionistas. Por ejemplo, no podían imponer alguna cuota de compras con contenidos nacionales si los inversionistas preferían importarlos de alguna empresa matriz (libres de aranceles) con lo cual se rompieron los encadenamientos productivos internos y se propició la desindustrialización.
La Alianza del Pacífico surgió como un contrapeso a la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), iniciativa brasileña plasmada mediante un Tratado Internacional suscrito en 2008 por todos los países de este subcontinente americano. En realidad, la UNASUR es el nombre con el cual los presidentes reunidos por primera vez en la historia para tratar temas de energía, en abril de 2007 en Venezuela, decidieron denominar a la hasta entonces Comunidad Sudamericana de Naciones. No solo acordaron llamarla de otra manera, sino también cambiar el enfoque. Esta no sería concebida como la convergencia de los dos bloques subregionales de integración existentes en Sudamérica, Comunidad Andina y Mercosur, sino como un nuevo espacio de concertación política, en el que los aspectos sociales, energéticos y de infraestructura serían los ejes centrales de atención, relegando los aspectos comerciales.
Este nuevo enfoque quedó plasmado en el texto de su tratado constitutivo, firmado en 2008, en Brasilia. El organismo nació con un fuerte perfil político, en el que la seguridad regional jugó un papel clave.
En efecto, este tuvo un rol protagónico e influyente durante los conflictos políticos suscitados en la región, a poco tiempo de su creación. Prueba de ello fue su participación en Bolivia por el enfrentamiento entre el gobierno central y los gobiernos regionales autónomos, que causó la muerte de treinta personas en septiembre de 2008, la interpelación al presidente Álvaro Uribe sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia, en 2009, y el intento de destitución del presidente Correa en septiembre de 2010.
La Alianza del Pacífico surgió también como un proyecto para contrarrestar al Mercosur de aquel momento –más ideologizado y proteccionista– que había acogido a Venezuela en 2006 después de su retiro de la Comunidad Andina, cuando Perú y Colombia suscribieron el TLC con Estados Unidos. Como es sabido, Venezuela había denunciado el Acuerdo de Cartagena el 22 de abril de 2006, lo que implicó la terminación de los derechos y obligaciones originados derivados de su condición de País Miembro.
Según el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alí Rodríguez, las negociaciones del TLC que Perú y Colombia habían suscrito con Estados Unidos habían “conformado un nuevo cuerpo legal que pretende asimilar la normativa de los TLC a la CAN, cambiando de facto su naturaleza y principios originales”. En efecto, como resultado de las negociaciones, la norma comunitaria andina debía ser modificada, en particular los aspectos de propiedad intelectual y el sistema de franjas de precios para los productos agrícolas. (Rodríguez, 2006)
Dicha Alianza intentaba también contrarrestar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) lanzada en Caracas, en 2011 en respuesta a la necesidad de realizar esfuerzos entre los Estados de América Latina y el Caribe con el fin de avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural. El detonador para su constitución tuvo sus antecedentes en el golpe de Estado en contra del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en 2009. Si bien, de acuerdo con el artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA, los 33 países miembros votaron por la expulsión del país centroamericano de ese organismo en una Asamblea General Extraordinaria, no se restableció el mandato de Zelaya luego de que se recuperara la “normalidad electoral”, por lo que muchos gobiernos y analistas cuestionaron la real efectividad de la Carta Democrática de dicho organismo. Este hecho fue el justificativo para crear una entidad íntegramente latinoamericana y caribeña, sin la participación de la OEA y sin exclusión de ningún país.
La Alianza del Pacífico fue, asimismo, parte de la estrategia de Barack Obama que buscaba reafirmar el poder económico y militar de Estados Unidos en la región del Pacífico, para contrarrestar la presencia de China. Como parte de ella, se planteó la creación del Acuerdo de Cooperación Transpacífico (TPP), que además de los miembros de la Alianza del Pacífico (sin Colombia) incluía a Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei. Entonces, las políticas neoliberales estaban vigentes también en Estados Unidos hasta que Donald Trump asumió el gobierno en 2017, se retiró del TPP y empezó a instrumentar medidas proteccionistas. (Ruiz Caro, 2021)
El entonces presidente estadounidense no sólo se retiró de dicho Tratado, ya suscrito por Obama en 2016, sino que le dejó espacio libre a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), por sus siglas en inglés), lanzada por China en 2013 para contrarrestar el TPP. Esta salió adelante y su Tratado se firmó en noviembre de 2020. Se trata del mayor acuerdo comercial a nivel global en la historia, el cual se firmó luego de ocho años de negociaciones, por 15 países. De esta Asociación forman parte los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) (Vietnam, Malasia, Singapur, Brunéi, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Laos, Birmania, Camboya) además de China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. La RCEP entró en vigor el 1° de enero de 2022.
Así, el expresidente Trump no solo debilitó el TPP y su presencia económica en esa región de Asia. Después de la salida de Estados Unidos, el décimo segundo socio, tuvo que cambiar de nombre y pasar a denominarse TPP-11 o Tratado Integral y Progresista de Asociación TransPacífico (CPTPP). Este Tratado entró en vigor en septiembre de 2021.
Cabe señalar que el presidente Joseph Biden no solo no ha reactivado el CPTPP, sino que ha continuado con las medidas proteccionistas dictaminadas por su antecesor con China. Sin embargo, los altos niveles de inflación que registró Estados Unidos y que han derivado en el alza de las tasas de interés a los niveles más altos en los últimos 22 años han dado lugar a que el gobierno considere la rebaja de parte de los aranceles aplicado a las importaciones provenientes de China, lo que está siendo evaluado. Por otro lado, el gobierno ha trasladado los decibeles del conflicto con China a otras regiones del mundo.
En América Latina y el Caribe, esta se puso de manifiesto en la IX Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles a fines de junio. En dicha oportunidad el gobierno anfitrión presentó la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica 2022, que promete revitalizar las instituciones económicas regionales y movilizar la inversión para contrarrestar la creciente presencia China en nuestra región. (U.S. Department of State, 2022)
En realidad, no es ninguna propuesta nueva, sino un remedo de la Iniciativa América Crece, lanzada en 2019, que ofrecía préstamos para infraestructura a la región, con la condicionalidad de no permitir inversiones chinas en determinadas áreas de sus respectivas infraestructuras y presionar a los países latinoamericanos para que cooperaran con su agenda política global. Según el Instituto de Estudios Estratégicos de Estudios de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, el país “quiere aprovechar la inversión del sector privado para traer prosperidad y, a través de la transparencia y el buen gobierno, demostrar que es una opción mejor y más sostenible para la región que las prácticas a veces depredadoras de China”. (Youkee, 2020)
El remedo de propuesta presentada por Biden en la Cumbre de las Américas pone en evidencia que el gobierno estadounidense no tiene capacidad de propuesta para la región, salvo ahuyentar la presencia de capitales chinos y mantenerlos fuera de la región. La administración Biden está más preocupada por recuperar su hegemonía que por plantear soluciones a los problemas que aquejan a la región como la migración, el narcotráfico, el cambio climático, entre otros.
III. RESULTADOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Uno de los principales logros que se le atribuye a laAlianza del Pacífico es haber logrado la desgravación de más del 95% de los productos que se comercializan entre los cuatro países, hecho que, en realidad, corresponde a un valor absoluto muy reducido puesto que Perú y Colombia tenían, entre ambos, prácticamente una desgravación comercial total en el marco de la Comunidad Andina y, entre todos los socios, incluidos Chile y México, en el marco de la ALADI. Además, todos habían suscrito TLC bilaterales entre ellos. Poco se dice que el comercio entre estos cuatro países apenas supera el 3%, a diferencia del comercio intra regional en el MERCOSUR, e inclusive de la tan subestimada Comunidad Andina, que registran intercambios más elevados.
México solo ha destinado cerca del 2% de sus exportaciones a la Alianza del Pacífico, una proporción que cayó a 1% poco antes de la pandemia. Edmar Ariel Lezama, coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que esta “no es un mal instrumento, pero México hizo lo mismo que con todos los tratados comerciales que tiene: simplemente los deja ahí, olvidados, y sigue anclado al comercio con Estados Unidos y Canadá”. (Agencia EFE 2022) Por otro lado, el principal socio de cada uno de los países de la Alianza no es un país miembro de la misma, ni el segundo tampoco. Son siempre EE.UU. y China”.
La Alianza del Pacífico tiene el mérito de haber terminado de enterrar a la Comunidad Andina y a que sus miembros dejen de lado a la ALADI. La interrelación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico pasaría a ser la nueva columna vertebral de la integración latinoamericana mediante su gradual convergencia. En 2018, en el marco de la XIII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, los presidentes de este bloque y los de Uruguay y Brasil, Tabaré Vásquez y Michel Temer; el secretario de Relaciones Exteriores de la Argentina, Daniel Raimondi; y el viceministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Federico González, firmaron una Declaración Conjunta, con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales, económicos y sociales. Ambos bloques representan el 81% de la población y 86% del PIB de la región. (CEPAL, 2021)
Dicha Declaración incluía un Plan de Acción en el que se ponía de manifiesto que, desde 2014, la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR iniciaron la búsqueda de acciones de cooperación para lograr un trabajo conjunto por lo que el Plan de Acción que suscribieron, suponía como horizonte la posibilidad de suscribir un acuerdo comercial entre los dos bloques. (Alianza del Pacífico, 2018) En el encuentro, los presidentes pro tempore de cada uno de los procesos de integración, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y el presidente uruguayo, Tabaré Vásquez, destacaron el compromiso de ambos bloques con el libre comercio y la democracia, así como su voluntad de avanzar en la integración latinoamericana.
Los socios de la Alianza del Pacífico, en particular Colombia, buscaban afianzar la relación con el dinámico crecimiento de Asia y convertirse en la plataforma desde la cual pueden integrarse las economías del MERCOSUR con dicho continente. Sin embargo, no han invertido en infraestructura para lograr ese objetivo. Irving Jaime, director de Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú sostiene que “no se ha planteado ni siquiera la necesidad de una autopista Bogotá –Santiago de Chile, un tren para mejorar el transporte de mercancía entre los países o una iniciativa de conectividad entre los cuatro países a través del celular para facilitar el intercambio comercial (…) Colombia lleva años aplazando el debate sobre la necesidad de contar con otro puerto sobre el Pacífico, además de Buenaventura, ciudad con niveles de pobreza que superan el 80 %. (…) Siempre salen problemas medioambientales. Y tampoco está la visión de integración para aprovechar, por ejemplo, los puertos sobre el Pacífico de un país vecino como Perú, sin que resulte tan costoso como es ahora. (…) Tampoco, se ha avanzado en términos de las “cadenas regionales de valor”, tal como ocurre por ejemplo entre EE.UU. y México, donde un “mismo auto se va construyendo en distintas regiones entre los dos países”. (Agencia EFE, 2022)
Las autoridades chilenas, tienen una mirada que considera el vaso medio lleno y plantean que, por encima del intercambio económico y comercial, este organismo ha introducido en la agenda cuestiones como el medioambiente y la cultura. La ex canciller de Chile, Antonia Urrejola, señalaba como méritos de la Alianza del Pacífico, el hecho de incluir nuevos conceptos ligados a la transformación económica como la diplomacia Turquesa, diseñada para la defensa de los océanos y en particular la protección y explotación sostenible de todas las orillas del Pacífico. (EFE, 2022) Sin embargo, estos temas están presentes en casi todos los organismos de integración, los de vieja data y los creados en este milenio: ALBA, UNASUR, o el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.
Colombia, a pesar de tener una enorme costa en el Pacífico, ha permanecido siempre de espaldas a ella. Es la razón por la que este país no es miembro Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), creado en 1989, y actualmente conformado por 21 miembros: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Corea, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.
Las autoridades colombianas han manifestado su interés de ingresar a dicho Foro, pero desafortunadamente se tomó la decisión de frenar el ingreso de nuevos miembros desde hace ya varios años. A pesar de que las autoridades han insistido en ingresar a través de gestiones realizadas por los gobiernos de Estados Unidos, Corea del Sur, Perú y México, aún no se ha podido conseguir la membresía. Además de ASEAN, Colombia tampoco es miembro del TPP-11, a diferencia de los tres socios, Perú, Chile y México. La Alianza del Pacífico es considerada la vía más idónea para compensar este error de proyección de la diplomacia colombiana en su momento, según lo sostienen algunas autoridades. Los sucesivos gobiernos han concentrado su mirada política, diplomática y comercial con Estados Unidos.
Otras iniciativas como la integración de las bolsas de valores a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), la creación de un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y de una plataforma de movilidad estudiantil, la inclusión de temas como la igualdad de género, la gestión de residuos plásticos en la cuenca del Pacífico o la reciente iniciativa de crear un Mercado Regional Digital, no requieren de esa instancia para ser abordados, pues podrían realizarse a través de alguna de las múltiples plataformas de integración regional ya existentes. Cabe señalar que a pesar del marco internacional adverso, el proceso de integración de las bolsas de valores de Chile, Perú y Colombia se encuentra bastante avanzado. En junio de este año la. Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y el Grupo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la Bolsa de Valores de Chile decidieron continuar en operar como una unidad que atraiga inversionistas de todo el mundo y que se convierta en una verdadera alternativa en el mercado de valores global.
Finalmente, es importante prestar atención a su institucionalidad jurídica. La Alianza del Pacífico es un espacio intergubernamental en el que las decisiones se adoptan por consenso. El impulso inicial que tuvo esta Alianza dio lugar a que el 10 de febrero de 2014 se firmara, en Cartagena de Indias, Colombia, un Protocolo Adicional al ya citado Acuerdo Marco – suscrito en 2012– que entró en vigor el 1 de mayo de 2016.
Por las materias que aborda dicho Protocolo Adicional, muchos analistas estiman que este supone el acuerdo plurilateral más profundo firmado por países latinoamericanos, superando las disciplinas de ALADI, Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. Pero en realidad, lo que hizo el Protocolo fue armonizar los avanzados TLC bilaterales que los socios ya tenían entre sí, antes de la creación de la Alianza.
La Alianza del Pacífico no ha construido un Derecho Comunitario como lo tuvo la Comunidad Andina y lo tiene el MERCOSUR, la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) o el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). El Acuerdo Marco y el Protocolo Adicional, con sus respectivas modificaciones, constituyen su Derecho originario, el cual ha sido ratificado por los respectivos Congresos.
A esta suerte de cuerpo legal se añaden las Declaraciones presidenciales emitidas en las Cumbres ordinarias anuales o extraordinarias, --en la práctica las instancias de decisión política-- las cuales carecen de carácter vinculante, aunque tienen sí, un contenido programático.
Con el fin de implementarlos se cuenta con un Consejo de Ministros conformado por las máximas autoridades que dirigen la cartera de Relaciones Exteriores, así como las de Comercio Exterior de los Estados miembros. Este Consejo se reúne, de manera ordinaria, una vez al año, o extraordinariamente, a petición de uno de sus miembros, y sus acuerdos se adoptan por consenso. (Gallegos, 2019)
Las Decisiones aprobadas por este cuerpo y otros acuerdos convenidos en el ámbito de la Alianza del Pacífico son parte integrante del ordenamiento jurídico de ese bloque, pero no hay ninguna reglamentación sobre la incorporación de estos instrumentos en los ordenamientos jurídicos de los Estados Parte, tal como sucedía en la Comunidad Andina, por ejemplo.
Cuenta también con una Comisión de Libre Comercio (CLC), compuesta por funcionarios gubernamentales de cada Estado Parte, la cual tiene la responsabilidad de administrar el Protocolo Adicional. Esta CLC está presidida por el funcionario del país que ejerza la Presidencia pro tempore de la Alianza.
Su institucionalidad prevé, asimismo, la conformación de Grupos Técnicos integrados por funcionarios de los países miembros, en diversas disciplinas, las cuales desarrollan el trabajo permanente del bloque. Existe también un Grupo de Alto Nivel (GAN), integrado por los viceministros de Relaciones Exteriores, encargados de supervisar los grupos técnicos y una Secretaría, a cargo del país que ostenta la presidencia pro tempore, que organiza y es sede de las cumbres presidenciales; coordina las reuniones del Consejo de ministros y del Grupo de Alto Nivel, entre otros.
IV. GIRO POLÍTICO EN LOS ESTADOS MIEMBROS
Los 59 países observadores de este cuarteto de países –entre los que se encuentran algunos de peso importante, como China, India, Alemania y el Reino Unido algunos de los cuales han manifestado su intenciónde convertirse en Estados asociados (Singapur, Canadá, Corea del Sur, Ecuador) observan, probablemente con preocupación, los desbordes sociales, derivados de la creciente desigualdad, crisis política y recientes resultados electorales en los otrora pumas de la región (Ruiz Caro, 2021).
Entre 2018 y 2022, los presidentes electos en los cuatro países miembros pertenecen a partidos de izquierda. Andrés Manuel López Obrador, líder del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) resultó electo en julio de 2018. Poco tiempo después, en Perú tuvo lugar el ajustado triunfo de Pedro Castillo, del Partido Perú Libre, en junio de 2021. En diciembre de 2021 se produjo la abrumadora victoria de Gabriel Boric, de la Coalición Apruebo Dignidad, en Chile. En mayo de 2022, el ex guerrillero del M19 y líder de la Coalición Pacto Histórico, ganó las elecciones en Colombia, con lo que se trató de la primera vez que un Partido de izquierda asume el poder en ese país. Independientemente de la calidad de la administración de estos, la respuesta ciudadana al cambio radical de las políticas vigentes hasta entonces, expresan el rechazo a las políticas neoliberales que entonces eran mostradas como el camino del éxito.
A continuación, un breve recuento del proceso electoral en cada uno de los países de la Alianza del Pacífico.
México. En julio de 2018 Andrés Manuel López Obrador, candidato populista con un discurso de izquierda todavía con respaldo de más de 60% de la población, se impuso en las elecciones presidenciales. Su gobierno le ha otorgado una mayor importancia al rol del Estado en la economía, y en política exterior, se ha desacoplado de Estados Unidos y volcado su mirada hacia la región.
Durante la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico, en diciembre del 2020, López Obrador señaló que “ya no se puede seguir sosteniendo la misma política económica (...) y que “es muy importante repensar acerca de lo ineficiente que ha sido el modelo económico neoliberal, desde luego bueno para las minorías, muy malo para los pueblos”. Ha sido crítico de la OEA, impulsor del renacimiento de la CELAC –en septiembre de 2021 convocó a una Cumbre presidencial, la sexta, que tuvo una gran convocatoria y contó con los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En junio de este año, fue uno de los artífices del fracaso de la IX Cumbre de las Américas, realizada en Los Angeles, al anunciar que no participaría si no se convocaba a todos los países de la región (en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no fueron invitados) con el argumento del respeto a la soberanía y no intromisión de los asuntos internos de los países. Su decisión de no participar fue acompañada por otros países y, en la Cumbre, al menos 20 delegaciones cuestionaron la decisión de Estados Unidos de excluir a gobiernos, inconsultamente.
Asimismo, bajo su mandato, México pasó de ser un promotor del Grupo de Lima, a dejar de participar en él. Dicho Grupo fue creado en 2017, con el auspicio de Donald Trump, ante la imposibilidad de obtener la votación necesaria en la OEA para sancionar al gobierno venezolano desde esa instancia. Desde el Grupo de Lima, se instó a las fuerzas armadas de Venezuela a reconocer al autoproclamado presidente interino, entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En la medida que fueron asumiendo gobiernos progresistas en la región, estos dejaron de participar en dicho Foro que, en la práctica, se ha extinguido. Algunos lo hicieron calladamente, mientras que otros, como Argentina, hicieron una declaración pública en la que señalaron que las acciones que venía impulsando el Grupo de Lima en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, imponiendo sanciones y bloqueos, y los intentos de desestabilización ocurridos en 2020, no han hecho más que agravar la situación de su población y, en particular, la de sus sectores más vulnerables. Otro aspecto inadmisible, señalado por el gobierno argentino, fue la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más de dicho Grupo (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, 2021).
En actitud similar a la de México, la primera medida que tomó Perú fue restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela y dejar de asistir a las reuniones. En el mismo sentido se han pronunciado los recientemente electos mandatarios de Chile y Colombia.
Perú. La marginalidad y la pobreza de los ciudadanos de las zonas urbano-marginales, las rurales y las poblaciones aborígenes, invisibilizadas detrás de una macroeconomía ordenada, dieron lugar al triunfo del maestro rural Pedro Castillo. Los falsos argumentos legales del Partido Fuerza Popular, liderado por su contincante Keiko Fujimori, y los sectores conservadores del país, determinaron que su proclamación como presidente tuviera lugar faltando apenas una semana para la transmisión de mando, 44 días después de su triunfo en la segunda vuelta electoral.
La elección de Castillo representó por primera vez el triunfo, en elecciones democráticas, de un candidato que encarnó el voto de los ciudadanos olvidados del Perú profundo, que se impuso a una campaña en su contra desplegada por el poder mediático y económico. Castillo anunció en su campaña electoral que realizará una consulta popular para cambiar la Constitución actual, que le asigna el Estado un rol subsidiario en la actividad empresarial (Ruiz Caro, 2021).
Sin embargo, un año después de su elección, su gobierno se tambaleaba, con acusaciones de corrupción por testigos premiados. Presionado por el marxista, leninista, mariateguista, Partido Perú Libre, que invitó a Castillo como candidato presidencial, no tuvo la libertad de armar una agenda de amplio consenso y sobre esa base debatir y movilizar a la ciudadanía en torno al cambio de la Constitución, u otras reformas anunciadas. En medio de la debilidad y precariedad de su gobierno, el 7 de diciembre dio un golpe de Estado que no tuvo respaldo de las fuerzas armadas ni de las instituciones del país y asumió su lugar la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.
Castillo no tuvo ningún protagonismo en política exterior. Sin embargo, una de las primeras medidas que tomó fue restablecer las relaciones diplomáticas a nivel de Embajador, con el gobierno de Nicolás Maduro, con lo cual desconoció a Guaidó y al Grupo de Lima. El Congreso le negó la autorización para participar en la asunción de Gustavo Petro a la presidencia de la República en julio de 2022, así como en la última Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico en México, en noviembre de 2022, oportunidad en la que recibiría la presidencia pro tempore. El presidente de México, y sus pares de Colombia y Chile, optaron por suspender la Cumbre y anunciaron que se trasladarían a Perú para entregarle la presidencia al entonces presidente peruano. Ello no se produjo pues días antes, fue destituido por el Congreso por el fallido golpe de Estado. El presidente de México no le entregó la presidencia protempore de la Alianza a la presidenta Boluarte y lo hizo al presidente chileno a fines de junio, quien a su vez la transfirió a la presidenta peruana el 1° de agosto.
Chile. Después de las multitudinarias manifestaciones que estallaron en octubre de 2019, el gobierno de Sebastián Piñera tuvo que aceptar cambiar la Constitución de 1980, hasta entonces considerada una suerte de Biblia intocable para el establishment chileno. Ello ocurrió en el marco del Acuerdo de Paz, firmado entre las fuerzas políticas y el gobierno, en noviembre de ese año, el cual estableció la realización de una consulta popular para cambiar la Constitución por medio de una Asamblea Constituyente, que obtuvo una victoria aplastante en torno al 80% de los votos.
La elección de los 155 delegados que conformaron la Asamblea Constituyente para redactar la nueva Constitución en un plazo máximo de un año tuvo lugar en mayo de 2021, en forma simultánea con la de alcaldes y gobernadores. La configuración de los delegados electos expresó la derrota de la coalición de los partidos tradicionales de la derecha (Vamos por Chile) que lideró el expresidente Piñera, así como los de la Concertación, y el triunfo de la izquierda más radical (Apruebo Dignidad, conformado por el Partido Comunista y el Frente Amplio) y el de los independientes. Los partidos de la derecha no alcanzaron siquiera el tercio de los votos, lo que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto. Este resultado anticipaba que Chile pondría fin al modelo neoliberal y reemplazaría el rol subsidiario del Estado por uno más protagónico. En marzo de este año, Gabriel Boric, candidato por Apruebo Dignidad, derrotó abrumadoramente en segunda vuelta a su par José Antonio Katz del ultraderechista Frente Social Cristiano, por más de 11 puntos porcentuales (Ruiz Caro, 2021).
Poco más de un año después, concluyó el proceso de redacción de los 388 artículos que contiene el borrador de la nueva Constitución que fue rechazado en el plebiscito obligatorio de septiembre de 2022.
Colombia. es el último de los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico que ha elegido un gobierno de izquierda. La llegada en segunda vuelta a la presidencia de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, con una diferencia de más de 700 mil votos sobre su rival, el millonario populista de derecha, líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, representó un triunfo histórico para Colombia. Petro supo captar el descontento social hacia la clase política tradicional en medio de un aumento de la desigualdad, la violencia y la protesta social que data, en particular, de 2019, durante el mismo período en que tuvieron lugar las revueltas en Chile y Ecuador.
El electo presidente considera que “hay que superar el neoliberalismo como un sistema de ideas dominante para abrirle paso a la garantía real y efectiva de los derechos de la gente” (Ruiz Caro, 2022). Tanto Gabriel Boric, como Gustavo Petro habían anunciado en sus campañas electorales que revisarían bilateralmente los TLC en consonancia con los objetivos de sus respectivos planes de Gobierno. Ambos han coincido en señalar que tienen una matriz productiva de bajo nivel de diversificación, con baja complejidad y escasa incorporación de conocimiento y amplias brechas de desigualdad en materia de ingresos, territorial y de género, lo cual requiere un Estado con mejores capacidades públicas.
Al igual que Castillo, la primera medida que tomó fue restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, suspendidas desde 2010 y abandonar el Grupo de Lima. Petro ha propuesto a América Latina “integrarnos más decididamente” para negociar con el gobierno de Estados Unidos sobre lo que significa el hecho de que “en todo este continente americano que compartimos, allá se emita, como casi en ningún otro país, gases con efecto invernadero y que aquí los absorbamos en la selva amazónica. “Si allá se emite y aquí se absorbe, ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no establecemos otra manera de entendernos?”. Así, ha propuesto a los gobiernos de América construir una región descarbonizada, en línea con lo que plantea el presidente chileno, y que América Latina tenga un rol protagónico en la arena internacional (Petro, 2022).
V. NUEVOS SOCIOS EN EL NUEVO ESCENARIO
En el escenario descrito, las Cumbres de la Alianza del Pacífico continúan realizándose, pero sin grandes reflectores. La última, a la que el presidente Biden amagó con asistir, tuvo lugar en enero de 2022, con Iván Duque todavía como anfitrión, en la Base Naval de Málaga, Buenaventura. El presidente de Perú, Pedro Castillo, participó de la misma, pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no, a pesar de que su país recibió la posta de la presidencia.
En su primer gesto de diferenciación política con Sebastián Piñera, el recién electo presidente de Chile, rechazó la invitación para que lo acompañara a las cumbres presidenciales de la Alianza del Pacífico y la del Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (PROSUR) que se realizaron paralelamente a fines de enero en Colombia. Boric se excusó de participar al alegar que debía evaluar la conformación de su gabinete, toda vez que tomaría posesión del gobierno. Además, aclaró que “no seguirá en PROSUR porque es un proyecto del presidente Piñera (…) y ocupará los espacios para la integración de América Latina...” (Agencia Efe, 2022).
Cabe señalar que PROSUR es una irrelevante agrupación creada en Chile, en marzo del 2019, por un grupo de gobiernos de derecha (Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Guyana y Paraguay) liderados por Iván Duque, el propio Piñera y la Dirección para Asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en tiempos del expresidente Trump. El objetivo era desactivar la Unasur, que institucionalizó en América del Sur un espacio de concertación política, donde los aspectos sociales, energéticos, de infraestructura y, en particular, de seguridad regional, serían los ejes centrales, relegando los aspectos comerciales, pues ya varios países habían suscrito TLC con Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, entre otros.
Los cambios de signo político en los gobiernos de los Países Miembros y la negativa de Nicolás Maduro y de Evo Morales de aceptar al candidato designado por el expresidente argentino Mauricio Macri, para presidirla –y por lo tanto quedar acéfala en 2017 y 2018– le sirvió en bandeja al propósito de Washington de desaparecerla y crear en su lugar Prosur, “un foro sin ideología ni burocracia” (Ruiz Caro, 2022).
Así, ocho países sudamericanos firmaron su Acta Constitutiva en mayo de 2019. En efecto, los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; Brasil, Jair Bolsonaro; Chile, Sebastián Piñera; Colombia, Iván Duque; Ecuador, Lenin Moreno Garcés; Perú, Martín Vizcarra; Paraguay, Mario Abdo Benitez; y Guayana, David Arthur Granger, firmaron la Declaración de Santiago, por la cual se constituyó el PROSUR. Solo Uruguay, Bolivia y Suriname se abstuvieron, mientras que Venezuela no participó. (Nodal, 2019). El presidente interino Juan Guaidó, que entonces tenía una presencia determinante dijo que “Prosur es el futuro de la integración suramericana, el compromiso absoluto con los derechos de nuestros pueblos, para que, con el diálogo, la cooperación y el desarrollo regional participemos como iguales en una agenda económica sin tintes políticos” (Infobae, 2019).
La XVI Cumbre de la Alianza del Pacífico contó con la participación, además de los citados mandatarios, del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y del primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. En este encuentro se esperaba afinar la suscripción del TLC de los socios con Singapur, que ocurrió un mes después. Así, ese país se ha convertido en el primer Estado Asociado de la organización, luego de un proceso de negociación de dos años. En junio de 2017, los países miembros habían autorizado el ingreso como candidatos a ser miembros asociados a la Alianza a Singapur, Nueva Zelandia, Australia y Canadá.
En la última Cumbre, las autoridades de Ecuador realizaron una presentación de los avances de la negociación del TLC con México, así como de un informe que señalaba los beneficios que traería al país y al grupo su incorporación a esa entidad. Ecuador busca ser parte de la Alianza desde el gobierno de Lenin Moreno, quien en mayo de 2018 empezó a considerar la posibilidad de integrarse a esta organización. Hasta hacía poco, este país, incrustado entre Perú y Colombia, había integrado el Arco del Pacífico Latinoamericano y era un crítico del llamado “regionalismo abierto” para América Latina y el Caribe. Además, se privilegiaba otras entidades de integración como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
Cuando Guillermo Lasso ganó las elecciones en marzo de 2020 el giro de la política económica cambió de manera radical. El nuevo presidente impulsó la apertura económica, y en ese marco anunció que firmaría al menos diez acuerdos comerciales hasta 2025, entre los cuales se encuentran México, Corea del Sur, China, República Dominicana, Panamá, Canadá y Estados Unidos.
Con relación a la Alianza del Pacífico, enfatizó que el ingreso de Ecuador representaría varios aspectos positivos, tanto para Ecuador como la Alianza, ya que ”relanzaría el bloque en un contexto en el que esta había perdido dinamismo y aportaría a la apertura comercial internacional del país andino, con la que se había comprometido a través de la directiva que impartió a sus Embajadas en el exterior: “queremos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador”. Ello, a pesar de que su balanza comercial con los socios del bloque es deficitaria. (Fundación Chilena del Pacífico, 2022)
El actual gobierno considera que Ecuador es un socio natural del bloque y que debieron estar desde el inicio. A pesar de su extensión sobre el Pacífico, Ecuador no se ha vinculado de manera plena en la Cuenca del Pacífico y, al igual que Colombia, tampoco es miembro de APEC ni del TPP-11. Salvo con China, sus vínculos con Asia son débiles.
La voluntad y decisión de formar parte de la Alianza del Pacífico, ya había sido puesta de manifiesto por su antecesor, Lenin Moreno, que fue compartida positivamente por parte de los otros cuatro Estados miembros. En julio de 2018, Ecuador solicitó oficialmente su incorporación a dicho organismo, en calidad de Estado Asociado, petición que fue acogida favorablemente por sus miembros, conforme consta en la Declaración Presidencial de Puerto Vallarta. En esa oportunidad, el país realizó, en conjunto con los de la Alianza, un análisis donde expuso los fundamentos y componentes de su política comercial.
Al año siguiente, en julio de 2019, con la presencia del entonces presidente, Lenin Moreno, quien lideró la delegación del Ecuador durante la XIV Cumbre de la Alianza, en la ciudad de Lima, se aprobó su ingreso como candidato a Estado Asociado del grupo, hecho que se dio a conocer en la Declaración Conjunta de la XIV Cumbre Presidencial en la que participaron con los jefes de Estado: Martín Vizcarra (Perú), Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia) y el canciller de México, Marcelo Ebrard.
En esa oportunidad, el presidente ecuatoriano agradeció el apoyo total de los miembros del organismo y el respaldo para que se puedan iniciar las negociaciones que llevarían a incorporar a Ecuador como miembro pleno asociado. “Vemos en la Alianza del Pacífico una oportunidad magnífica para ampliar, no solo nuestra producción, sino también nuestras exportaciones, al mundo. Tenemos acuerdos suscritos de manera bilateral con todos ustedes. Son una sólida base para nuestra integración a la Alianza y consolidar la sección occidental de la Cuenca del Pacífico. Y nos permitiría avanzar juntos, como hermanos que somos, hacia los mercados del mundo”. (Presidencia de la República del Ecuador, 2018)
Sin embargo, hacía falta un requisito fundamental: un TLC entre Ecuador y México. Ya con el presidente Lasso en el poder, el entonces canciller ecuatoriano, Mauricio Montalvo anunció en agosto de 2021 que iniciaría el diálogo “de inmediato” para lograr el TLC entre ambos países. Asimismo, informó que durante los últimos dos meses se encontraba pendiente una crucial decisión de México para el reinicio de esas negociaciones, después de que en junio se reincorporara al mecanismo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que bloqueaba el proceso. Recién entonces se dio inicio al establecimiento de las once mesas de negociación para abordar cada uno de los temas a incluirse en el TLC (Benarroch, 2021).
El anuncio del inicio de las negociaciones fue comunicado inmediatamente después de la visita que realizara el presidente Lasso a México, en oportunidad de la conmemoración de los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, que establecieron la retirada de las tropas españolas de México y sirvieron como antesala del Acta de Independencia de ese país. En esa oportunidad, el presidenteAndrés Manuel López Obrador se comprometió a “retomar las negociaciones y llevarlas a buen puerto, para que Ecuador ingrese como miembro pleno de la Alianza en muy corto plazo”. La firma del TLC con México, requisito para entrar al mismo.
Sin embargo, el TLC entre México y Ecuador, aún no ha sido firmado. Se esperaba que, en el marco de la novena ronda presencial de negociaciones, celebrada del 23 al 27 de mayo de 2022 en Quito, las dos naciones culminarían el cierre técnico de las negociaciones, pero no hubo acuerdo, por lo que las negociaciones continuarán de forma virtual. Según informaron representantes del sector empresarial, la desgravación de tres productos (camarón, banano y atún) impidieron el acuerdo.
El presidente ecuatoriano había asegurado que, en el primer semestre del año en curso, se concretaría el ingreso del Ecuador como miembro pleno a la Alianza del Pacífico, pero todo indica que esto no sucederá pues sin la firma del acuerdo comercial con todos los países miembros del tratado, esto no será posible.
VI. CONCLUSIONES
Las grandes expectativas que generó la creación de la Alianza del Pacífico desde su entrada en vigor, hace una década, se han esfumado, no solo al interior de sus Estados miembros, sino como ejemplo en la región y en mundo de un modelo de integración exitoso.
Al inicio, estos cuatro países tenían altas tasas de crecimiento, habían suscrito TLC con las principales potencias del mundo y registraban las tasas más bajas de riesgo país.Asimismo, ofrecían un mercado abierto, estabilidad macroeconómica, amplios derechos a la propiedad intelectual –mayores a los exigidos por la OMC– ninguna restricción a las inversiones extranjeras directas –ni siquiera a los capitales financieros– y eran consideradas economías emprendedoras que actuarían como puerta de entrada a Asia. Este liberalismo impedía a los gobiernos, entre otros, exigir requisitos de desempeño a los inversionistas. Por ejemplo, no podían imponer alguna cuota de compras con contenidos nacionales si los inversionistas preferían importarlos de alguna empresa matriz (libres de aranceles) con lo cual se rompieron los encadenamientos productivos internos y se propició la desindustrialización.
La Alianza del Pacífico, lanzada en 2011 –en vigor desde 2012– se fundó con el móvil de ser un contrapeso a la UNASUR, la CELAC y un Mercosur, entonces cohesionado políticamente, en el que participaba Venezuela, que había denunciado el Acuerdo de Cartagena luego de la firma de TLC de Perú y Colombia, con Estados Unidos.
El triunfo de partidos de izquierda desde 2018 en los cuatro socios de dicha Alianza, y el anuncio de las nuevas autoridades de revisar los TLC por los perjuicios que ha ocasionado en varios sectores de la economía, son la expresión del cuestionamiento al modelo neoliberal, pilar fundacional de esta asociación.
En un mundo en el que las grandes potencias empiezan a desconfiar del mercado como único mecanismo para solucionar las desigualdades, el modelo económico que sustenta esa Alianza ha perdido vigencia y su presencia, el brillo con el que surgió.
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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