REVISTA PERUANA DE DERECHO INTERNACIONAL
ISSN: 0035-0370 / ISSN-e: 2663-0222
Tomo LXXV, enero-abril, 2025 N° 179, pp. 279-295.
DOI: https://doi.org/10.38180/rpdi.v75i179.856
Prospects for Andean Regional Integration
Gonzalo Gutiérrez Reinel (*)
(*) Embajador del Servicio Diplomático de la República y actual Secretario General de la Comunidad Andina. Cuenta con una Maestría en Política Internacional Pública de Johns Hopkins University (EE.UU.) y estudios de posgrado en la London School of Economics y Harvard. Ha sido Ministro de Relaciones Exteriores del Perú (2014-2015), Embajador en China, Representante Permanente ante la ONU (donde fue Vicepresidente del ECOSOC) y Viceministro de Relaciones Exteriores. Presidió el Grupo de Altos Funcionarios de APEC (2008) y ha recibido importantes condecoraciones, incluyendo la Gran Cruz de la Orden "El Sol del Perú", la Gran Cruz del Mérito Civil (España) y la Orden de la Corona de Tailandia. Es Miembro Titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.
La presente exposición fue realizada el 28 de septiembre de 2024 en el marco del VI Curso de Derecho Internacional Contemporáneo organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.
El relato de la integración andina comienza un 26 de mayo de 1969, cuando cinco naciones sudamericanas suscribieron en Cartagena un Acuerdo destinado a transformar el destino de la región. Aquel documento fundacional, bautizado inicialmente como Pacto Andino, no era simplemente un tratado comercial: encarnaba la aspiración compartida de progreso, con dos objetivos fundamentales que siguen vigentes hoy: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar empleo productivo a través del desarrollo equilibrado.
Los primeros compases de este proyecto integrador estuvieron marcados por el paradigma económico predominante en la época. Inspirados en las teorías de la CEPAL, los países miembros abrazaron la estrategia de sustitución de importaciones, tejiendo una red de programación industrial conjunta y políticas de inversión armonizadas. Este modelo, sin embargo, pronto mostraría su primera fisura cuando Chile, tras cambiar su modelo económico a principios de los años setenta, decidió abandonar el barco andino.
La partida de Chile no detuvo el proceso. Como en un juego de equilibrios geopolíticos, Venezuela ocupó su lugar en 1973, iniciando una larga permanencia que se extendería por más de tres décadas. Durante este período, la filosofía integracionista experimentó una transformación silenciosa pero profunda. Los rígidos esquemas proteccionistas dieron paso gradualmente a una visión más abierta y pragmática, mientras el proyecto original se enriquecía con nuevas dimensiones que trascendían lo meramente económico.
El cambio de milenio marcó un punto de inflexión. La Comunidad Andina, con una renovada estructura institucional, amplió su horizonte hacia una integración más sólida y multidimensional. Las negociaciones con potencias extraregionales como la Unión Europea y Estados Unidos convivieron con la creación de un entramado estructural más robusto, destacando el Sistema Andino de Integración establecido en 1996. Paralelamente, emergieron nuevos temas en la agenda común: desde la conectividad digital hasta los desafíos del cambio climático, pasando por la seguridad regional.
Hoy, con cincuenta y cinco años de historia a sus espaldas, la Comunidad Andina agrupa a cuatro miembros plenos - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú - junto con cinco países asociados y seis observadores. Su trayectoria refleja la evolución misma de las ideas sobre desarrollo en América Latina: desde los dogmas económicos de los sesenta hasta los complejos desafíos del siglo XXI. El camino no ha estado exento de tensiones, como lo demostró la salida de Venezuela en 2006, pero ha demostrado una notable capacidad de adaptación.
La evolución institucional de la Comunidad Andina: hacia un modelo de integración renovado
El proceso de integración andina experimentó una transformación fundamental a mediados de la década de 1990, marcando un punto de inflexión en su devenir. Este cambio de paradigma se manifestó claramente en la transición desde un esquema organizativo basado únicamente en el Acuerdo de Cartagena hacia lo que hoy conocemos como el Sistema Andino de Integración (SAI), una estructura más compleja y articulada que respondía a las nuevas exigencias del proceso integracionista.
El punto de partida de esta evolución fue el Protocolo de Trujillo de 1995, instrumento que permitió integrar bajo un mismo paraguas institucional a las diversas entidades que habían surgido orgánicamente a lo largo de los años. De esta manera, quince organismos especializados - que iban desde el Consejo Presidencial, la Comisión y el Consejo de Cancilleres y la Secretaría General con sede en Lima hasta diversos consejos consultivos y comisiones técnicas - encontraron por fin una estructura coordinada que optimizaba su funcionamiento. Particularmente significativa fue la incorporación formal del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, creado en los años setenta pero que hasta entonces operaba al margen del sistema organizacional principal.
La reforma introducida por el Protocolo de Trujillo revolucionó particularmente el esquema de gobernanza ejecutiva. El original modelo tripartito de la Junta del Acuerdo de Cartagena, vigente desde 1969, dio paso a una Secretaría General unipersonal que centralizaba el liderazgo ejecutivo. Esta modificación no fue meramente administrativa: representaba una apuesta por una gestión más ágil y coherente del proceso integracionista. La sucesión de secretarios generales ha demostrado la continuidad institucional de este modelo.
En cuanto a sus funciones sustantivas, la Secretaría General articula su trabajo en tres ejes estratégicos fundamentales. El primero, de carácter económico-comercial, concentra los esfuerzos en materia de liberalización de mercados y facilitación del comercio intrarregional. El segundo eje, dedicado a la transformación productiva e integración física, aborda desafíos contemporáneos como la conectividad eléctrica y el desarrollo de infraestructura crítica. Finalmente, el área de desarrollo social representa la dimensión más innovadora, incorporando temas como movilidad humana, seguridad social y protección de grupos vulnerables, reflejando así la evolución de la integración andina hacia un modelo más integral y centrado en el ciudadano.
Esta estructura renovada ha permitido a la Comunidad Andina adaptarse a los desafíos del siglo XXI, manteniendo su esencia original pero dotándose de instrumentos más eficaces para responder a las demandas de una región en constante transformación. El equilibrio entre continuidad y cambio queda así plasmado en un sistema que honra los principios fundacionales del Acuerdo de Cartagena mientras incorpora las lecciones aprendidas en más de cinco décadas de integración.
La dimensión comercial y productiva de la integración andina: logros y desafíos contemporáneos
El proceso de integración comercial constituye sin duda el pilar más consolidado de la Comunidad Andina, representando un caso paradigmático de éxito en la materialización de los objetivos originales del Acuerdo de Cartagena. La creación de una zona de libre comercio plena entre los cuatro países miembros - donde el 100% de los productos circulan sin aranceles - no es solo un logro técnico, sino la expresión concreta de una visión compartida de desarrollo económico regional.
Este marco comercial avanzado, sin embargo, requiere de una estructura sofisticada para su adecuado funcionamiento. Tres dimensiones resultan particularmente relevantes:
1. El sistema de normas de origen, que establece los criterios para determinar qué productos pueden considerarse efectivamente andinos y acceder así a los beneficios del área de libre comercio. Este mecanismo técnico pero fundamental opera como garante de la integridad del sistema.
2. Los mecanismos de solución de diferencias, que permiten abordar los inevitables conflictos que surgen en cualquier relación comercial intensa, asegurando que las disputas no erosionen los avances alcanzados.
3. Los acuerdos sectoriales, particularmente en el ámbito agropecuario, donde temas como la sanidad animal, la fitosanidad y la inocuidad alimentaria requieren de una coordinación permanente que trasciende lo meramente comercial.
La integración física emerge como complemento indispensable de esta dimensión comercial. Proyectos emblemáticos en transporte multimodal y, especialmente, la reciente iniciativa de integración eléctrica, están creando las condiciones para que la libre circulación de bienes sea acompañada por una creciente conectividad energética y logística. Este proceso se ve potenciado por políticas activas de transformación productiva que buscan fortalecer las cadenas de valor regionales, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas.
No obstante, la verdadera innovación del modelo andino contemporáneo reside en haber trascendido la mera dimensión económica. El tercer pilar estratégico -el desarrollo social- incorpora temas tan diversos como profundos: desde la protección de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes hasta la creación de mecanismos de seguridad social transfronterizos. Esta dimensión humana de la integración, que incluye también políticas migratorias coordinadas y la promoción de una identidad cultural compartida, representa quizás el avance más significativo en la evolución del proyecto andino, demostrando su capacidad para adaptarse a las demandas sociales del siglo XXI.
La articulación de estas tres dimensiones -comercial, productiva y social- configura hoy un modelo de integración singular, que combina el pragmatismo económico con una visión inclusiva del desarrollo.
La ampliación de la agenda andina: nuevos desafíos estratégicos en seguridad, infraestructura y desarrollo social
La evolución reciente de la Comunidad Andina ha incorporado dimensiones críticas que trascienden el ámbito económico-comercial, respondiendo a los desafíos emergentes de la región. En materia de seguridad, los países miembros han adoptado un enfoque proactivo mediante la implementación del Plan de Acción Resolutivo, la Decisión 922, instrumento diseñado para coordinar políticas frente a las crecientes amenazas transnacionales. Este marco de acción, surgido como respuesta a las crisis de seguridad que han afectado a varios Estados miembros, representa un hito en la cooperación regional al establecer mecanismos concretos de colaboración en inteligencia, control fronterizo y persecución del crimen organizado.
Paralelamente, la gestión de riesgos y desastres naturales ha cobrado especial relevancia en la agenda andina. La reciente firma de un memorando de entendimiento con la Unión Europea para el fortalecimiento de capacidades en esta materia refleja la urgencia de abordar sistemáticamente esta problemática, particularmente sensible en una región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. En este contexto, la minería ilegal emerge como un desafío multidimensional que combina aspectos ambientales, económicos y de seguridad, con impactos particularmente severos en países como el Perú, donde este fenómeno ha superado incluso al narcotráfico en términos de flujos financieros ilícitos.
Innovación en infraestructura y transformación digital
El Segundo Foro Andino de Transporte Aéreo, celebrado recientemente en Lima, ejemplifica el enfoque práctico que la CAN está adoptando para modernizar la conectividad regional. El análisis de los desafíos que plantea el nuevo terminal aéreo de la capital peruana dentro del esquema de integración andina ilustra cómo la organización está abordando estratégicamente las limitaciones de infraestructura que afectan la competitividad regional.
En el ámbito digital, la CAN está impulsando ambiciosas iniciativas para acelerar la integración electrónica, incluyendo programas de formación especializada en economía digital. Este esfuerzo busca no solo modernizar los patrones comerciales, sino también reducir las asimetrías tecnológicas entre los países miembros, creando oportunidades concretas para los ciudadanos andinos.
Patrimonio cultural y desarrollo social
La publicación del primer compendio regional de denominaciones de origen e indicaciones geográficas marca un avance significativo en la protección del patrimonio cultural andino. Productos emblemáticos como el cacao Arriba de Ecuador, los sombreros de paja toquilla de Montecristi, las flores colombianas, la quinua real boliviana y el pisco del Perú no solo representan activos económicos valiosos, sino que encarnan saberes tradicionales y prácticas culturales ancestrales que la CAN se ha comprometido a salvaguardar.
Esta diversificación temática de la agenda andina - que abarca desde seguridad hasta patrimonio cultural - demuestra la capacidad de la organización para adaptarse a las complejidades del siglo XXI, manteniendo siempre como eje central el bienestar concreto de los ciudadanos de la región. El equilibrio entre estos diversos frentes de acción constituye quizás el principal desafío de gobernanza para la CAN en los próximos años, requiriendo tanto flexibilidad institucional como una clara visión estratégica compartida entre los Estados miembros.
La arquitectura normativa de la Comunidad Andina: mecanismos de integración jurídica y respuesta a desafíos regionales
El proceso de integración andino ha desarrollado un complejo sistema de movilidad humana que trasciende la mera facilitación migratoria. Las medidas implementadas en cooperación aduanera y armonización de políticas migratorias responden a una visión integral de la circulación de personas, equilibrando la libre movilidad - principio fundacional de la Comunidad Andina - con los imperativos de seguridad regional. Este equilibrio cobró especial relevancia tras los graves incidentes de enero de 2023 en Ecuador, que incluyeron el asesinato de un candidato presidencial y ataques a medios de comunicación. Estos eventos catalizaron la adopción de la Decisión 922, instrumento jurídico que establece un Plan de Acción Resolutivo contra el crimen organizado transnacional mediante trece líneas de acción concretas.
La implementación de esta decisión ha permitido crear estructuras operativas como el Centro de Información Andino, plataforma que consolida datos sobre individuos requisitoriados y antecedentes penales, fortaleciendo así la capacidad regional de inteligencia policial. La importancia estratégica de este mecanismo radica en que trasciende la dimensión tradicional de seguridad pública, protegiendo las bases mismas del sistema democrático andino frente a amenazas que desconocen fronteras nacionales.
El sistema normativo andino: supranacionalidad y eficacia jurídica
El marco jurídico de la Comunidad Andina constituye un modelo singular de integración normativa. Las Decisiones Andinas, adoptadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) o por la Comisión (integrada por ministros de Comercio), poseen características únicas:
1. Eficacia directa: Tras su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, se incorporan automáticamente al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros sin requerir ratificación parlamentaria.
2. Primacía jurídica: Prevalece sobre las normas nacionales, incluso posteriores, conforme al principio de supranacionalidad.
3. Aplicabilidad inmediata: Los ciudadanos pueden invocarlas directamente ante tribunales nacionales, configurando un verdadero derecho comunitario andino.
Este sistema se complementa con las Resoluciones de la Secretaría General, que si bien tienen menor jerarquía que las Decisiones, son vinculantes en materias operativas del Sistema Andino de Integración. La distinción entre ambos instrumentos refleja el equilibrio entre la soberanía estatal y la necesidad de eficacia normativa que caracteriza al proceso de integración andino.
El principio de supranacionalidad en el sistema andino: fundamentos y aplicación práctica
El sustento jurídico que dota de eficacia al marco normativo de la Comunidad Andina reside en el principio de supranacionalidad, concepto clave que distingue este proceso integracionista de otras formas de cooperación internacional. La supranacionalidad representa la capacidad de las normas comunitarias para integrarse directamente en los ordenamientos jurídicos nacionales, trascendiendo el paradigma tradicional de soberanía estatal absoluta. Este modelo, cuyo origen se remonta a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1951), fue adaptado al contexto andino con notables innovaciones organizacionales.
Tres atributos esenciales caracterizan este principio en la práctica andina, como se ha señalado antes:
1. Primacía del derecho comunitario: Las Decisiones Andinas – adoptadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) o la Comisión – prevalecen sobre cualquier norma interna, independientemente de su jerarquía o antigüedad. Esta preeminencia obliga a jueces y autoridades administrativas de los Estados miembros a aplicar preferentemente la normativa andina cuando exista conflicto con disposiciones nacionales.
2. Aplicación inmediata: Tras su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena – equivalente al diario oficial de los Estados nacionales –, las normas andinas adquieren plena vigencia sin requerir actos adicionales de recepción o ratificación por parte de los parlamentos nacionales.
3. Efecto directo: La normativa andina genera derechos y obligaciones exigibles no solo ante los Estados miembros, sino también por parte de personas naturales y jurídicas, quienes pueden invocarlas directamente ante instancias judiciales nacionales o comunitarias.
Mecanismo de solución de controversias: un sistema en dos niveles
La efectividad del principio de supranacionalidad se garantiza mediante un sistema integral de solución de controversias, estructurado en dos instancias:
- Fase prejudicial: La Secretaría General actúa como primer filtro, emitiendo resoluciones técnicas sobre presuntas violaciones a la normativa comunitaria. Este mecanismo administrativo busca resolver conflictos mediante diálogo y concertación.
- Fase jurisdiccional: El Tribunal de Justicia Andino (con sede en Quito) constituye la máxima instancia interpretativa y decisoria. Entre sus competencias destacan:
Acciones de incumplimiento: Para garantizar la aplicación uniforme del derecho comunitario.
Acciones de nulidad: Como control de legalidad de actos institucionales.
Cuestiones prejudiciales: A solicitud de tribunales nacionales que requieran interpretación auténtica de normas andinas.
Este diseño, que permite a particulares acceder directamente al sistema sin necesidad de intermediación estatal, refleja una evolución significativa respecto al modelo europeo original, adaptándose a las particularidades del contexto jurídico y político andino. La efectividad de este mecanismo ha sido demostrada en casos emblemáticos, donde se ha logrado equilibrar la autonomía de los Estados miembros con la necesaria seguridad jurídica del proceso integracionista.
La función interpretativa del Tribunal de Justicia Andino y los sujetos legitimados en el sistema de solución de controversias
El Tribunal de Justicia Andino ejerce una función primordial como intérprete auténtico del derecho comunitario, facultad que se materializa a través de los procedimientos prejudiciales iniciados por los tribunales nacionales. Esta potestad interpretativa garantiza la aplicación uniforme de las normas andinas en los cuatro Estados miembros, consolidando así la seguridad jurídica del proceso integracionista. Además, el Tribunal conoce de controversias laborales que involucran al personal del Sistema Andino de Integración y de recursos por omisión, completando así su espectro competencial.
En cuanto a los sujetos legitimados para activar el mecanismo de solución de controversias, el sistema andino destaca por su amplitud y apertura. Además de los Estados miembros y los quince órganos que conforman el Sistema Andino de Integración - estructura creada mediante el Protocolo de Trujillo en 1995 - las personas naturales y jurídicas tienen acceso directo al sistema sin necesidad de intermediación estatal. Esta característica constituye una innovación significativa en el contexto sudamericano, donde otros procesos de integración suelen requerir el filtro de los Estados nacionales para que los particulares accedan a los mecanismos de solución de controversias.
Logros tangibles de la integración andina: desde la libre circulación hasta los derechos ciudadanos
Los avances concretos del proceso de integración se manifiestan en diversas dimensiones:
1. Zona de Libre Comercio: Consolidada desde 1993, permite la circulación del 100% de los productos sin aranceles, generando beneficios directos para empresas y consumidores mediante la reducción de costos transfronterizos.
2. Libre movilidad: Los ciudadanos andinos pueden transitar entre los cuatro países sin requisitos de visa o pasaporte, manifestación concreta de la ciudadanía andina y de la identidad comunitaria compartida.
3. Eliminación del roaming: Las decisiones andinas han suprimido los cargos por itinerancia móvil para usuarios con contratos pospago, requiriendo solo notificación previa en algunos casos. Este logro, aunque técnico en apariencia, simboliza la materialización de beneficios directos en la vida cotidiana de los ciudadanos.
4. Protección consular: Los ciudadanos andinos pueden ver amparados sus derechos por los consulados de cualquier país andino en una localidad extranjera donde no se encuentre un consulado de su propia nacionalidad.
Estas realizaciones concretas evidencian cómo el proceso andino ha trascendido el plano meramente económico para incorporar una dimensión ciudadana palpable, construyendo progresivamente lo que podríamos denominar un "espacio vital común" andino. La combinación de estos logros - algunos estructurales como la zona de libre comercio, otros más recientes como la supresión del roaming - demuestra la capacidad del sistema para evolucionar y adaptarse a las necesidades cambiantes de la región.
Avances sustantivos en la integración andina: desde beneficios concretos hasta la protección del patrimonio biocultural
El ordenamiento jurídico andino ha alcanzado un notable grado de desarrollo, con más de 930 Decisiones y 2,300 Resoluciones de la Secretaría General que conforman un robusto marco normativo de aplicación inmediata. Este acervo jurídico se complementa con iniciativas estratégicas como:
1. La Agenda Digital Andina, estructurada en cinco ejes prioritarios, que busca reducir la brecha tecnológica y promover la inclusión digital en la subregión.
2. La Carta Ambiental Andina, instrumento pionero en la protección del patrimonio natural compartido, particularmente relevante dado que los cuatro países miembros son simultáneamente estados andinos y amazónicos, representando el 50% del territorio cubierto por el Tratado de Cooperación Amazónica. La próxima COP de Biodiversidad en Colombia constituirá un hito fundamental para visibilizar este compromiso regional.
La dimensión social de la integración: protección de minorías y pueblos originarios
El proceso andino ha desarrollado una institucionalidad especializada para la protección de grupos históricamente marginados:
- El Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, que integra a representantes de la sociedad civil en el proceso de formulación de políticas.
- El Comité de Autoridades Gubernamentales, encargado de articular las políticas nacionales en esta materia.
Estas instancias han permitido avanzar en la incorporación del enfoque intercultural en decisiones comunitarias, trascendiendo así el carácter meramente económico-comercial del proceso integracionista.
Conecta Empleo: formación para la ciudadanía digital andina
En el ámbito de la capacitación, destaca el programa Conecta Empleo, desarrollado en alianza con la Fundación Telefónica de España. Esta iniciativa ofrece más de veinte cursos gratuitos que abarcan desde competencias digitales básicas hasta temas avanzados como:
- Ciberseguridad
- Internet de las cosas
- Inteligencia artificial aplicada al desarrollo
Este programa ejemplifica cómo la CAN está traduciendo los principios de integración en oportunidades concretas de formación para los ciudadanos, preparando a la fuerza laboral regional para los desafíos de la economía digital. Los participantes que culminan satisfactoriamente los cursos reciben una certificación que acredita sus competencias, potenciando así sus oportunidades laborales en el mercado andino. Este mecanismo no solo fortalece las capacidades individuales, sino que contribuye a la construcción de un capital humano regional más competitivo.
En el ámbito comunicacional, la CAN ha implementado una estrategia multiplataforma que incluye redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook) y un boletín informativo estructurado. Estos canales buscan superar el histórico déficit de difusión sobre los avances del proceso integracionista, facilitando el acceso a información relevante mediante formatos adaptados a las dinámicas comunicacionales contemporáneas.
Caso paradigmático: la defensa del consumidor andino
Un hito reciente en la aplicación del sistema de solución de controversias lo constituye el caso de colusión transnacional en el mercado de productos higiénicos. La Secretaría General, tras una exhaustiva investigación iniciada hace varios años, demostró cómo dos empresas multinacionales -con matrices en Colombia y operaciones en Ecuador- coordinaron artificialmente los precios de artículos de primera necesidad, perjudicando directamente a los consumidores.
El proceso judicial, que culminó con dos sentencias del Tribunal Andino de Justicia, representa un precedente histórico por varias razones:
1. Validación de las facultades sancionadoras de la Secretaría General frente a prácticas anticompetitivas transfronterizas.
2. Reconocimiento explícito de la protección al consumidor como derecho comunitario exigible.
3. Afirmación del principio de que las normas andinas prevalecen sobre intereses corporativos transnacionales.
Este fallo, el primero en sus 55 años de historia que sanciona efectivamente a empresas multinacionales por afectar derechos colectivos, marca un punto de inflexión en la defensa de los intereses de los ciudadanos andinos. La ratificación de las cuantiosas multas impuestas originalmente por la Secretaría General no solo fortalece la credibilidad del sistema andino de solución de controversias, sino que establece un poderoso disuasivo contra prácticas oligopólicas en la subregión.
La combinación de estos elementos -desde programas de capacitación accesibles hasta mecanismos efectivos de protección de derechos- ilustra cómo la CAN está evolucionando hacia un modelo de integración que conjuga el rigor técnico con un enfoque centrado en el ciudadano. El caso de las multas a las empresas de productos de papel demuestra precisamente esta vocación: la integración como instrumento para defender los intereses concretos de la población andina frente a poderosos actores económicos.
El precedente jurídico y sus implicancias para la gobernanza económica regional
Este fallo constituye un parteaguas en la evolución del sistema andino de competencia, estableciendo un precedente fundamental para la actuación futura de la Secretaría General en casos transfronterizos que afecten los intereses de los consumidores andinos. Debe precisarse, no obstante, que la competencia de la Secretaría se circunscribe específicamente a aquellas prácticas anticompetitivas que trascienden las fronteras nacionales, como en el presente caso de colusión transnacional entre empresas operando en dos países miembros. Para situaciones estrictamente domésticas, como sería el caso en el Perú con Indecopi, la potestad recae exclusivamente en las agencias nacionales de defensa de la competencia. Esta delimitación de competencias refleja el principio de subsidiariedad que caracteriza al sistema andino de integración.
Impacto económico de la integración: el caso peruano
El análisis de los flujos comerciales del Perú con sus socios andinos revela una evolución significativa desde la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969:
1. Tendencia histórica: Los intercambios comerciales intrarregionales han incrementado sustancialmente su participación relativa en el Producto Interno Bruto peruano, superando ampliamente los niveles registrados en las primeras décadas del proceso integracionista.
2. Composición actual: Las estadísticas desagregadas muestran que Ecuador (representado en líneas color marrón claro), Colombia (azul) y Bolivia (verde) constituyen los principales destinos de las exportaciones peruanas dentro de la CAN. Pese a una contracción en 2023, los datos preliminares de 2024 indican una recuperación promisoria del comercio intrarregional.
3. Desafíos pendientes:
- La proporción del comercio intraandino sigue siendo modesta comparada con los intercambios extraregionales.
- Si bien las exportaciones intrarregionales presentan mayor valor agregado que las dirigidas a otros mercados, su volumen total dista del potencial esperado.
- Se estima necesario como mínimo duplicar los flujos comerciales con los socios andinos para aprovechar plenamente las ventajas del mercado ampliado.
Convergencia estratégica con otros esquemas de integración
La CAN viene desarrollando una política activa de articulación con otros mecanismos regionales, destacando:
- Mercosur: A través de acuerdos de complementación económica
- ALADI: Mediante acuerdos de alcance parcial
- Alianza del Pacífico: En áreas de cooperación específicas
Un avance particularmente relevante es el proyecto de integración eléctrica andina, iniciativa reciente que busca crear un mercado regional de energía, optimizando los recursos naturales y la infraestructura existente en los países miembros. Este proyecto simboliza la capacidad de la CAN para innovar en nuevas áreas de cooperación, más allá de los tradicionales esquemas comerciales.
La integración eléctrica andina: un proyecto estratégico con visión de futuro
El sistema de integración eléctrica que actualmente promueven Ecuador, Colombia y el Perú representa un avance significativo en la materialización de un mercado energético regional. Mediante tres resoluciones específicas aprobadas por la Secretaría General, se han establecido los marcos regulatorios que permitirán la interconexión de los mercados de electricidad entre estos tres países miembros. Este proyecto adquiere mayor relevancia al considerar el interés manifestado por Bolivia -que aunque no participa actualmente, ha expresado su intención de incorporarse en una etapa posterior- y, de manera particular, por Chile, país asociado que ha mostrado un notable interés en adherirse a esta iniciativa.
La Secretaría General, a través de su departamento jurídico, ha desarrollado ya los mecanismos para facilitar la participación chilena en este esquema, lo que ampliaría significativamente el alcance y los beneficios potenciales del sistema. Esta iniciativa no solo optimizará el uso de los recursos energéticos de la subregión, sino que sentará las bases para una mayor complementariedad económica entre los países participantes.
Reflexiones finales: la integración al servicio de los ciudadanos
A modo de conclusión, debo decir que esta exposición ha buscado ilustrar la vitalidad actual del proceso andino de integración y su capacidad para generar beneficios concretos en la vida de los ciudadanos. Durante mi gestión al frente de la Secretaría General, hemos enfatizado precisamente este enfoque: que cada medida, decisión o resolución adoptada tenga un impacto positivo y tangible en la población andina.
Agradezco profundamente a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por esta valiosa oportunidad de diálogo, que permite reflexionar colectivamente sobre los logros y desafíos de la CAN.