REVISTA PERUANA DE DERECHO INTERNACIONAL
ISSN: 0035-0370 / ISSN-e: 2663-0222
Tomo LXXIV, septiembre-diciembre, 2024 N °178, pp. 151-189.
DOI: https://doi.org/10.38180/rpdi.v74i178.798
Infiltration of Private Military Security Companies by Transnational Criminal Groups
Camilo Alberto Vargas Cano
Departamento Jurídico Integral del Ejército
(Bogotá D.C., Colombia)
https://orcid.org/0000-0001-9037-6455
Juan Fernando Gil Osorio
Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional
(Bogotá D.C., Colombia)
https://orcid.org/0000-0002-6605-6846
Jonnathan Jiménez-Reina
Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional
(Bogotá D.C., Colombia)
https://orcid.org/0000-0001-9042-834X
Este estudio examina la aparición de empresas militares de seguridad privada, dentro de grupos delictivos transnacionales en Colombia y su relación con el crimen organizado. A través de una revisión documental, se identificaron características comunes de estas empresas ilegales de seguridad y su uso por parte de estos grupos, para legitimar sus actividades criminales y obtener beneficios económicos. Se descubrió que estos grupos usan la violencia y la intimidación para consolidar su poder y extender su control sobre ciertos territorios. La regulación y control del sector de la seguridad privada en Colombia y otros países que padecen los efectos del crimen transnacional, son fundamentales para garantizar la seguridad de la población y combatir la penetración de estos grupos criminales. En los últimos años, la delincuencia transnacional ha ido en aumento, al igual que el uso de empresas de seguridad privada para llevar a cabo actividades ilegales. Esta situación ha llevado a una creciente infiltración de empresas militares de seguridad privada por parte de grupos de delincuencia transnacional. Este artículo examinará la forma en que esta infiltración se ha realizado, así como los riesgos y problemáticas que podrían desencadenarse a partir de ella. Se discutirán los mecanismos de prevención y control necesarios para minimizar los riesgos y problemas que esta infiltración conlleva. Finalmente, se harán algunas recomendaciones para abordar de manera efectiva los problemas de infiltración de empresas militares de seguridad privada por parte de grupos.
Palabras clave: Crimen organizado, Delincuencia Transnacional, Empresas Militares de Seguridad Privada, Regulación.
This study examines the emergence of private security military companies within transnational criminal groups in Colombia and their relationship with organized crime. Through a documentary review, common characteristics of these illegal security companies and their use by these groups were identified to legitimize their criminal activities and obtain economic benefits. These groups were found to use violence and intimidation to consolidate their power and extend their control over certain territories. The regulation and control of the private security sector in Colombia and other countries that suffer the effects of transnational crime are essential to guarantee the safety of the population and combat the penetration of these criminal groups. In recent years, transnational crime has been on the rise, as has the use of private security companies to carry out illegal activities. This situation has led to increasing infiltration of private military security companies by transnational crime groups. This article will examine the way in which this infiltration has been carried out, as well as the risks and problems that could be triggered by it. The prevention and control mechanisms necessary to minimize the risks and problems that this infiltration entails will be discussed. Finally, some recommendations will be made to effectively address the problems of infiltration of military private security companies by groups.
Keywords: Organized Crime, Private Military Security Companies, Transnational Delinquency, Regulation.
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La seguridad privada es un tema de gran relevancia en Colombia y en otros países de la región, debido a la presencia de grupos delictivos transnacionales y la alta tasa de criminalidad. En este contexto, es común que empresas de seguridad privada sean contratadas para proteger bienes y personas, y para prestar servicios de seguridad en espacios públicos y privados. Sin embargo, existe una creciente preocupación sobre la infiltración de grupos delictivos en el sector de seguridad privada, lo representa un peligro para la seguridad de la población y una amenaza para el Estado de Derecho (Urueña Sánchez, 2019). El presente estudio tiene como objetivo examinar la aparición de empresas militares de seguridad privada (EMSP) dentro de grupos delictivos transnacionales en Colombia. Se busca identificar las características comunes de estas empresas de seguridad ilegales y su relación con el crimen organizado. Asimismo, se pretende analizar las implicaciones de la presencia de estos grupos en el sector de seguridad privada y proponer recomendaciones para el diseño de políticas públicas que permitan hacer frente a esta y, es fundamental analizar esta problemática y proponer medidas que permitan su control y regulación (Jiménez-Reina, et.al., 2019; Blüme, 2021).
La seguridad privada ha ido ganando terreno en los últimos años, en Colombia y en muchos otros países, debido a una percepción creciente de inseguridad y a la falta de capacidad del Estado para garantizar la protección ciudadana. Si bien la seguridad privada puede tener un papel positivo en la protección de la propiedad y la vida de las personas, también se ha convertido en un campo en el que grupos delictivos encuentran oportunidades para legitimar y expandir sus actividades criminales (Blüme, 2021).
En Colombia, la presencia de grupos delictivos transnacionales ha sido una constante durante las últimas décadas. Estos grupos, que se dedican a actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal, han encontrado en la seguridad privada una forma de consolidar su poder y expandir sus operaciones en territorios donde el Estado tiene poco o ningún control (Arias Henao, 2014; Arias Henao, et.al., 2022).
La infiltración de estos grupos en el sector de seguridad privada representa un desafío importante para la seguridad y el orden público en Colombia y en otros países de la región. A medida que estos grupos crecen en poder e influencia, su capacidad para ejercer violencia y controlar territorios se fortalece, lo que afecta la vida y la integridad de la población. Por lo tanto, es fundamental entender las características y la dinámica de las EMSP asociadas con grupos delictivos transnacionales y su impacto en la seguridad ciudadana (Fonseca-Ortiz, et.al., 2022; De Nevers, 2009).
Un ejemplo reciente de esta situación es, el caso de homicidios camuflados por un empresario en Cúcuta. Según conoció Semana, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer los nexos que el empresario conocido con el alias de Luis Capricornio. El supuesto empresario, dueño de una empresa de seguridad usaba su empresa para encubrir actos delictivos en el Norte de Santander (Semana, 2023).
Como lo expone Figari (2023), para la ONG NUSO, en Colombia y Argentina esta dinámica supone la impunidad tanto para algunas élites involucradas en actividades ilícitas, como para varios de los actores materiales de los delitos (Figari, 2023). Así, se dificulta el margen de acción de las autoridades los esfuerzos para contrarrestar este fenómeno pueden ser entorpecido por quienes detentan el poder en las regiones.
En este sentido, resulta esencial comprender cómo las EMSP se han convertido en una herramienta para que los grupos delictivos transnacionales consoliden su poder y extiendan su control sobre territorios específicos. En Colombia, la aparición de estas empresas ilegales de seguridad privada está estrechamente relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico, lo que representa un grave problema para la seguridad de la población y la estabilidad del país (Jiménez-Reina, et.al., 2019; ICRC, 2013).
Por lo tanto, este estudio se enfocará en examinar la relación entre las EMSP y los grupos delictivos transnacionales en Colombia, con el fin de comprender cómo estas empresas se han convertido en una herramienta para el crimen organizado. Además, se identifican las características comunes de estas empresas ilegales y se discuten las implicaciones que tienen para la regulación y el control del sector de seguridad privada en Colombia y otros países donde la delincuencia transnacional está presente (Jiménez-Reina, et.al., 2019).
En este estudio, se busca contribuir al análisis de la relación entre EMSP y grupos delictivos transnacionales en Colombia. Con el fin de comprender las características comunes de estas empresas ilegales y su relación con el crimen organizado, se realizará un análisis detallado de los casos identificados en diferentes regiones del país.
Además, se pretende analizar las implicaciones de la presencia de estas empresas en el sector de seguridad privada y proponer recomendaciones para el diseño de políticas públicas que permitan hacer frente a esta problemática. Para lograr este objetivo, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura disponible sobre el tema.
La presente investigación se desarrolló utilizando enfoques de investigación y herramientas cualitativas. En primer lugar, se llevó a cabo un análisis documental de fuentes secundarias como informes, estudios y estadísticas relacionadas con la seguridad privada, el crimen organizado y la infiltración de grupos delictivos en el sector de la seguridad privada en Colombia.
La infiltración de EMSP en grupos delictivos transnacionales representa una seria amenaza para la seguridad nacional y el Estado de derecho en Colombia y otros países de la región. La seguridad privada ha ganado terreno debido a la percepción creciente de inseguridad y la falta de capacidad del Estado para garantizar la protección ciudadana. Sin embargo, esta situación ha permitido que grupos delictivos encuentren oportunidades para legitimar y expandir sus actividades criminales, lo que ha llevado a la aparición de empresas de seguridad privada ilegales (Vranckx, 2001).
Este estudio se centró en examinar la relación entre EMSP y grupos delictivos transnacionales en Colombia. Se realizó un análisis detallado de casos en diferentes regiones del país y se identificaron las características comunes de estas empresas ilegales y su relación con el crimen organizado. Además, se discutieron las implicaciones que tienen para la regulación y el control del sector de seguridad privada en Colombia y otros países donde la delincuencia transnacional está presente.
Se concluye, que es fundamental implementar políticas públicas efectivas que permitan hacer frente a esta problemática y garantizar la seguridad ciudadana. Para ello, es necesario que las autoridades competentes fortalezcan la regulación y el control del sector de seguridad privada, así como la capacidad del Estado para garantizar la protección ciudadana. Asimismo, es importante que se fomente una cultura de denuncia y se promueva la colaboración entre los diferentes actores sociales involucrados en la seguridad ciudadana, incluyendo las empresas de seguridad privada (Jiménez-Reina, et.al., 2019). De esta manera, se podrán prevenir y enfrentar de manera efectiva los riesgos asociados a la infiltración de grupos delictivos en el sector de seguridad privada y garantizar la seguridad y el bienestar de la población.
La aparición de EMSP dentro de grupos delictivos transnacionales en Colombia, ha sido un fenómeno creciente en las últimas décadas. Este problema ha surgido en un contexto de debilidad del Estado y de falta de control sobre las actividades ilegales de estos grupos (Arias Henao, 2014).
Los antecedentes de este fenómeno se remontan a la década de 1980, cuando el narcotráfico comenzó a tener un gran impacto en la economía del país. En aquel entonces, los grupos delictivos utilizaban principalmente la violencia para proteger sus negocios y eliminar a sus enemigos (Fonseca-Ortiz, et.al., 2022). Sin embargo, con el paso del tiempo, estos grupos se han profesionalizado y han incorporado elementos militares en su estructura (Arias Henao, et.al., 2022).
Esta transformación ha permitido a los grupos delictivos contar con un mayor control territorial y una capacidad de combate superior. Las EMSP han sido una herramienta clave en este proceso, ya que les permiten obtener habilidades y conocimientos militares sin tener que formar parte de las fuerzas armadas del país (Sánchez Diez, 2019).
Es importante destacar que la aparición de EMSP en Colombia no es un fenómeno exclusivo de los grupos delictivos transnacionales, sino que también ha sido utilizado por empresas privadas y otros actores ilegales. La falta de regulación y control en este ámbito ha permitido que estas empresas operen con impunidad y que sus acciones no sean investigadas ni sancionadas adecuadamente (Vranckx, 2001).
La historia de los grupos delictivos transnacionales en Colombia se remonta a mediados del siglo XX, cuando surgieron las primeras organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y al contrabando de armas. Estas organizaciones empezaron a tomar fuerza en los años 80, cuando el narcotráfico se convirtió en una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que operaban en el país (Spearin, 2017).
Uno de los grupos más conocidos es el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, que alcanzó su auge en los años 80 y principios de los 90. Este cartel se dedicaba principalmente al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, y llegó a tener una gran influencia en la política y la sociedad colombiana de la época (Torres-Vásquez, 2013).
En los años 90, con la muerte de Pablo Escobar y la desarticulación del Cartel de Medellín, surgieron otros grupos delictivos transnacionales como el Cartel del Norte del Valle. Estas organizaciones también se dedicaban al tráfico de drogas y al contrabando de armas, y tuvieron un papel importante en el conflicto armado interno que vivió Colombia durante más de 50 años (Badillo & Mijares, 2021).
Durante estos años, se presentó una intensificación de la violencia en el país, con el aumento de los homicidios y los secuestros, así como de los enfrentamientos armados entre los grupos delictivos y las fuerzas militares y de seguridad del Estado. Todo esto generó una gran inestabilidad y violencia en Colombia, lo que llevó a la necesidad de tomar medidas drásticas para combatir la delincuencia organizada y garantizar la seguridad ciudadana (Badillo y Mijares, 2021).
Para comprender el surgimiento de las EMSP en grupos delictivos transnacionales, es necesario explorar algunos conceptos teóricos. En primer lugar, cabe destacar el concepto de seguridad privada, que se refiere a la protección y el resguardo de bienes, personas y establecimientos por parte de empresas privadas. La seguridad privada puede ser prestada por empresas formales y legalmente constituidas, o por grupos informales o ilegales que ofrecen servicios de protección, como es el caso de las EMSP en Colombia (Jiménez-Reina, et.al., 2019).
Otro concepto relevante es el de grupos delictivos transnacionales, que se refiere a organizaciones criminales que operan en más de un país y que están involucrados en delitos como el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas, entre otros. Estos grupos suelen estar altamente estructurados, con jerarquías claras y un alto grado de especialización en sus actividades delictivas (Badillo y Mijares, 2021; Niño González, 2016).
Desde los años 90, Colombia ha sido escenario de la presencia de mercenarios extranjeros contratados por diversas empresas de seguridad para llevar a cabo operaciones de inteligencia y antiterrorismo. La presencia de mercenarios extranjeros en Colombia ha sido un tema de preocupación durante décadas. Esto se debe a que los mercenarios extranjeros suponen un riesgo para la seguridad nacional, la estabilidad política y los derechos humanos.
El debate sobre la presencia de mercenarios extranjeros en Colombia ha ganado mucha fuerza en los últimos años. Esto es debido a la controversia que rodea a los mercenarios en términos de ética y legalidad. El caso más conocido es el de Yair Klein, un ex militar israelí que fue acusado de entrenar a los paramilitares colombianos.
Klein fue acusado de violar la ley internacional al entrenar a grupos de paramilitares que presuntamente estaban vinculados con el narcotráfico y la violencia. Esto provocó la indignación de amplios sectores de la sociedad colombiana. Pero a pesar de estas acusaciones, Klein sostuvo que los servicios que ofrecía eran para propósitos legítimos y no para actividades ilegales.
En este contexto, las EMSP han surgido como una respuesta a la necesidad de protección y seguridad por parte de los grupos delictivos transnacionales. Estas empresas ofrecen servicios especializados de seguridad y protección, como escoltas armados, entrenamiento militar y asesoramiento en inteligencia y seguridad. Además, suelen estar integradas por exmilitares y exagentes de seguridad del Estado, lo que les otorga un alto grado de especialización y experiencia en el uso de la fuerza. Es por esto por lo que su regulación y control es de vital importancia para garantizar la seguridad y protección de la sociedad en general (Jiménez-Reina, et.al., 2019).
Uno de los ejemplos ampliamente estudiados para el caso colombiano es la amplia acogida que tuvo por diversos actores del conflicto, la conformación de autodefensas, desde su surgimiento formal en los años sesenta hasta su desaparición formal en 2006. Por mencionar algunos, se tienen a campesinos, ganaderos, narcotraficantes, entre otros. En algunos casos se dieron mecanismos de conformación de autodefensas legítimas auspiciadas por el gobierno que, si bien buscaban acabar con las insurgencias, terminaron dedicados a la delincuencia común y al lucro ilícito (Ballesteros Sánchez, 2023; Rivas Nieto y Rey García, 2008).
Las EMSP han jugado un papel cada vez más importante en los grupos delictivos transnacionales en Colombia. Estas empresas se han utilizado como una herramienta para mejorar la eficiencia en la ejecución de operaciones criminales y para aumentar la capacidad de intimidación y coerción sobre las comunidades locales (Tamayo Gómez, 2020).
Una de las principales ventajas de estas empresas es su capacidad para reclutar y entrenar a personal altamente capacitado en el uso de armas y tácticas militares. Los grupos delictivos transnacionales han utilizado esta capacidad para expandir su control territorial, asegurando rutas de narcotráfico y aumentando su capacidad para enfrentarse a las fuerzas de seguridad del Estado (ICRC, 2013).
Además, las EMSP han proporcionado a los grupos delictivos transnacionales una mayor capacidad de recolección de información, lo que les ha permitido identificar y eliminar a sus rivales con mayor precisión. La estrecha colaboración entre estas empresas y los grupos delictivos transnacionales también ha facilitado la movilidad de los delincuentes y el acceso a armas y tecnología avanzada, lo que les ha permitido competir de manera más efectiva con las fuerzas de seguridad del Estado (Urbina, 2015).
Ejemplo de lo anterior el caso del abatido cabecilla del Clan del Golfo, Juan Larrison Castro Estupiñan conocido con el alias de Matamba, quien escapó de la cárcel La Picota de Bogotá el 18 de marzo de 2022 y trabajaba para la compañía Petrorian Security (Vargas Ovalle, 2023). Otro caso que merece la pena mencionar es la reciente entrega de detalles por el Mayor General Fernando Murillo Orrego, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), quién revelo que los grupos armados al margen de la ley, principalmente el Clan del Golfo, usan a los llamados puntos o campaneros (más de 1.200) quienes les entregan información a estas organizaciones sobre el actuar de las fuerzas de seguridad para cometer sus actividades (Alerta Caribe, 2022).
Las EMSP han sido objeto de estudio en diferentes disciplinas, incluyendo la sociología, la ciencia política y la seguridad internacional. Desde la perspectiva sociológica, se han analizado los motivos por los que los grupos delictivos transnacionales utilizan este tipo de empresas, así como las consecuencias sociales y políticas de su proliferación. Desde la ciencia política, se han estudiado las implicaciones que tienen estas empresas en la soberanía de los Estados y en el control de las fronteras. Por último, desde la seguridad internacional, se ha analizado el impacto de las EMSP en los conflictos armados y en la estabilidad de los Estados (Urueña-Sánchez, 2020).
Uno de los principales aportes de la sociología ha sido el análisis de la relación entre las EMSP y el fenómeno de la violencia organizada. En este sentido, se ha estudiado la forma en que estas empresas colaboran con los grupos delictivos transnacionales en la ejecución de actividades ilegales, como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando de armas. Asimismo, se ha analizado la manera en que las EMSP contribuyen a la consolidación de grupos delictivos transnacionales, al proporcionarles un mayor poder de fuego y una capacidad de acción más efectiva (Urueña Sánchez, 2019; Torres-Vásquez, 2013; Arias Henao, et.al., 2022).
Desde la ciencia política, se ha argumentado que las EMSP pueden afectar la capacidad de los Estados para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y controlar sus fronteras. Esto se debe a que estas empresas, al estar fuera del control del Estado, pueden operar con mayor impunidad y comprometer la soberanía nacional. Además, se ha señalado que las EMSP pueden ser utilizadas por los grupos delictivos transnacionales para debilitar la presencia del Estado en determinadas regiones, lo que contribuye a la creación de zonas de impunidad y a la consolidación del poder de los grupos delictivos transnacionales (Jiménez-Reina, et.al., 2019).
Por último, desde la seguridad internacional, se ha señalado que la proliferación de EMSP puede tener un impacto negativo en la estabilidad de los Estados y en la seguridad regional. Esto se debe a que estas empresas pueden ser utilizadas por los grupos delictivos transnacionales para desestabilizar a los Estados y generar conflictos armados. Asimismo, se ha argumentado que las EMSP pueden contribuir a la proliferación y creación de mercados negros de armas, lo que representa una amenaza para la seguridad regional y global (Sierra-Zamora y Castaño-Bedoya, 2022).
A pesar de los esfuerzos por parte del Estado colombiano para combatir la presencia de EMSP en los grupos delictivos transnacionales, aún existen desafíos importantes en este campo. Uno de los principales desafíos es la falta de recursos y capacidades del Estado para monitorear y perseguir a estos grupos en todas las áreas del país. Además, la corrupción y la infiltración de estos grupos en instituciones estatales también representa un desafío importante para la lucha contra el crimen organizado (Arias Henao, et.al., 2022; Torres-Vásquez, 2013).
Otro desafío es el uso de nuevas tecnologías por parte de estos grupos, lo que les permite operar con mayor eficacia y reducir el riesgo de ser detectados. Por ejemplo, la utilización de criptomonedas y tecnologías de comunicación encriptadas dificultan la identificación de las personas involucradas en estos grupos y sus transacciones financieras (Ciro Gómez y Correa Henao, 2014; Qureshi, 2019; Quintero Agudelo, s.f.).
En cuanto a las perspectivas futuras, se espera que la lucha contra los grupos delictivos transnacionales y las EMSP sea una tarea cada vez más difícil y compleja. Los grupos delictivos seguirán buscando nuevas formas de evadir la acción del Estado y expandir sus actividades ilícitas. Por lo tanto, el Estado deberá estar preparado para adaptarse a las nuevas formas de criminalidad y mejorar continuamente sus capacidades de investigación y persecución (Quintero Agudelo, s.f.; Fonseca-Ortiz, et.al., 2022).
La presente investigación se realizó a través de la revisión de la literatura disponible y el análisis de casos específicos. La revisión de la literatura se llevó a cabo a través de la búsqueda sistemática y exhaustiva de publicaciones, artículos, libros y otros materiales relevantes sobre el tema en diferentes fuentes de información, incluyendo bases de datos académicas, bibliotecas digitales, portales gubernamentales y sitios web de organizaciones internacionales. La búsqueda se realizó en inglés y español, ya que existen importantes fuentes en ambos idiomas sobre el tema en cuestión.
Para el análisis de casos específicos, se seleccionaron estudios de casos relevantes y representativos de la aparición de EMSP en grupos delictivos transnacionales en Colombia. Estos casos se eligieron con base en su relevancia, actualidad y disponibilidad de información.
La metodología de investigación adoptada en este estudio tiene como objetivo ofrecer una comprensión más profunda y rigurosa de la aparición de EMSP en grupos delictivos transnacionales en Colombia, a partir de la revisión de la literatura y el análisis de casos específicos.
La revisión de la literatura es un paso fundamental en cualquier estudio de investigación, ya que permite recopilar información y conocimientos previos sobre el tema de interés. Para este estudio, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de la literatura existente sobre el tema de EMSP y su relación con grupos delictivos transnacionales en Colombia.
La búsqueda de información se realizó a través de bases de datos en línea como JSTOR, ScienceDirect y Google Scholar, entre otras. Algunos de los términos de búsqueda utilizados incluyeron "empresas de seguridad privada", "grupos delictivos transnacionales", "Colombia", "mercenario", "violencia", "conflicto armado".
Se revisaron artículos, libros y otros documentos relevantes, publicados en los últimos 20 años aproximadamente. Se prestó especial atención a los estudios empíricos y teóricos que abordaran el tema de las EMSP y su relación con la violencia y el conflicto armado en Colombia.
Se utilizó un enfoque de análisis crítico para evaluar la calidad de la literatura revisada, asegurando que solo se incluyera información precisa y confiable. La revisión de la literatura permitió identificar tendencias y patrones en la relación entre las EMSP y los grupos delictivos transnacionales en Colombia, así como determinar posibles áreas de investigación y análisis para el estudio.
Para llevar a cabo el análisis de casos específicos se tuvieron en cuenta, principalmente, tres grupos delictivos transnacionales en Colombia, a partir de la revisión de la literatura. Los criterios de selección incluyeron la relevancia de los grupos en el contexto colombiano, su presencia en diferentes regiones del país, su capacidad de operación a nivel internacional y la información disponible sobre sus actividades y vínculos con EMSP.
Los principales grupos abordados fueron el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. El Clan del Golfo es uno de los grupos delictivos más grandes y poderosos de Colombia, con presencia en varias regiones del país y en países como México y Centroamérica (Huertas Diaz, et.al., 2016). El ELN es un grupo guerrillero con más de cinco décadas de existencia, con presencia en varias regiones del país y vínculos con grupos terroristas internacionales y, las disidencias de las FARC son grupos armados que surgieron tras la firma del acuerdo de paz en 2016, y se han dedicado a actividades delictivas como el narcotráfico y la minería ilegal (Palao Mendizabal, et.al., 2021).
La selección de estos casos permitió analizar las diferentes formas en que las EMSP han operado en Colombia en el contexto de grupos delictivos transnacionales, y cómo han afectado el panorama de la seguridad en el país. Además, se identificaron patrones comunes y diferencias entre los grupos, y determinó qué factores pueden haber influido en la decisión de contratar estos servicios. Para el estudio de casos en los que grupos delictivos transnacionales en Colombia que han utilizado EMSP en sus operaciones se realizó una revisión exhaustiva de la literatura sobre grupos delictivos en Colombia y se consultaron bases de datos especializadas en crimen organizado y seguridad privada.
Los casos seleccionados representan una muestra representativa de los grupos delictivos más prominentes que utilizan EMSP en Colombia. Se analizaron las noticias relacionadas con cada uno de estos casos, y se examinaron las conexiones entre las EMSP y los grupos delictivos.
Es importante destacar que todo estudio tiene limitaciones y delimitaciones, y el presente trabajo no es una excepción. En primer lugar, cabe mencionar que la selección de casos específicos se realizó en función de la disponibilidad de información y la relevancia para el tema de investigación, por lo que no se pretende que sea una muestra representativa de todas las EMSP en Colombia. Además, hay que tener en cuenta que la información sobre estos grupos delictivos y sus actividades, en la mayoría de los casos, es altamente confidencial y restringida.
Otra limitación por considerar es que la revisión de la literatura se centró en fuentes secundarias, por lo que podría existir un sesgo en la interpretación y análisis de la información. Finalmente, es importante tener en cuenta que la presente investigación se enfoca en el contexto colombiano, por lo que los resultados y conclusiones obtenidos podrían no ser extrapolables a otros contextos regionales o globales. Sin embargo, se espera que los hallazgos obtenidos contribuyan a la comprensión de la relación entre EMSP y grupos delictivos transnacionales en Colombia, y aporten a futuras investigaciones en este tema.
En Colombia, las empresas de seguridad privada ilegales han proliferado en los últimos años, principalmente debido al debilitamiento de las fuerzas de seguridad del Estado y a la necesidad de seguridad por parte de la población. Estas empresas suelen estar vinculadas con grupos delictivos y organizaciones criminales, lo que les permite obtener protección y garantías para sus actividades ilegales (Tamayo Gómez, 2020; Perret, 2009; Jiménez-Reina, et.al., 2019).
Una de las principales características de estas empresas es la falta de legalidad y transparencia en su operación, ya que suelen evadir los controles y requisitos establecidos por las autoridades. Además, en muchas ocasiones cuentan con armamento y equipamiento de alta tecnología, lo que les permite actuar con eficacia y poder enfrentarse a las fuerzas de seguridad del Estado (Quintero Agudelo, s.f.; Arias Henao, 2014).
Otra característica común es la utilización de personal con experiencia en las fuerzas armadas o de seguridad del Estado, quienes brindan sus habilidades y conocimientos adquiridos en su trayectoria laboral a estas empresas ilegales. Asimismo, estos empleados suelen ser entrenados en tácticas militares y de defensa, lo que les permite actuar de manera efectiva en situaciones de conflicto (Arias Henao, et.al., 2022).
Las empresas de seguridad privada ilegales suelen operar en zonas de conflicto, como áreas de cultivos ilícitos, zonas de minería ilegal, y en general en lugares donde la presencia del Estado es débil. Estas empresas ofrecen servicios de protección y seguridad a los grupos delictivos que operan en estas zonas, lo que les permite llevar a cabo sus actividades ilegales sin interferencias externas (Perret, 2009; Vranckx, 2001).
Así, estas empresas Colombia se caracterizan por su falta de legalidad, la utilización de personal con experiencia en fuerzas armadas o de seguridad del Estado, el uso de armamento y tecnología de alta calidad y la operación en zonas de conflicto. Estas empresas tienen una estrecha relación con el crimen organizado y son un fenómeno preocupante en el contexto de la seguridad ciudadana en el país (Jiménez-Reina, et.al., 2019; Sánchez Diez, 2019).
La falta de regulación y control por parte del Estado es una de las características más destacables de las empresas de seguridad privada ilegales en Colombia (Sánchez Diez, 2019). Esto significa que estas empresas operan sin cumplir con las normas y requisitos legales para su funcionamiento (Urueña Sánchez, 2019).
Otra característica común de estas empresas es su conexión con el crimen organizado y los grupos armados ilegales. Muchas de estas empresas son creadas por exmilitares o exagentes de seguridad del Estado que mantienen contactos con grupos ilegales. Estos contactos les permiten obtener armamento y entrenamiento especializado, lo que les otorga una ventaja en el mercado ilegal de seguridad (Spearin, 2017).
Además, estas empresas suelen ofrecer servicios de protección a empresas legales, lo que les permite encubrir sus actividades ilícitas y ampliar su cartera de clientes (Sánchez Diez, 2019). En algunos casos, estas empresas también se han dedicado a la extorsión y al secuestro de empresarios, utilizando su poder de fuego para intimidar a sus víctimas y obtener beneficios económicos (Velásquez Monroy, 2010).
En Colombia, una de las características más usuales de las empresas de seguridad privada ilegales es su origen en grupos paraestatales o en redes del crimen organizado (Rivera Márquez, 2017). Estas empresas suelen tener estrechos vínculos con grupos armados ilegales y son utilizadas para facilitar actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión, la intimidación y el control territorial (Urueña-Sánchez, 2020).
Además, estas empresas a menudo cuentan con una estructura jerárquica y disciplinaria similar a la de los grupos armados ilegales, con líderes y subordinados que siguen órdenes de manera estricta. También suelen contar con armamento y tecnología avanzada, lo que les permite realizar operaciones sofisticadas y violentas (Badillo y Mijares, 2021; Dalby, 2020).
Otra característica común de estas empresas es la falta de regulación y control por parte del Estado, lo que les permite operar sin restricciones y cometer delitos sin consecuencias legales. Muchas veces, estas empresas se registran legalmente como empresas de seguridad privada regulares, pero en realidad funcionan como fachadas para actividades ilegales (Sánchez Diez, 2019).
Es importante destacar que la participación de empresas de seguridad privada en el crimen organizado no es exclusiva de Colombia, sino que es un fenómeno global que requiere atención y medidas de control por parte de las autoridades competentes (Urueña-Sánchez y Olasolo, 2023; Urueña-Sánchez, 2020).
Otra característica común de las empresas de seguridad privada ilegales en Colombia es la falta de control y regulación por parte del Estado. En algunos casos, estas empresas están registradas legalmente, pero sus actividades van más allá de lo que se les permite. En otros casos, simplemente operan de manera clandestina sin ningún tipo de registro oficial. Esto, permite que estas empresas operen de manera impune y que sean utilizadas como herramientas para llevar a cabo actividades ilegales (Sánchez Diez, 2019).
Además, es común que estas empresas de seguridad privada ilegales en Colombia tengan vínculos con el crimen organizado. Estos vínculos pueden ser directos o indirectos, pero en ambos casos, las empresas de seguridad privada son utilizadas como una herramienta para llevar a cabo actividades ilegales. Por ejemplo, pueden proporcionar seguridad a organizaciones criminales para llevar a cabo actividades como el tráfico de drogas o armas, el contrabando o la extorsión (Jiménez-Reina, et.al., 2019).
Además de la falta de regulación y control, otra de las características comunes de las empresas de seguridad privada ilegales en Colombia es su alta capacidad de armamento y su utilización para la protección de las actividades del crimen organizado. A menudo, estas empresas cuentan con un amplio arsenal de armas de fuego, municiones y explosivos, y son contratadas para proteger las operaciones ilícitas de los grupos criminales (Sánchez Diez, 2019).
Esta relación entre las empresas de seguridad privada ilegales y el crimen organizado puede tener graves consecuencias para la seguridad ciudadana. En ocasiones, estos grupos armados han sido responsables de la comisión de delitos graves, como asesinatos, extorsiones y secuestros, y su actuar es difícil de rastrear debido a la falta de regulación y control en la industria de la seguridad privada (Jiménez-Reina, et.al., 2019; Sánchez Diez, 2019).
En algunos casos, las empresas de seguridad privada ilegales son utilizadas por los grupos criminales para proteger sus actividades ilícitas, intimidar a la población y controlar territorios. También se han reportado casos en los que estas empresas se encargan del transporte de drogas y armas, y de la administración de extorsiones (Urueña-Sánchez, 2020; Perret, 2009).
Además, la presencia de empresas de seguridad privada ilegales en las zonas de conflicto armado en Colombia ha contribuido a la perpetuación de la violencia y el aumento de las violaciones a los derechos humanos. Estas empresas han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados de población civil (Perret, 2009; Rivera Márquez, 2017).
En Colombia, los grupos delictivos transnacionales han utilizado diversas estrategias para consolidar su poder en el mercado de la seguridad privada y extender su control sobre territorios específicos. Una de las estrategias más comunes es el uso de la violencia y la intimidación, lo que les permite mantener un control absoluto sobre la población local (Palao Mendizabal, et.al., 2021).
Los grupos delictivos transnacionales han utilizado la violencia de varias maneras para consolidar su poder. Por ejemplo, han asesinado a propietarios de empresas de seguridad privada rivales y a sus empleados con el fin de eliminar la competencia y aumentar su control sobre el mercado. También han utilizado la intimidación para forzar a empresas de seguridad privada legales a trabajar con ellos, exigiéndoles el pago de cuotas o la entrega de información estratégica a cambio de protección (Perret, 2009).
Además, los grupos delictivos transnacionales han utilizado la violencia y la intimidación para extender su control sobre territorios específicos. Han utilizado la fuerza para desplazar a comunidades enteras de sus hogares y controlar la producción y distribución de drogas en una región determinada. También han utilizado la intimidación para obligar a las empresas de seguridad privada legales a trabajar con ellos en áreas específicas, lo que les permite tener una mayor presencia en el territorio (Perret, 2009).
En general, el uso de la violencia y la intimidación ha sido una estrategia común utilizada por los grupos delictivos transnacionales en Colombia para consolidar su poder en el mercado de la seguridad privada y extender su control sobre territorios específicos. Esta estrategia les ha permitido eliminar la competencia, obligar a empresas legales a trabajar con ellos y extender su control sobre zonas específicas, lo que les da un mayor poder en el mercado y les permite mantener un control absoluto sobre la población local (Solís y Rojas Aravena, 2008).
Una de las estrategias principales utilizadas por los grupos delictivos transnacionales para consolidar su poder en el mercado de la seguridad privada es el uso de la violencia y la intimidación. Estos grupos han demostrado una gran capacidad para actuar con impunidad, especialmente en áreas con presencia limitada del Estado. La violencia y la intimidación son utilizadas como herramientas para imponer su presencia en el territorio y para hacer frente a la competencia. En muchos casos, los grupos delictivos transnacionales han recurrido a la eliminación física de los competidores o de las personas que los denuncian ante las autoridades (Solís y Rojas Aravena, 2008; Arias Henao, et.al., 2022).
El uso de la violencia también se ha utilizado para generar miedo en la población y para establecer un control social en las zonas donde operan estos grupos. En algunos casos, los grupos delictivos transnacionales han creado redes de seguridad privada para ofrecer protección a las empresas y a la población, pero al mismo tiempo, controlan y limitan las actividades que se realizan en estas zonas. La población se ve obligada a vivir bajo las reglas impuestas por estos grupos, lo que les permite consolidar su poder y expandir su influencia (Salinas Cañas y Riquelme Rivera, 2017).
Otra estrategia utilizada por los grupos delictivos transnacionales para consolidar su poder en el mercado de la seguridad privada y expandir su control sobre territorios específicos es la cooptación de funcionarios públicos y empresas legales. Los grupos delictivos transnacionales han desarrollado una compleja red de relaciones con políticos y funcionarios públicos, así como con empresas legales, para garantizar su impunidad y proteger sus intereses (Salinas Cañas & Riquelme Rivera, 2017; Rivera Márquez, 2017; Torres-Vásquez, 2013).
Los funcionarios públicos cooptados pueden proporcionar información valiosa sobre las investigaciones y operaciones en contra del crimen organizado, y también pueden influir en las decisiones y políticas gubernamentales para favorecer a los grupos delictivos. Además, los grupos delictivos transnacionales también pueden utilizar empresas legales para lavar dinero y ocultar sus actividades ilegales detrás de fachadas legítimas (Torres-Vásquez, 2013).
Por ejemplo, en Colombia, el grupo delictivo conocido como "Los Urabeños" ha sido acusado de cooptar a funcionarios públicos y empresas legales para mantener su control sobre la industria de la seguridad privada. Según informes de inteligencia, Los Urabeños han utilizado empresas legales para lavar dinero y han cooptado a funcionarios públicos para garantizar la impunidad de sus operaciones. También se ha informado que el grupo delictivo utiliza la violencia y la intimidación para obligar a las empresas legales a trabajar con ellos y para eliminar a la competencia (Hinson Charles, 2020; Jiménez-Reina, et.al., 2019; Perret, 2009).
Otra estrategia utilizada por el crimen organizado para consolidar su poder en el mercado de la seguridad privada es la infiltración en instituciones gubernamentales y organismos de control. En Colombia, por ejemplo, se ha identificado la penetración del crimen organizado en organismos como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, encargada de regular el sector. Esto permite a los grupos criminales influir en la toma de decisiones, evadir controles y sanciones, y obtener información privilegiada sobre sus competidores y posibles amenazas (Perret, 2009).
La infiltración también se extiende a la corrupción de agentes de la fuerza pública, quienes proporcionan información sobre operativos y movimientos de los grupos delictivos rivales. De esta manera, los grupos criminales pueden anticipar y neutralizar las acciones de las autoridades, lo que les permite continuar sus actividades delictivas con mayor facilidad (Luna Galván, et.al., 2021).
Otra estrategia es la creación de empresas de seguridad privada legales, las cuales son utilizadas para lavar dinero y financiar otras actividades ilícitas. Estas empresas suelen contar con una apariencia legal y están registradas ante las autoridades, lo que les permite operar sin levantar sospechas. Además, en algunos casos, el crimen organizado utiliza la compra de empresas de seguridad privada ya establecidas como una forma de expandirse en el mercado (Luna Galván, et.al., 2021; Giraldo Quijano, 2013).
Otra estrategia que los grupos delictivos utilizan para consolidar su poder en el mercado de la seguridad privada es la corrupción. A menudo, los grupos delictivos buscan infiltrarse en el sector de la seguridad privada al sobornar a los líderes de estas empresas para que les brinden protección y les permitan operar en ciertas áreas. También pueden sobornar a las autoridades locales para que no intervengan en sus actividades delictivas (Luna Galván, et.al., 2021; Giraldo Quijano, 2013).
Esta corrupción generalizada puede ser muy efectiva en la consolidación del poder del crimen organizado, ya que les permite tener una presencia mucho más grande y expansiva. Además, si la corrupción es lo suficientemente extendida, puede ser difícil para las autoridades locales intervenir y desmantelar estas operaciones criminales (Torres Fragoso, 2022).
Otra táctica que se utiliza para consolidar el poder del crimen organizado en el mercado de la seguridad privada es la adquisición de empresas legítimas. Los grupos delictivos pueden utilizar su riqueza y recursos para comprar empresas legales de seguridad privada y luego utilizarlas como fachada para sus operaciones criminales (Marchena Ticlio y Cárdenas García, 2023).
Esto les permite tener una apariencia legal mientras realizan actividades ilícitas, y también les permite competir con empresas de seguridad privada legales al tener una base de clientes ya establecida. Además, la adquisición de empresas legítimas de seguridad privada también puede ayudar al crimen organizado a evitar la detección y el seguimiento por parte de las autoridades (Perret, 2009).
Otra estrategia utilizada por el crimen organizado para consolidar su poder en el mercado de la seguridad privada es la corrupción de las autoridades locales y la infiltración en el gobierno. Los grupos delictivos transnacionales saben que, para poder operar sin restricciones, necesitan tener control sobre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Por lo tanto, han desarrollado estrategias para infiltrarse en el gobierno y corromper a los funcionarios públicos encargados de supervisar las actividades de las empresas de seguridad privada (Luna Galván, et.al., 2021; Torres-Vásquez, 2013).
La corrupción puede tomar varias formas, desde sobornos y extorsiones hasta amenazas y violencia. El crimen organizado también puede utilizar su influencia para colocar a sus propios representantes en puestos clave del gobierno, lo que les permite tomar decisiones importantes que favorecen a sus intereses (Perret, 2009; Marchena Ticlio y Cárdenas García, 2023).
Además, el crimen organizado también utiliza la propaganda y la manipulación de la opinión pública para consolidar su poder en el mercado de la seguridad privada. A través de los medios de comunicación, las redes sociales y otros canales de información, los grupos delictivos transnacionales pueden crear una imagen favorable de sus empresas de seguridad privada y de sus actividades ilegales (Arteaga Velásquez, 2020; Spearin, 2017).
Por ejemplo, pueden presentarse como empresas de seguridad altamente efectivas que brindan protección a la comunidad y que son una alternativa necesaria ante la falta de seguridad del Estado. También pueden presentar a sus miembros como héroes locales que están arriesgando sus vidas para proteger a la gente de la violencia y la delincuencia (Spearin, 2017).
El crimen organizado utiliza diversas estrategias para consolidar su poder en el mercado de la seguridad privada. Estas estrategias incluyen el uso de la violencia y la intimidación, la creación de empresas de seguridad privada ilegales, la infiltración en el gobierno y la manipulación de la opinión pública. Para combatir eficazmente este fenómeno, es necesario que las autoridades fortalezcan la supervisión y regulación de las empresas de seguridad privada, y que se tomen medidas efectivas para prevenir la corrupción y el tráfico de influencias (Salinas Cañas y Riquelme Rivera, 2017).
A continuación, se abordan las implicaciones importantes para la regulación y el control del sector de seguridad privada en Colombia y otros países afectados por la infiltración de grupos delictivos transnacionales. La presencia de estos grupos en el sector de seguridad privada puede tener graves consecuencias para la seguridad de la población, así como para la economía y la estabilidad del país en general (Pontón, 2014; Tamayo Gómez, 2020).
En primer lugar, es importante destacar que la infiltración del crimen organizado en el sector de seguridad privada puede poner en riesgo la vida y la integridad de las personas que confían en estas empresas para proteger sus bienes y propiedades. Los grupos delictivos pueden utilizar esta infiltración para obtener información privilegiada y llevar a cabo actividades ilegales en el territorio, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos y socavando la confianza en el estado de derecho (Perret, 2009).
Por otro lado, la infiltración del crimen organizado en el sector de seguridad privada puede generar una competencia desleal con otras empresas legítimas que cumplen con las regulaciones y estándares requeridos. Esto puede tener consecuencias económicas negativas para las empresas legítimas y para el país en general, al promover una economía informal y favorecer el enriquecimiento ilícito de grupos delictivos (Perret, 2009; Jiménez-Reina, et.al., 2019).
En este sentido, es necesario tomar medidas para regular y controlar el sector de seguridad privada y prevenir la infiltración del crimen organizado. Esto incluye el fortalecimiento de las instituciones encargadas de regular y supervisar el sector, así como la implementación de medidas efectivas para detectar y prevenir la infiltración del crimen organizado en estas empresas. También es importante promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de seguridad privada, garantizando que estas empresas cumplan con los estándares requeridos y que sean responsables de sus acciones (Sánchez Diez, 2019).
La infiltración del crimen organizado en el sector de seguridad privada tiene implicaciones graves para la seguridad de la población y la economía de los países afectados. Es necesario tomar medidas efectivas para prevenir esta infiltración y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de seguridad privada (Jiménez-Reina, et.al., 2019).
Es importante tener en cuenta que estas recomendaciones no son exhaustivas, pero sí proporcionan un punto de partida para abordar este problema complejo y multifacético. En primer lugar, es esencial fortalecer la regulación y el control del sector de seguridad privada en Colombia y en otros países afectados por la delincuencia transnacional. Esto incluye la creación y el fortalecimiento de entidades gubernamentales dedicadas a la regulación y supervisión del sector, así como la implementación de medidas para garantizar que los proveedores de servicios de seguridad privada cumplan con los estándares de calidad y seguridad. Además, se debe exigir que los proveedores de servicios de seguridad privada proporcionen información detallada sobre sus antecedentes y conexiones, y se deben realizar controles rigurosos de antecedentes para el personal que trabaja en este sector (Sánchez Diez, 2019; Rivera Márquez, 2017).
En segundo lugar, es crucial mejorar la cooperación y el intercambio de información entre las agencias gubernamentales encargadas de la lucha contra la delincuencia transnacional y las entidades encargadas de la regulación y supervisión del sector de seguridad privada. Esto permitiría una mejor comprensión de las amenazas que enfrenta el sector de seguridad privada y ayudaría a identificar y abordar las actividades ilícitas de los grupos delictivos transnacionales que operan en este sector (Perret, 2009; Rivera Márquez, 2017; Pontón, 2014).
En tercer lugar, se deben fortalecer las capacidades y los recursos de las fuerzas de seguridad pública para que puedan combatir eficazmente a los grupos delictivos transnacionales y prevenir su infiltración en el sector de seguridad privada. Esto incluye proporcionar a las fuerzas de seguridad los equipos y la capacitación necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas y operaciones de aplicación de la ley en este sector (Sánchez Diez, 2019; Torres Fragoso, 2022).
En cuarto lugar, es esencial fomentar la participación activa de la sociedad civil en el fortalecimiento de la regulación y el control del sector de seguridad privada. Esto incluye trabajar con organizaciones de la sociedad civil y otros grupos interesados para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de seguridad privada y garantizar que los proveedores de servicios de seguridad privada operen de manera ética y responsable (Páez Silva, 2019).
En quinto lugar, se debe abogar por una mayor cooperación internacional para abordar la delincuencia transnacional y la infiltración de los grupos delictivos transnacionales en el sector de seguridad privada. Esto incluye trabajar con organizaciones internacionales, como la ONU y la Interpol, para coordinar los esfuerzos y desarrollar estrategias efectivas para combatir la delincuencia transnacional en todas sus formas (Giraldo Quijano, 2013; Salinas Cañas y Riquelme Rivera, 2017).
Es importante reconocer que abordar la infiltración de los grupos delictivos transnacionales en el sector de seguridad privada es un desafío complejo y multifacético que requerirá un enfoque coordinado y holístico. Solo a través de la cooperación entre los gobiernos, la sociedad civil y otros grupos interesados se podrá hacer frente a esta amenaza y proteger la seguridad de la población (Arias Henao, et.al., 2022; Dalby, 2020; Perret; 2009).
Para combatir la infiltración de los grupos delictivos transnacionales en el sector de seguridad privada, es necesario mejorar los sistemas de regulación y control del sector. Esto implica fortalecer los mecanismos de supervisión y monitoreo de las empresas de seguridad privada y aumentar los requisitos de licencia y registro para estas empresas (Perret, 2009; Luna Galván, et.al., 2021; Salinas Cañas y Riquelme Rivera, 2017).
Además, se deben establecer medidas más rigurosas para la verificación de antecedentes de los empleados de seguridad privada. Los antecedentes penales y la posible vinculación con grupos delictivos deben ser verificados antes de contratar a cualquier empleado en el sector de seguridad privada. De esta manera, se puede reducir la posibilidad de que los grupos delictivos transnacionales se infiltren en el sector de seguridad privada a través de la contratación de empleados (Rivera Márquez, 2017; Perret, 2009; Urueña-Sánchez, 2019).
Otra medida importante es la promoción de la transparencia y la responsabilidad en el sector de seguridad privada. Las empresas de seguridad privada deben ser más transparentes en sus operaciones, y se deben establecer mecanismos de responsabilidad para asegurarse de que se cumplan los requisitos de regulación y control. Los empleados de seguridad privada deben ser entrenados para denunciar cualquier actividad sospechosa o ilegal a las autoridades competentes (Urueña-Sánchez, 2020; Sánchez Diez, 2019).
Además, es necesario establecer una mayor cooperación y coordinación entre las autoridades de seguridad pública y las empresas de seguridad privada. Las autoridades de seguridad pública deben trabajar en estrecha colaboración con las empresas de seguridad privada para compartir información y coordinar acciones para prevenir y combatir la infiltración de los grupos delictivos transnacionales en el sector de seguridad privada (Urueña Sánchez, 2019; Urueña Sánchez, 2020).
La lucha contra la infiltración del crimen organizado en el sector de la seguridad privada debe ser un esfuerzo conjunto y coordinado entre los países afectados. En este sentido, es esencial el fortalecimiento de la cooperación y el intercambio de información entre los países y sus agencias encargadas de la regulación y el control del sector de seguridad privada (Rosen y Zepeda Martínez, 2016; Dalby, 2020; Arias Henao, et.al., 2022; Jervis, et.al., 2021).
Una mayor coordinación internacional permitirá el desarrollo de estrategias más efectivas y la identificación de las mejores prácticas para abordar la infiltración del crimen organizado en el sector de la seguridad privada. Los países pueden aprender de las experiencias de otros países y adaptarlas a sus propias realidades, lo que podría aumentar la eficacia de los esfuerzos de regulación y control (Perret, 2009; Urueña-Sánchez, 2020).
Además, una mayor cooperación internacional puede contribuir a una mejor comprensión de la forma en que los grupos delictivos transnacionales operan y se infiltran en el sector de seguridad privada. Esto permitiría el desarrollo de estrategias más sofisticadas y mejor adaptadas a la naturaleza de la amenaza (Urbina, 2015; Urueña-Sánchez y Olasolo, 2023).
Un ejemplo de esta colaboración internacional es la Alianza Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que se estableció en 2012 con el objetivo de aumentar la cooperación entre los países para abordar la amenaza del crimen organizado transnacional. La alianza incluye a países de todo el mundo y ha llevado a la creación de un grupo de trabajo específico sobre la infiltración del crimen organizado en el sector de la seguridad privada (Global Initiative, s.f.).
Otra medida importante para abordar la infiltración del crimen organizado en el sector de seguridad privada es la promoción de la transparencia y la responsabilidad en la industria de seguridad privada. Esto implica la creación de mecanismos de rendición de cuentas, tales como la publicación de informes de auditoría y la exigencia de licencias y registros detallados de todas las empresas de seguridad privada (Sánchez Diez, 2019; Jovanovski, 2021).
Además, las autoridades deben trabajar en estrecha colaboración con los actores del sector de seguridad privada, incluyendo a las empresas y a los trabajadores de seguridad, para asegurarse de que las prácticas ilegales y las actividades del crimen organizado no se toleren en la industria. Esto puede incluir la promoción de programas de capacitación para la industria y la implementación de iniciativas de información y sensibilización para los trabajadores de seguridad privada (Rivera Márquez, 2017; Urueña-Sánchez, 2020).
Por último, es importante que los gobiernos aborden las causas subyacentes del problema, incluyendo la pobreza, la desigualdad económica y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. Al hacerlo, se pueden crear alternativas legales y sostenibles para aquellos que de otra manera podrían ser atraídos por la delincuencia organizada y el trabajo en la industria de seguridad privada ilegal (Luna Galván, et.al., 2021).
La infiltración del crimen organizado en el sector de seguridad privada es un problema importante, que no es reciente y que debe ser abordado para garantizar la seguridad de la población y proteger la integridad del sector de seguridad privada. A través de la implementación de medidas regulatorias efectivas, la promoción de la transparencia y la responsabilidad en la industria, y la creación de alternativas legales y sostenibles, los gobiernos pueden trabajar para prevenir y combatir la infiltración del crimen organizado en el sector de seguridad privada.
Teniendo en cuenta las implicaciones previamente mencionadas, es importante tomar medidas para prevenir la infiltración de grupos delictivos en el sector de seguridad privada y garantizar la seguridad de la población. Algunas de las recomendaciones son las siguientes:
Regulación efectiva del sector de seguridad privada: Se debe asegurar que existan mecanismos de supervisión efectivos y una regulación estricta para garantizar que las empresas de seguridad privada operen de manera transparente y legal. Esto incluye la implementación de procesos de selección y contratación rigurosos, la supervisión y monitoreo continuo de las actividades de seguridad privada y la creación de una base de datos de empresas y personal de seguridad privada.
Mejora de la capacitación y formación del personal de seguridad privada: Las empresas de seguridad privada deben contar con personal capacitado y formado adecuadamente en seguridad, ética y derechos humanos. Además, es importante que reciban capacitación sobre la identificación y prevención de la infiltración de grupos delictivos en el sector de seguridad privada.
Fortalecimiento de la colaboración entre las empresas de seguridad privada y las autoridades competentes: Las empresas de seguridad privada deben trabajar en estrecha colaboración con las autoridades competentes para compartir información y denunciar actividades sospechosas de grupos delictivos. Además, se deben establecer canales de comunicación efectivos entre las empresas de seguridad privada y las autoridades competentes para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones.
Implementación de medidas de seguridad adecuadas: Las empresas de seguridad privada deben implementar medidas de seguridad adecuadas para prevenir la infiltración de grupos delictivos y garantizar la seguridad de la población. Esto incluye la implementación de controles de acceso y seguridad en las instalaciones de seguridad privada, la implementación de sistemas de monitoreo y control de las actividades de seguridad privada y la creación de protocolos de actuación en caso de emergencia.
La presencia de grupos delictivos transnacionales en Colombia y en otros países de la región representa una grave amenaza para la seguridad ciudadana y el Estado de derecho. Estos grupos han desarrollado una compleja estructura empresarial y operan como empresas militares de seguridad privada, lo que les permite contar con recursos y capacidades de acción similares a las de un ejército regular.
La historia del conflicto armado y del narcotráfico en Colombia se relacionan directamente con este fenómeno de la privatización ilegal de la fuerza. Es necesario que se articulen esfuerzos institucionales para contrarrestar el enquistamiento histórico de la delincuencia en grupos armados privados al servicio del enriquecimiento ilícito en detrimento del bienestar de la ciudadanía.
La infiltración de estos grupos en el sector de la seguridad privada representa un desafío importante para la regulación y el control del sector. La falta de una regulación efectiva, la corrupción y la falta de capacitación y control sobre los agentes de seguridad privada, son factores que facilitan la infiltración de estos grupos en el sector.
Es necesario hacer un seguimiento a casos como los del Tren de Aragua o el Clan del Golfo en donde se ha identificado que estos grupos guardan estrecha relación con empresas de seguridad privada. Para abordar este problema es necesario que las autoridades fortalezcan la regulación y el control sobre el sector de la seguridad privada, incluyendo la implementación de medidas efectivas para prevenir la infiltración de grupos delictivos. También es fundamental mejorar la capacidad de investigación y persecución penal de estos grupos, con el objetivo de desmantelar sus estructuras y procesar a sus integrantes.
Además, se debe fortalecer la cooperación internacional para enfrentar este fenómeno, dada la naturaleza transnacional de estos grupos y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva a nivel regional e internacional.
En este sentido, la cooperación entre los países de la región, los organismos internacionales y organizaciones policiales internacionales como la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la Comunidad de Policías de América (Ameripol), es fundamental para fortalecer la lucha contra estos grupos. Es necesario que se promueva la cooperación técnica y financiera para apoyar los esfuerzos de los países en la lucha contra estos grupos, y se fomente la implementación de medidas efectivas de prevención y control.
En definitiva, es fundamental que los Estados y la comunidad internacional adopten medidas eficaces para enfrentar la amenaza que representan los grupos delictivos transnacionales y su infiltración en el sector de la seguridad privada. Solo de esta manera se podrá garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de derecho en la región.
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La investigación se realizó con financiamiento del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional de Colombia.
Los autores declaran no tener conflicto de interés.
Camilo Alberto Vargas Cano: (i) recojo o adquisición, análisis o interpretación de datos para el trabajo o la concepción o diseño del trabajo; (ii) redacción del trabajo o su revisión crítica al contenido intelectual importante; (iii) aprobación final de la versión que se publicará.
Juan Fernando Gil Osorio: (i) recojo o adquisición, análisis o interpretación de datos para el trabajo o la concepción o diseño del trabajo; (ii) redacción del trabajo o su revisión crítica al contenido intelectual importante; (iii) aprobación final de la versión que se publicará.
Jonnathan Jiménez-Reina: (i) recojo o adquisición, análisis o interpretación de datos para el trabajo o la concepción o diseño del trabajo; (ii) redacción del trabajo o su revisión crítica al contenido intelectual importante; (iii) aprobación final de la versión que se publicará.
Los tres autores trabajaron de manera coherente, congruente y haciendo aportes significativos en las tres áreas propuestas por resaltar. Fue un trabajo de investigación colaborativo y con aportes de cada uno en los aspectos evaluados.
Los autores agradecen los alcances brindados por el Ejército Nacional de Colombia por la oportunidad de financiar la investigación y tener este producto como resultado del proceso. También, es oportuno señalar un agradecimiento por sus observaciones y revisiones para la confección del presente manuscrito.
Camilo Alberto Vargas Cano. Magister en Contratación Estatal, Universidad de Medellín. Magister en Seguridad y Defensa Nacionales, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Contacto: camivar12@yahoo.com
Juan Fernando Gil Osorio. Candidato a Doctor en Derecho, Universidad Externado de Colombia. Magíster en Derechos Humanos y Democratización de las universidades Externado de Colombia y Carlos III de Madrid. Investigador Junior reconocido y categorizado por MinCiencias. Contacto: juanfgo1102@gmail.com
Jonnathan Jiménez-Reina. Candidato a Doctor en Seguridad Internacional, Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED-. Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, y en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Investigador Asociado reconocido y categorizado por MinCiencias. Contacto: jonnathan.jimenez008@gmail.com
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