Revista Peruana de Derecho Internacional
Tomo LXX Setiembre-Diciembre 2020 N° 166, pp. 79-114. ISSN: 2663-0222
Recepción: 30/09/2020 Aceptación: 07/11/2020
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TRIBUNALES ESPECIALES O HÍBRIDOS Y MECANISMOS RESIDUALES EN EL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL
SPECIAL OR HYBRID COURTS AND RESIDUAL MECHANISMS IN THE
INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
Carolina Loayza Tamayo
RESUMEN
La lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos y el
establecimiento de un tribunal penal internacional permanente han sido una constante a partir
de la Segunda Guerra Mundial. A fines del siglo XX e inicios del Siglo XXI, nuevas
jurisdicciones penales internacionales fueron establecidas además de una corte penal
internacional permanente: los tribunales Especiales para no dejar impunes graves violaciones
a los derechos humanos ocurridas durante la guerra fría y los Mecanismos Residuales, como
parte de una estrategia para finalizar toda actividad jurisdiccional penal internacional temporal
establecida post Guerra Fría. Ambas jurisdicciones, si bien temporales, reconocen la
importancia de la justicia nacional y se dirigen a fortalecer el sistema de justicia penal
internacional permanente.
Palabras Clave: Derecho Penal Internacional, Sistema de Justicia Penal Internacional,
Jurisdicción Universal, Mecanismo Residual para los Tribunales Penales, Tribunal Especial
para Sierra Leona, Tribunal Especial Residual para Sierra Leona, Paneles Especiales para
graves crímenes en Timor del Este, Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya,
Tribunal Especial para el Líbano.
ABSTRACT
The fight against impunity for serious human rights violations and the establishment of a
permanent international criminal court have been a constant since the Second World War. At
the end of the 20
th
century and the beginning of the 21
st
century, new international criminal
jurisdictions were established in addition to a permanent international criminal court, the
Special Tribunals to avoid leaving unpunished serious human rights violations of international
law, that occurred during the cold war and the Residual Mechanisms as a part of strategy to end
all temporary international criminal jurisdiction activity established post Cold War. Both
Abogada, con estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y de Doctorado en Derecho
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Profesora de la Universidad Tecnológica del Perú, abogada
litigante en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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jurisdictions, although temporary, recognize the importance of national justice and aim to
strengthen the international criminal justice system.
Keywords: International Criminal Law, International Criminal System of Justice, Universal
Jurisdiction, Residual Mechanism for Criminal Tribunals, Special Court for Sierra Leone,
Residual Special Court for Sierra Leone, Special Panels for serious crimes in East Timor,
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Special Tribunal for Lebanon.
…….
INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos centrales de la Comunidad Internacional (CI), desde los inicios del pasado
siglo XX, ha sido superar el problema de la impunidad a través de mecanismos jurisdiccionales
internacionales permanentes (Amnistía Internacional, 1997, p. 18).
El Derecho Internacional (DI) del Siglo XX se ha caracterizado por la construcción de un
Sistema de Justicia Penal Internacional [SJPI] que se distingue por el reconocimiento de la
responsabilidad penal internacional y la progresiva institucionalización internacional del
ejercicio del ius puniendi (Escobar Hernández, 2012, p. 6). El SJPI descansa en el Principio de
soberanía estatal, y coloca a los Estados en la primera línea de defensa de la humanidad respecto
a los más graves crímenes internacionales; y concibe a la actuación de los tribunales penales
internacionales como una excepción.
El origen del SJPI se ubica en el establecimiento del Tribunal Militar Internacional de
Núremberg (TMI) y del Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente (TPMILO)
(Silva-Tosca, 2017, nota 1). Ha experimentando un gran desarrollo, gracias a la toma de
conciencia de la necesidad de acabar con la impunidad (Gustavo Sierra Prieto, 2011, pp. 202-
204); aunque su elaboración no ha sido progresiva ni constante, y se ha desarrollado y aplicado
durante momentos históricos muy concretos: el período de postconflicto de la II Guerra
Mundial [IIGM] (1945-1954); el inicio del fin de la Guerra Fría (1989-2002), y los años
posteriores al establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) (2002). Este último, es el
punto culminante del proceso de institucionalización del Derecho Penal Internacional [DPI]
Contemporáneo (Regue Blasi, 2019, p.1). Los dos últimos períodos han sido testigos del
surgimiento de nuevos tribunales penales -de naturaleza ad hoc y especiales o híbridos-, así
como de su tránsito hacia mecanismos residuales.
Son materia del presente estudio, los tribunales especiales y los Mecanismos Residuales, nuevas
jurisdicciones internacionales que coadyuvan al propósito de consolidar un SJPI permanente.
1. ANTECEDENTES
El proceso hacia el establecimiento de un SJPI se inicia luego de la Primera Guerra Mundial
(IGM) (De Lujan Flores, 1997, p. 375). La doctrina ha ubicado antecedentes, específicamente,
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respecto a las infracciones graves a las leyes de la guerra y posteriormente respecto a otros
delitos internacionales. El más antiguo, el de un tribunal constituido en 1474 por jueces de
Alsacia, Austria, Alemania y Suiza “para juzgar a Peter de Hagebanch por homicidio, violación,
perjurio y otros delitos contrarios a las leyes de Dios y los hombres durante la ocupación de
Breisach” (Bassiouni M., 2009, p. 132). Otros antecedentes son las propuestas de Gustave
Moynier de 3 de enero de 1872 y la del Instituto de Derecho Internacional, que no prosperaron
(Hall, 1998, pp. 64-66, 71). Bassiouni (1999) incluye a las comisiones internacionales
investigadoras para los crímenes ocurridos durante la IGM (1919) y la IIGM (1943 y 1946), así
como los creados post Guerra Fría (p. 6).
El Tratado de Versalles suscrito tras la IGM (28 de junio de 1919), constituye el primer esfuerzo
estatal por establecer la responsabilidad penal individual por violación del DI, al desarrollar la
idea de establecer una corte internacional permanente para juzgar crímenes de guerra (Guevara
B. & Dalmaso, 2005, pp. 4-5). Este tratado dispuso la constitución de un tribunal especial para
juzgar al Káiser Guillermo II de Hohenzollern por el “crimen supremo en contra de la moralidad
internacional y la santidad de los tratados” (art. 227), consagrando el derecho de las potencias
vencedoras para juzgar a personas por violación a las leyes y costumbres de la guerra en sus
propios tribunales militares, o por un tribunal compuesto por militares de la nacionalidad de las
potencias involucradas, independientemente que los tribunales alemanes o sus aliados hubieran
conocido de esos crímenes (arts. 228 y 229) (Guevara B. & Dalmaso, 2005, p. 6).
Guillermo II no llegó a ser enjuiciado (Broomhall, 1999); aunque se llevaron a cabo procesos
simbólicos nacionales en Leipzig, Alemania (Bassiouni, 1999, p. 7); cuyo resultado demostró
el fracaso de la justicia en favor de la impunidad (Guevara B. & Dalmaso, 2005, p. 7).
Ricardo Alfaro (1950), Relator Especial sobre la cuestión del establecimiento de un órgano
penal internacional, se refiere a la Convención para la Creación de una Corte Penal
Internacional adoptada en la Conferencia de Ginebra para la Prevención y la Represión del
terrorismo en noviembre de 1937, como el primer antecedente destinado a instaurar una corte
penal internacional de carácter permanente (De Lujan Flores, 1997, p. 376).
2. PERIODO POST SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
La voluntad de las potencias aliadas de juzgar y sancionar a individuos pertenecientes al Eje,
responsables de cometer graves crímenes, se concretó con la creación de tribunales ad hoc, de
naturaleza militar conformados por los aliados, con límites temporales y geográficos, y
competencia especializada: el TMI
1
en el Acuerdo de Londres (8 de agosto de 1945) y el
TPMILO en la proclama del General Douglas Mac Arthur, Comandante Supremo de las Fuerzas
Aliadas en el Lejano Oriente (19 de enero de 1946) (Fraschina, 2008, p. 17).
1
La Ordenanza N° 10 de 20 de diciembre de 1945 permite la creación de tribunales militares francés,
norteamericano, soviético y británico por el Consejo de Control Aliado para el enjuiciamiento de los criminales
nazis, actuando en sus respectivas zonas de ocupación en Alemania.
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Ambos tribunales fueron objetados por su carácter ad hoc y su creación ex post facto; tratarse
de tribunales multinacionales de los vencedores de la guerra, atentar contra el principio del juez
natural o legal; y la aplicación de sanciones por comportamientos ilícitos que a la fecha de los
hechos solo generaban responsabilidad estatal (Guariglia, 1996, p. 58). Sin embargo,
representan un avance en la tarea de impedir que los responsables de graves violaciones a los
derechos humanos eludan la justicia (Amnistía Internacional, 1997, p. 11); así como, a la
construcción de un SJPI como mecanismo para acabar con la impunidad (Asamblea General de
Naciones Unidas, 1947), (Resolución 488 (V), 12 de diciembre de 1950).
A ese propósito, coadyuvó la Comisión de Derecho Internacional (CDI) que elaboró los
proyectos de un Código de Delitos contra la Paz y Seguridad de la Humanidad (1951, 1954), y
los estudios sobre “la conveniencia y posibilidad de establecer un órgano judicial internacional
para el juzgamiento de personas acusadas de genocidio” (Fraschina, 2008, p. 22).
Por primera vez, se establece en un tratado -la Convención para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio-, la creación de un tribunal penal internacional para juzgar a personas (art.
VI) -que no llegó a constituirse- y se incorpora el principio de persecución universal
convencional como alternativa (Asamblea General de Naciones Unidas, 1948). El proyecto de
establecer una institución penal internacional permanente no llegó a concretarse, por la ausencia
de acuerdo sobre la definición del crimen de agresión (Fernández Carter, 2016, p. 7) (Bassiouni,
2009, p. 137) -que se alcanzó en la Resolución 3314 (XXIX) (14 de diciembre de 1974)-; y por
la Guerra Fría (Broomhall, 1999, p. 5).
3. LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL
Una consecuencia directa y natural del principio de soberanía de los Estados es que la represión
y castigo de los delitos cometidos en su territorio, se fundamenta en el principio de
territorialidad. En la práctica, los Estados fallan en la sanción de los responsables de crímenes
internacionales o de graves violaciones a los derechos humanos, v.g. por su no procesamiento,
porque sancionan solo a inculpados de menor rango, o no aceptan la competencia de tribunales
penales internacionales o estos carecen de competencia en razón del tiempo o del espacio. “En
tales situaciones se necesita la intervención de Estados ajenos, como agentes del orden público
mundial, para evitar la impunidad de los graves crímenes internacionales” (Cassel, 2005, p. 37).
El DPI ofrece medios procesales como la Jurisdicción Universal (JU), de naturaleza
consuetudinaria, por el cual un Estado actuando como órgano y agente de la CI y, en ausencia
de otra base jurisdiccional, ejerce el poder de sancionar a una persona que ha cometido un
delicta juris gentium aun cuando “the crime was committed outside its territory by a foreigner,
against any person or group of persons without any link with the prosecuting State, providing
that the criminal is in the State’s custody (judex deprehensionis) when brought to trial”
(Benavides Hernández, 2001, pp. 28-29), (CICR, 2014, p. 1).
Este tipo de jurisdicción generalmente ejercido consuetudinariamente por los Estados, sobre un
determinado tipo y número de delitos, tiene como objeto impedir la impunidad de los graves
crímenes internacionales y sancionar a los autores de una especial categoría de crimen
internacional que por su gravedad todo Estado tiene derecho a perseguir; pues al lesionar bienes
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jurídicos de la CI, su represión es de interés de todos sus miembros (INREDH, 2003, pp. 141-
143), (Relva, 2005, pp. 947-949), (Benavides Hernández, 2001, pp. 22-27, 32-33), por obedecer
a un interés superior: el orden público internacional (Cassel, 2005, p. 34).
Si bien, no toda norma internacional tiene efectos erga omnes, ni toda norma internacional con
efecto erga omnes es una norma de jus cogens, tampoco toda violación de una norma de jus
cogens configura un crimen internacional (Acosta Estévez, 1995, págs. 3-22); por lo que
tratándose de graves crímenes internacionales que afectan normas de ius cogens con efectos
erga omnes -esclavitud, genocidio o la tortura-, el ejercicio del principio de JU para su represión
sería inderogable (INREDH, 2003, pp. 143 - 144)
2
.
Los intentos de crear una corte penal internacional permanente no han significado el
debilitamiento o desaparición de la JU. Ambos se complementan en pro de la justicia y la no
impunidad; y, exige compromiso político de los Estados para incorporarlo en sus legislaciones
nacionales, así como compromiso por la justicia de sus tribunales, para no debilitarlo cuando
lo ejercen otros Estados respecto a sus nacionales o al ejercerlo.
4. LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES EN LA POST-GUERRA
FRÍA
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia - TPIY y el Tribunal Penal Internacional
para Ruanda – TPIR se establecieron para enfrentar los graves crímenes que se estaban
cometiendo en esos países, ponerles fin y tomar medidas efectivas para llevar a la justicia a sus
responsables. El establecimiento de estos tribunales, de gran importancia política-jurídica,
demostró que la paz sostenida solo es posible sobre la base de la justicia y de la no impunidad.
También demostró su efectividad, aunque solo en el área de acción limitada que se les asignó;
que respondería a tres motivos: (1) desarrollaron y cumplieron las tareas para las cuales fueron
establecidos; (2) sirvieron de “potente incentivo” para que los tribunales nacionales ejerzan sus
competencias y apliquen el DPI; y, porque (3) se debilitó la noción de que la conducta delictiva
es únicamente preocupación de la comunidad en que se cometió, en lo que se refiere a crímenes
internacionales; avizorando que el SJPI se irá afirmando gradualmente a través de la
jurisdicción penal permanente o recurriendo a tribunales ad hoc o a los llamados tribunales
especiales cuando no sea posible recurrir al primero (Cassese, 2009, p. 129).
4.1 TRIBUNALES AD HOC DE LA POST GUERRA FRÍA
Los TPIY y TPIR fueron creados por el Consejo de Seguridad (CS) mediante las Resoluciones
827 y 955 de 25 de mayo de 1993, y 8 de noviembre de 1994, respectivamente; en un ambiente
2
Mediante Resolución 56/83 AG (12 de diciembre de 2001), se tomó nota del Informe de la CDI sobre sobre
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Sus artículos 40 y 41 referidos a las
“Violaciones graves de obligaciones emanadas de normas imperativas del derecho internacional general”,
reconocen que ciertas violaciones a dichas obligaciones, acarrean la obligación de “no reconocer como lícitas
dichas violaciones, prohíbe prestar ayuda o asistencia para mantener esa situación ilegítima generada por un
hecho ilícito, y establece la obligación de cooperar para poner fin, a través de medios lícitos, a dicha situación”
(Crawford, 2009).
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de indignación generalizada y de presión de los gobiernos para que se controlen los conflictos
armados en la ex Yugoslavia (Comisión de Derechos Humanos, 1992, pp. 1-6) y en Ruanda
(ACNUR, 2017), (Lledó Vásquez, 2000, pp. 226-227).
El CS, optó, al amparo del Capítulo VII de la Carta de la ONU, por crear órganos subsidiarios
de naturaleza judicial no previstos expresamente en dicha Carta (Fraschina, 2008, pp. 34-35).
Su decisión “abrió amplias perspectivas para la consolidación de instancias judiciales como
mecanismos a los que la [CI] puede recurrir para mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales” (Odio Benites, 1996, p. 133), con medidas ad hoc para acabar con la impunidad
de los responsables de graves violaciones del DIH a través de la justicia (Sharaga, 2009, p. 170),
(Frashina, 2008., pp. 134-135).
Ambos tribunales fueron creados siguiendo un proceso similar: llamados para el respeto del
DIH; informes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de las organizaciones no
gubernamentales, de los Relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos y de los
grupos de expertos creados por el propio CS; y, la calificación de que las violaciones que se
estaban cometiendo constituían una “amenaza a la paz y a la seguridad internacionales”. En el
caso del TPIY se dispuso el embargo temporal y completo de todo envío de armas y equipo
militar a Yugoslavia, la calificación de la situación como amenaza a la paz y seguridad
internacionales (Res. 713, 1991), el envío de las fuerzas de protección de la ONU –
UNPROFOR, la reafirmación del deber de todas las partes en conflicto de cumplir las
obligaciones impuestas por el DIH (Res. 764 de 13 de julio de 1992); y, la exigencia a todas las
partes de poner término a las violaciones del DIH (Res. 771 de 13 de agosto de 1992). Mientras
que, respecto del TIPR medió una solicitud del gobierno de Ruanda (Fraschina, 2008, pp. 34-
35).
El TPIY se creó para juzgar a las personas responsables de graves violaciones cometidas en el
territorio de la antigua Yugoslavia, nacionales de todas las partes en el conflicto y/o ciudadanos
de otros Estados, v.g. ciudadanos de Estados de la OTAN, por crímenes de guerra, durante la
operación militar de 1999 por un período que comienza el 1° de enero de 1991 sin fijarse el
plazo de finalización (Estatuto, art. 1°); “en un momento en que el conflicto armado aún estaba
en curso” (Consejo de Seguridad, 2009), (Kreb, 2009, p. 143).
En el caso del TPIR, el CS replicó el modelo del TPIY (Sharaga , 2009, pág. 170), otorgándole
jurisdicción respecto de violaciones graves cometidas solo por ciudadanos ruandeses en el
territorio ruandés -un genocidio que produjo la muerte de aproximadamente 500 mil a 800 mil
personas en un período de tres meses y que se extendió al territorio de los Estados vecinos
(Fraschina, 2008, p. 136); entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 (Estatuto TPIR, art.
7°).
Son tribunales penales internacionales ad hoc, con jurisdicción concurrente con los tribunales
nacionales, con primacía de los primeros; de naturaleza colegiada, (Estatuto TPIY, 2009, pp.19-
54), (Estatuto del TPIR, p. 3), especializados, para juzgar personas físicas. En el caso del TPIY,
por violación de los CG1949 y del Protocolo Adicional I (Fraschina, 2008, pp. 36-37); y, por
violaciones graves del art. 3 común a partir del reconocimiento de su carácter consuetudinario
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(Blanc Altemir, 2003, pp. 119, 120). Mientras que el TPIR juzga personas físicas por graves
violaciones a las normas del DIH aplicables a los conflictos armados sin carácter internacional
(art. 3° común a los cuatro CG1949 y el Protocolo Adicional II de 1977); en particular de
aquellos actos que atentan contra la vida de las personas, la tortura, los tratamientos inhumanos,
los castigos colectivos, la toma de rehenes, los actos de terrorismo, la violación, el pillaje, las
condenas emitidas y las ejecuciones efectuadas sin juicio previo; además de genocidio y
crímenes de lesa humanidad (Estatuto TPIR, art. 4) (Mǿse, 2009, p. 355). Podemos identificar
tres objetivos de estos tribunales: (i) hacer justicia a las víctimas; (ii) disuadir de la comisión
de otros delitos; y (iii) contribuir a la restauración de la paz (Blanc Altemir, 2003, p. 119).
Los procesados cuentan con todas las garantías procesales de los modernos procedimientos
penales, como la presunción de inocencia, el derecho a un(a) defensor(a) de su elección, la
doble instancia, entre otros.
La labor de los tribunales y de la Fiscalía descansó principalmente en la cooperación y la buena
voluntad de las autoridades nacionales, (Harhoff, 1997, p. 713). A pesar de las obligaciones de
cooperar establecidas en los Acuerdos de Paz firmados el 14 de diciembre en Dayton, Ohio, el
TPIY si bien enfrentó la falta de colaboración de algunas de las partes para llevar a cabo las
investigaciones, la recolección de evidencias y la detención de los acusados (Odio Benito, 1996,
pp. 152-153), ha contado con la colaboración, v.g., de Alemania y Bosnia-Herzegovina que
aprobaron leyes para la entrega de acusados y garantizar la autoridad y la validez de sus órdenes,
celebrando acuerdos especiales; así como de la Fuerza de Aplicación Multinacional (IFOR),
(Resolución 1031 CS) que garantizó el eficaz cumplimiento de la labor de investigación y
recopilación de pruebas en el territorio de la exYugoslavia (Wenqi, 2006, pp. 14-18). El TPIR
y Ruanda han mantenido relaciones de colaboración, “[h]a habido un flujo constante de testigos
y documentos de Kigali a Arusha”, con excepción de un breve período en el año 2002. Desde
1999, Ruanda ha tenido un representante especial en Arusha siguiendo las actividades del
Tribunal (Eric Møse, 2009, p. 356).
La primera y más importante contribución del TPIY fue encabezar “el cambio de la impunidad
a la rendición de cuentas” de los más altos funcionarios políticos y militares de un Estado;
estableció los parámetros para determinar un conflicto armado no internacional (caso Tadić).
Fue el primero en procesar un Jefe de Estado, Slobodan Milošević
3
; también juzgó a Ratko
Mladić, Comandante del Estado Mayor del ejército de la República Serbia de Bosnia y
Herzegovina (VRS) (1992-1995), estableciéndose su responsabilidad en calidad de superior
(Estatuto, art. 7.3). Este caso se encuentra en apelación en el Mecanismo Residual.
El TPIR fue el primero en interpretar la definición de genocidio de la Convención para la
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, en el caso Akayesu, y pionero al afirmar la
violación sexual como crimen internacional, en particular al establecer que, bajo ciertas
condiciones, puede constituir genocidio. El caso Kambanda involucró a un Primer Ministro,
3
Por cargos de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra en conexión con las guerras
en Bosnia, Croacia y Kosovo (Lijun, 2009, p. 358). Milošević murió el 11 de marzo de 2006 en su celda antes
de la conclusión de su proceso.
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siendo la primera vez que alguien en ese nivel se declarara culpable de genocidio. Otro
precedente importante fue el caso contra Nahimana, Barayagwiza y Ngeze, “Caso de los
Medios”, que aborda “la frontera entre la libertad de expresión y la incitación a crímenes
internacionales” por primera vez desde Núremberg (Eric Mǿse, 2009, p. 355). Ambos
tribunales han realizado una importante contribución al SJPI y, al restablecimiento del estado
de derecho en los países de la ex Yugoslavia y en Ruanda (Consejo de Seguridad, 2010,
Preámbulo), (Harhoff, 1997, p. 713).
El TPIY y el TPIR terminaron sus funciones en el año 2015 y en el año 2017, respectivamente,
transitando hacia un Mecanismo Residual.
4.2 TRIBUNALES PENALES ESPECIALES, MIXTOS O INTERNACIONALIZADOS.
Inicialmente, estos tribunales fueron creados a pedido de los Estados concernidos al CS para
casos específicos en los que, habiéndose violado derechos protegidos internacionalmente, no
existían condiciones mínimas para la búsqueda de justicia; y, que pese a haberse superado
posteriormente, hay una falta de voluntad y esfuerzo tanto político como económico para el
establecimiento de tribunales estrictamente internacionales. Su establecimiento requirió la
celebración de acuerdos con Naciones Unidas (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
2006, punto 7).
La decisión de crear estos tribunales por el CS, respondió a compromisos políticos de las
antiguas potencias coloniales, v.g. el Tribunal Especial para Sierra Leona y los Paneles
Especiales de Timor Oriental; mientras que, en el caso de las Salas Extraordinarias de Camboya,
respondió al posible veto de China a una resolución del CS, trasladando el debate a la AG. Los
tribunales mixtos de “segunda generación” respondieron a los intereses nacionales de los
miembros individuales del CS, quienes desempeñaron un papel decisivo en su establecimiento;
v.g., el Tribunal Especial para el Líbano (Sharaga, 2009, p. 170), (Mindreau Montero, 1996,
pp. 50-53).
La Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho de Jefes de Estado y
de Gobierno de los países miembros de la ONU (24 de septiembre de 2012), destacó la
importancia de la justicia, de proporcionar reparaciones a las víctimas y promover la curación
y reconciliación; de los procesos de búsqueda de verdad, incluidas aquellas que investigan los
patrones de las violaciones al DI de los derechos humanos y al DIH, sus causas y consecuencias
-en tanto herramientas que pueden complementar los procesos judiciales-. En ese sentido, la
Declaración constituye un compromiso contra la impunidad, para llevar a los responsables de
graves violaciones “a la justicia a través de mecanismos internos, regionales o internacionales,
de conformidad con el derecho internacional…” (General Assembly, UN, 2012, pp. 1, 4),
sentando las bases para la creación de los tribunales especiales.
Estos tribunales no son órganos subsidiarios de la ONU, tampoco son parte de ningún sistema
judicial estatal en sentido estricto (ONU S/2006/893, 2006, parág. 6). Son tribunales
“internacionalizados” con una jurisdicción “híbrida” (Cassese, 2009, pp. 515, 516), que están
“integrados o entrelazados” con un sistema de justicia nacional. Se componen por jueces
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nacionales e internacionales -garantía de su independencia, objetividad e imparcialidad-
(Fraschina, 2008, p. 67); funcionan en el territorio en donde ejercerán su jurisdicción,
“conectando” la justicia con la población (Cassese, 2009, pp. 129, 127), (Jessberger, 2009, p.
210); sus normas sustantivas y procesales incluidos los principios del debido proceso son las
que se aplican en todas las jurisdicciones penales internacionales; y se financian con
contribuciones voluntarias de la CI (ONU S/2006/893, 2006, parág. 7).
Constituyen un nuevo modo de aplicación de la ley respecto al enjuiciamiento de crímenes
internacionales (Jessberger, 2009, p. 210), cuya jurisprudencia está fortaleciendo el SJPI.
4.2.1 Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL). Es el primer tribunal penal “híbrido” creado
a solicitud de Sierra Leona (9 de agosto del 2000), para llevar ante la justicia a los miembros
del Frente Revolucionario Unido (FRU) y a sus cómplices, responsables de cometer graves
crímenes y de secuestrar a miembros de la Operación de Mantenimiento de Paz de la ONU,
desde el 30 de noviembre de 1996
4
; ante la carencia de un sistema judicial interno eficaz, un
deficiente sistema legal que deja abierta la posibilidad del uso de tecnicismos legales en
beneficio de los presuntos responsables; la imposibilidad de ejercer la jurisdicción universal
sobre la mayoría de los crímenes de DI, y de actuación de la CPI por carecer de competencia
temporal (Blanc Altemir, 2003, pp. 136-137), (Bankole & Rosolu, 2015, p. 2).
El CS solicitó al Secretario General (SG) negociar un acuerdo con el Gobierno de Sierra Leona
sobre la creación de un tribunal especial independiente (Resolución 1315, 14 de agosto de
2000), (Informe S/2000/915, 4 de octubre de 2000). El Acuerdo dispuso juzgar a “quienes
tienen la mayor responsabilidad”
de las graves violaciones del DIH y de su derecho interno,
incluidos los líderes que, al cometer tales crímenes, han amenazado el establecimiento y la
implementación del proceso de paz en dicho país (Estatuto art. 1.1).
El TESL, con sede en la ciudad de Freetown, ejerció una jurisdicción concurrente con los
tribunales nacionales, con primacía sobre ellos; pudiendo solicitar formalmente a un tribunal
nacional que difiera su competencia, en cualquier etapa del procedimiento (Estatuto, art. 8).
Excluyó de su competencia a los menores de 15 años al momento de la ocurrencia del delito,
acorde con los derechos de la infancia (Estatuto, art. 7). En el caso de menores entre 15 y 18
años, dispuso un trato digno, teniendo en cuenta su corta edad; promoviéndose su rehabilitación
e integración, para que asuman un papel constructivo en la sociedad. Pudiendo ordenar a su
favor, programas de orientación y supervisión de atención, órdenes de servicio comunitario,
asesoramiento, cuidado de crianza, programas correccionales, educativos y de formación
profesional, escuelas y, según corresponda, cualquier programa de desarme, desmovilización y
reintegración o programas de agencias de protección infantil (art. 7.2).
Respecto a los delitos contra el DI, tiene competencia sobre los delitos contra la Humanidad,
no exigiendo una vinculación con un conflicto armado (art. 2) (Fraschina, 2008, p. 54); el DIH,
4
Causó la muerte de más de 70.000 civiles y desplazó a 2,6 millones de personas; aproximadamente 200.000
personas sufrieron mutilaciones, torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo
violencia sexual; y alrededor de 7.000 niños fueron reclutados como soldados (ICTJ).
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específicamente por contravenciones al art. 3 común de los CG1949 y al Protocolo adicional II
(art. 3); y sobre otras violaciones al DIH, como dirigir intencionalmente ataques contra la
población civil como tal o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades, o
contra personal, instalaciones, materiales, unidades o vehículos involucrados en una misión de
asistencia humanitaria o mantenimiento de la paz de conformidad con la Carta de la ONU,
siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles de conformidad
con el DI de los conflictos armados; reclutar o alistar a niños menores de 15 años en fuerzas o
grupos armados o usarlos para participar activamente en hostilidades (art. 4). No se incluyó el
delito de genocidio -por falta de evidencia-, ni las infracciones graves a los CG1949, al no
tratarse de un conflicto armado internacional- (Beigbeder, 2011, p. 130). Cuando una situación
o un aspecto concreto no esté regulado por el DI o lo esté de manera inadecuada, se aplicará el
derecho de Sierra Leona, la Ley de prevención de la crueldad con los niños de 1926: abuso de
niñas menores de 13 años; abuso de niñas menores entre 13 y 14 años de edad, secuestro de una
niña con fines inmorales; y la Ley de Daños Maliciosos de 1861 -destrucción injustificada de
bienes (Incendio de viviendas, casas, cualquier persona que esté allí, Incendio de edificios
públicos), e incendio en otros edificios. Asimismo, se le otorgó competencia respecto del
personal de mantenimiento de paz en dicho país -por acuerdo o con su autorización-; que, en
principio, se encuentran dentro de la jurisdicción del Estado que envía (art. 1.2), cuando lo
autorice el CS a propuesta de cualquier Estado (Estatuto, art. 1.3); y, para juzgar los delitos
contra la administración de justicia cometidos dentro de los procedimientos bajo su
conocimiento (Reglamento de Procedimiento y Prueba, Regla 77).
El Tribunal se organizó en dos cámaras -de primera instancia y de apelación-, la Oficina de la
Fiscalía y una Secretaría que incluyó la oficina de la Defensa y la Unidad de detención,
(Estatuto, arts. 11 y 12). La Sala de Primera Instancia se conformó por tres jueces, dos
nombrados por el SG y uno por Sierra Leona; mientras que la Sala de Apelación, por dos jueces
nombrados por Sierra Leona y tres jueces nombrados por el SG (art. 12 y 12.1). En el año 2003,
se estableció la Sección de Testigos y Víctimas (“STV”), de naturaleza neutral, con la función
de formular recomendaciones al Tribunal sobre la adopción de medidas de protección y apoyo;
asegurar que reciban asesoramiento y otra asistencia apropiada, incluida asistencia médica,
rehabilitación física y psicológica, especialmente en casos de violación, agresión sexual y
delitos contra niños, incluyendo a expertos en traumatismos, incluidos traumas relacionados
con delitos de violencia sexual y violencia contra niños; exhortando a cooperar con las
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales (Estatuto, art. 16.4), (Reglas de
Procedimiento y Prueba, Regla 34). La STV fue crucial para proporcionar “seguridad, apoyo
psicosocial, reubicación y soporte material” a los testigos ad portas de declarar en los
procedimientos (Special Court For Sierra Leone, 2013, p. 9).
El TESL operó desde julio de 2002 (Geiss & Bulinckx , 2006) hasta el 2 de diciembre de 2013
que completó su mandato, transitando a un Mecanismo Residual. Al cese de sus actividades, el
Tribunal había emitido cuatro sentencias condenatorias por graves crímenes
5
: dos casos fueron
5
Caso SCSL-04-14-A-829 (2008), contra Moinina Fofana y Allieu Kondewa, fueron condenados a prisión por
crímenes contra la humanidad, a 15 años y 20 años, respectivamente; ambos por asesinato y actos inhumanos.
El caso en contra Sam Hinga Norman se dio por terminado por fallecimiento (21 de mayo de 2007).
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sobreseídos por muerte de los acusados
6
; permaneciendo abierto el caso de Johnny Paul
Koroma (2003). Asimismo, se pronunció sobre seis casos de desacato, dos de los cuales
culminaron en absolución.
7
Los otros cuatro casos, culminaron en condena.
8
El TESL ha realizado importantes aportes al DPI. Fue el primero en sostener la inaplicación de
la amnistía en casos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones
graves del DIH (Caso SCSL-2004-15-T y Caso SCSL-2004-16-T, 2007)
9
; en procesar y
condenar a personas por reclutar y utilizar niños soldados (Caso SCSL-2004-15-T; Caso SCSL-
2004-16-T y Caso SCSL-03-01-A). Ha fortalecido los principios de improcedencia de la
inmunidad de los jefes de Estado (caso No. SCSL-03-01-A), sosteniendo que la posición oficial
de Jefe de Estado en el momento en que se inició el proceso penal no era un obstáculo para su
enjuiciamiento y que dicha posición no estaba en conflicto con ninguna norma imperativa de
DI. Ha establecido que el delito de “matrimonio forzado” no puede subsumirse a los delitos
sexuales por ser un delito distinto, al involucrar una relación conyugal forzada que somete a las
mujeres a un sufrimiento psicológico y moral particular; y que puede asimilarse a los crímenes
6
Casos contra Sam Bockarie (2003) y Foday Saybana Sankoh (2003).
7
Brima Samura (SCSL-2005-01), investigador de la Defensa, acusado de revelar el nombre de un testigo
protegido, fue absuelto al no probarse que estaba al tanto de la orden de protección. El abogado de Charles
Ghankay Taylor, acusado de revelar los nombres y seudónimos de siete testigos de cargo protegidos en un sitio
web, deliberada y conscientemente y/o con imprudencia; fue absuelto el 19 de octubre de 2012 (Caso SCSL
2012-02).
8
Margaret Fomba Brima, Neneh Binta Bah Jalloh y Ester Kamara (SCSL-2005-02), y Anifa Kamara (SCSL-2005-
03), acusadas de amenazar e intimidar a un testigo, se declararon culpables, siendo condenadas a un año de pena
de libertad condicional. Eric Koi Senessie, ex combatiente del RUF fue condenado a dos años de prisión, por
ocho cargos, de ofrecer un soborno a un testigo, y de interferir con otro testigo que había prestado testimonio en
el juicio de Taylor, siendo absuelto del cargo de inducir a un testigo a retractarse de su testimonio (SCSL-2011-
01). Bangura, Kargbo, Kanu y Kamara, ex líderes y combatientes de la AFRC, condenados por el TESL y
cumpliendo condena en la prisión de Mpanga (Ruanda), fueron condenados el 11 de octubre de 2012, a 18 meses
de prisión además de las penas que ya estaban cumpliendo. Kanu y Bangura por ofrecer soborno a un testigo e
intentar inducir a un testigo a retractarse del testimonio prestado ante el Tribunal, otorgándoseles créditos por el
tiempo en prisión preventiva y por violaciones pasadas de sus derechos humanos por parte del sistema nacional;
y, Kamara por intentar inducir a un testigo a cambiar su testimonio y por revelar a sabiendas la identidad de un
testigo protegido. Kargbo recibió una pena condicional de dieciocho meses, siempre que mantenga un buen
comportamiento durante los dos años siguientes (SCSL-2011-02). Las condenadas fueron confirmadas por la
Sala de Apelaciones.
9
En el caso contra Issa Hassan Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao (Caso No. SCSL-2004-15-T), el Tribunal
condenó a los dos primeros a 52 y 40 años de prisión, respectivamente, por crímenes de guerra -actos de
terrorismo, castigos colectivos, atentados contra la dignidad personal, trato cruel, saqueo-; crímenes contra la
humanidad -exterminio, violación, esclavitud sexual, otros actos inhumanos (matrimonio forzado, esclavitud)-;
y violación grave del DIH -uso de niños soldados-. Gbao fue condenado a 25 años de prisión por los mismos
delitos, excepto por castigos colectivos y utilización de niños soldados (Sentencia de 8 de abril de 2009). En el
“juicio del AFRC [Armed Forces Revolutionary Counsel]” (Caso SCSL-2004-16-T, 2007), se condenó a Alex
Tamba Brima, Ibrahim Bazzy Kamara y Santigie Borbor Kanu, a las penas de prisión de 50, 45, y 50 años,
respectivamente; por actos de terrorismo, castigos colectivos, exterminio, asesinato, violación, ultrajes contra la
dignidad personal, violencia física, reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en fuerzas o grupos
armados, o usarlos para participar activamente en hostilidades. Charles Ghankay Taylor, ex presidente de Liberia
(SCSL-03-01-A), fue condenado, el 2013, a 50 años de prisión por los delitos de terrorismo, castigos colectivos,
asesinatos, violencia sexual, violencia física, reclutamiento y uso de niños soldados, secuestro, trabajos forzados
y saqueo.
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de lesa humanidad como a otros actos inhumanos. Y, fortaleció la jurisprudencia poco
desarrollada en el DI respecto al delito de esclavitud sexual como crimen contra la humanidad
(Caso No. SCSL-2004-15-T), (Special Court For Sierra Leone, 2013).
4.2.2 Salas Especiales de Timor Oriental (Distrito Dili) (SETO). En enero de 1999, el presidente
de Indonesia, Habibie, anunció su decisión de consultar al pueblo de Timor Oriental -cuyo
territorio ocupaba desde 1975- sobre su futuro, incluida su independencia. Luego de las
negociaciones entre Portugal e Indonesia, mediante Acuerdo de 5 de mayo de 1999, se
estableció las modalidades de la consulta, fijándose el mes de agosto de 1999 (Commission for
Reception, Truth and Reconciliation in East Timor, 2005), abandonando Indonesia, el territorio
de Timor Oriental el 25 de octubre de 1999. En esa fecha, el CS creó la Administración de
Transición para Timor Oriental – ATNUTO, con el mandato de crear condiciones para el auto
gobierno y su sostenibilidad para el desarrollo (Resolución S/RES/1272/1999).
La ATNUTO dispuso la reorganización de las Cortes de Timor Oriental, asignando al Distrito
de Dili un tribunal - SETO, con jurisdicción exclusiva sobre delitos graves cometidos entre el
1 de enero al 25 de octubre de 1999 (Reglamento 2000/11 de 6 de marzo de 2000,
Secciones10.1, 10.2). Se estima que entre 1400 a 1500 civiles fueron asesinados por las Fuerzas
Armadas Indonesias (TNI) en ese período, generando un gran número de desplazados
(Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor, 2005).
El Reglamento de las SETO (Resolución 2000/15, de 6 de junio de 2000), establece que las
Salas del Tribunal y la Corte de Apelación establecidas dentro del Tribunal del Distrito de Dili,
poseen jurisdicción exclusiva sobre delitos graves: genocidio, crímenes de guerra, delitos contra
la humanidad y tortura (Sección 1.1 y 1.2). Las Salas, además de tener competencia en todo el
territorio de Timor Oriental, ejercen jurisdicción universal (Sección 2.1 y 2.2). En cuanto a los
delitos de asesinato y delitos sexuales, solo se podrán juzgar aquellos que se hayan cometido
en el período determinado (Sección 2.3).
Para asegurar el cumplimiento de las órdenes de arresto dispuestas por las SETO y la
transferencia de personas acusadas, en abril del 2000, Indonesia y la ATNUTO suscribieron un
Memorándum de entendimiento de cooperación judicial (Sección 9), que no llegó a ser efectivo.
Indonesia alegó la necesidad de pasar por procedimientos nacionales para su ratificación
(Reiger & Wierda, 2006, pág. 21).
Las Salas aplican tanto el derecho promulgado por la ATNUTO (Reglamento No. 1999/1), así
como el establecido por su Reglamento: el DI -los tratados aplicables y sus principios, incluido
los del DI de los conflictos armados, v.g. genocidio, crímenes de guerra- (Secciones 3.1 a y b,
4 y 6), tipificados tal cual los establece la CPI (Bassiouni M., 2013, p. 393); los crímenes contra
la humanidad (Sección 5), siguiendo el criterio sostenido por el TPIR, la CPI y el TESL, que
no exige vinculación entre dichos crímenes con la existencia de un conflicto armado, debiendo
“haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población
civil, con conocimiento de dicho ataque” (Fraschina, 2008, p. 71). El delito de tortura se tipifica
como una categoría aparte, al igual que en las Cámaras Extraordinarias de Camboya, a
diferencia de los demás Estatutos de los Tribunales penales (Fraschina, 2008, p. 71).
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Las Salas de juicio y el Tribunal de apelación están conformadas por dos jueces internacionales
y un juez nacional (Sección 22.1); sin embargo, en casos de especial importancia o gravedad,
la Sala podría conformarse por cinco jueces, tres jueces internacionales y dos nacionales
(Sección 22.2). Las Salas tienen la obligación de proteger a testigos y a víctimas, debiendo
adoptar medidas apropiadas para garantizar su seguridad, bienestar físico y psicológico,
dignidad y privacidad; tomando en cuenta todos los factores relevantes incluidos la edad, el
género, la salud y la naturaleza del delito; en particular, los de violencia sexual o de género o
violencia contra los niños (Sección 24.1).
La Sección 3.2 del Reglamento consagra el Principio de Aplicación de la ley más favorable al
investigado, procesado o condenado.
Las Salas finalizaron su labor el 20 de mayo de 2005 (S/RES/1543 (2004)). Acusaron a 391
personas, emitieron 285 órdenes de arresto y procesaron a 87 personas (solo una de ellas de
Indonesia); lo que resultó en 85 condenas, incluidas 24 declaraciones de culpabilidad (Linton,
2009, pp. 307-308). Tras su cierre, la Misión de Apoyo de la ONU en Timor Oriental -
UNMISET (CS Resolución 1410 2002), concluyó sus funciones.
Debido a los problemas que enfrentó el país, después del 2005, el CS decidió establecer una
Misión Integrada – UNMIT (Resolución 1704 (2006), 25 de agosto de 2006), para hacer
seguimiento y prestar asistencia a la Oficina del Fiscal General - OFG a cargo del
enjuiciamiento exclusivo de los supuestos responsables, proporcionar un equipo de personal
investigador experimentado al Equipo de Investigación de Crímenes Graves con el objeto de
que se reanuden las funciones de investigación de la antigua Dependencia de Delitos Graves
que permita la conclusión de las investigaciones pendientes (UNMIT, 2011), (Fraschina, 2008,
p. 70). La UNMIT y la OFG terminaron sus mandatos el 31 de diciembre de 2012 (CS
Resolución 2037, febrero 22, 2012).
Las SETO han sido objeto de críticas por el cierre prematuro de procesos por delitos graves por
la Unidad de Delitos Graves y la desaprobación de la acusación contra el ex Ministro de Defensa
de Indonesia y Jefe del Ejército, General Wiranto; la condena, principalmente, de militares y
miembros de las milicias de Timor por delitos nacionales, que mayormente no detentaba cargos
altos o de jerarquía; y “ser el primer tribunal que condenó a un menor de 14 años en un proceso
internacional”. Más de 300 imputados se encuentran en Indonesia, que se negó a extraditarlos.
El sistema solo comenzó a funcionar a un nivel satisfactorio para lograr su cierre (Linton, 2009,
p. 307), (Sanchez Mera, 2020, p. 10).
4.3.3 Las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya (CETC). El 21 de junio de
1997, Camboya solicitó la asistencia de la ONU para organizar un proceso judicial en contra
de los altos dirigentes de Kampuchea Democrática - KD y los principales responsables de los
crímenes y violaciones graves cometidas por dicho régimen: “…al menos 1,7 millones de
personas murieron de hambre, tortura, ejecución y trabajos forzados” (Beigbeder, 2011, p. 145).
Las negociaciones entre el gobierno y el SG no avanzaron, y en el 2002, el gobierno tomó la
decisión de crear las Cámaras Extraordinarias en sus Tribunales (NS/RKM/080/12). En
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respuesta, el CS solicitó al SG reanudar las negociaciones (Resolución 57/228), alcanzando un
acuerdo el 6 de junio de 2003 (United Nations and the Royal Government of Cambodia, 2003).
Camboya lo ratificó el 19 de octubre de 2004, y entró en vigencia el 29 de abril de 2005.
El Acuerdo proporciona la base jurídica, los principios y modalidades de la cooperación entre
el Gobierno de Camboya y la ONU, e internacionaliza a las Cámaras que nacieron como
tribunales estatales, aunque independientes de estos. Fue implementado en la Ley de
Constitución de Cámaras Extraordinarias de 27 de octubre de 2004 (Royal Government of
Cambodia, 2004).
Conforme al art. 1° del Acuerdo, las CETC tienen competencia personal para juzgar a los
principales líderes de KD por los crímenes y violaciones graves que se cometieron en el período
comprendido entre el 17 de abril de 1975 al 6 de enero de 1979, bajo la ley penal camboyana –
homicidio, tortura y persecución religiosa-, extendiéndose el plazo de prescripción de 10 a 30
años (Código Penal de Camboya de 1956), (Royal Government of Cambodia, 2004, arts. 3.1 y
3.2); y, del DI, por los delitos que emanan de la costumbre internacional y de los tratados de
los que es parte Camboya, v.g., genocidio tal como está definido en la Convención para la
Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio; crímenes contra la humanidad tal como está
previsto en el Estatuto de Roma; infracciones graves contra los CG1949 y la Convención de La
Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado; y, por
crímenes cometidos contra personas protegidas por la Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas (Royal Government of Cambodia, 2004, arts. 4, 5, 6,7 y 8).
Las Cámaras cuentan con una Sala de Primera instancia compuesta por cinco jueces, tres de
nacionalidad camboyana, y dos jueces “extranjeros” (Beigbeder, 2011, p. 151); una Sala de la
Corte Suprema ejerce funciones de Sala de Apelación y de última instancia, y se conforma por
siete jueces, cuatro camboyanos y tres “extranjeros” (art. 5). Ambas salas son presididas por
jueces camboyanos. Además, cuenta con una Sección de Apoyo a las Víctimas y a sus
Asociaciones (Reglas Internas (Rev. 9), Regla 12). En el caso de testigos y víctimas se dispone
la realización de procedimientos a puertas cerradas -in camera- y la protección de la identidad
de la víctima (Ley de Constitución de las Cámaras, art. 33).
A la fecha, las Cámaras de Apelación han concluido los casos 001 y 002, cerrado procesos por
muerte y demencia del acusado y por desestimación.
10
Actualmente, dos casos continúan en
trámite, contra Meas Muth (Caso 003) y Ao An (Caso 004/02).
La Sala de Apelaciones, anuló la decisión de 26 de julio de 2010 y la pena de 35 años de prisión
contra Kaing Guek Eav (Caso 001, Sentencia de 3 de febrero de 2012), y lo condena a cadena
perpetua por cargos de: (a) crímenes contra la humanidad, persecución por motivos políticos,
10
Los casos contra Ieng Sary (Caso 002) y Sou Met (Caso 003) se cerraron por muerte el 14 de marzo de 2013 y
el 2 de junio de 2015, respectivamente. Ien Thirith fue declarada “no apta para ser juzgada” y separada del caso
en noviembre de 2011; fue liberada el 16 de septiembre de 2012, falleciendo en agosto de 2015. La Sala de
Primera Instancia desestimó las acusaciones contra Soy Chaem (Caso 004/1), por carecer de competencia
personal, declarando “No haber mérito a la denuncia”. La investigación concluyó el 13 de junio de 2017.
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exterminio -que abarca el asesinato-, esclavitud, encarcelamiento, tortura -incluida la violación,
y otros actos inhumanos, cometidos en el Centro de Detención S-21 encargados de interrogar y
ejecutar supuestos oponentes del Partido Comunista de Kampuchea y sus alrededores -no
menos de 12.272 víctimas, entre hombres, mujeres y niños-, y sucursales del campo de
ejecución y reeducación de las afueras Phnom Penh (Choeung Ek y Prey Sar – S-24), b) graves
infracciones de los CG 1949 -homicidio intencional, tortura y tratos inhumanos que causen
deliberadamente gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o la salud, privación intencional
a un prisionero de guerra o civil del derecho a un juicio justo y regular, y confinamiento ilegal
de un civil-. Asimismo, adiciona como parte civiles a otras nueve personas, al haber demostrado
que sufrieron daño como consecuencia directa de los crímenes materia de condena.
Nuon Chea y Khieu Samphan (Caso 002, 002/1 y 002/2), fueron condenados a cadena perpetua
por cargos de: (a) crímenes contra la humanidad – exterminio, deportación, esclavitud, prisión,
tortura, persecución política, religiosa y racial y de otros tratos inhumanos como ataques contra
la dignidad humana y conducta caracterizada por desapariciones forzadas, traslado forzado,
matrimonio forzado y violación en el contexto del matrimonio forzado-; (b) graves infracciones
a los CG1949 -homicidio intencional, tortura, tratos inhumanos, causar intencionalmente gran
sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o la salud, privar intencionalmente a un prisionero de
guerra o un civil de los derechos a un juicio justo y regular, y por confinamiento ilegal de un
civil; (c) genocidio del grupo étnico, nacional y racial vietnamita. La Cámara de Apelación
(Sentencia de 16 de noviembre de 2018), re-caracterizó el crimen de lesa humanidad de
exterminio por el de crimen de lesa humanidad de asesinato, incluido el dolus eventuales con
relación a muertes ocurridas por las condiciones y circunstancias impuestas a las víctimas en
los lugares del crimen, v.g., lugares de trabajo y centros de seguridad (Sentencia, parág. 2230).
Nuon Chea falleció el 8 de abril de 2019.
En ambos casos, la Cámara de la Corte Suprema reconoció el sufrimiento de las víctimas, así
como su derecho a obtener formas efectivas de reparación de acuerdo a los estándares
internacionales, y la imposibilidad de concederlas por las limitaciones derivadas de su marco
legal de creación, la indigencia del acusado y, por no estar investida de poderes para dar órdenes
al Gobierno de Camboya. Al pronunciarse sobre las reparaciones en favor de las víctimas,
excluyó de su competencia el otorgamiento de reparaciones materiales (Reglas Internas. Regla
23.1), disponiendo reparaciones de carácter colectivo y moral a favor de las víctimas con el fin
de garantizar la no repetición respaldando proyectos que proporcionan datos históricos del
régimen KD, al haber sido la financiación de esas medidas previamente aseguradas y su
implementación completada, tales como: recuerdo de las víctimas y a la memoria del
sufrimiento soportado; asistencia sanitaria y terapia psicológica a las víctimas; documentación
y educación legal y cívica, en tanto promueve los objetivos de reconocimiento del daño sufrido
por la población civil; recuerdo de los delitos cometidos y del sufrimiento resultante,
permitiendo un diálogo intergeneracional tanto directa como indirectamente a través de medios
digitales y artísticos, proporcionando documentación de las experiencias de las víctimas,
diseñados para beneficiar a grupos específicos de víctimas incluidos las vietnamitas, con el fin
de sensibilizar sobre lo sucedido, promoviendo la no discriminación para prevenir la
reincidencia de delitos dirigidos a esos grupos, en la línea de “Educar a la generación más joven
con el fin de prevenir la reincidencia de los delitos”. Consideró adecuadas la compilación y
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publicación de declaraciones de disculpas y reconocimiento de responsabilidad asumida por los
condenados durante el juicio y/o en la etapa de apelación y su publicación en el sitio web de las
Cámaras.
4.2.4 El Tribunal Especial para el Líbano (TEL). En diciembre de 2005, Líbano solicita a la
ONU el establecimiento de un Tribunal Especial con el fin de procesar a los responsables del
ataque terrorista perpetrado el 14 de febrero de 2005. El CS decide crear la Comisión
Internacional Independiente de Investigación (CIII), para ayudar a las autoridades libanesas en
la investigación del atentado (Resolución 1595, 2005), y solicita al SG iniciar negociaciones
para alcanzar un acuerdo, las que concluyeron en septiembre de 2006 (Resolución 1664).
El acuerdo fue suscrito por el Gobierno del Líbano y la ONU el 23 de enero y el 6 de febrero
de 2006, respectivamente; aunque, el establecimiento del tribunal enfrentó obstáculos en el
ámbito interno. Al amparo del Capítulo VII de la Carta ONU, el CS decidió la entrada en vigor
del Acuerdo y su anexo -el Estatuto del Tribunal- (Resolución 1757, 30 de mayo de 2007),
(Sharaga , 2009, p. 169); empezando a funcionar el 2009.
El TEL tiene características especiales respecto a la investigación, la CIII es la responsable de
la investigación a todos los efectos; el proceso judicial combina elementos de los sistemas
jurídicos del civil law y del common law (S/2006/893, 2006). En cuanto al derecho a aplicar, se
remite al Código de Procedimiento Penal del Líbano como principio rector junto a otros
materiales que reflejen las normas más estrictas del procedimiento penal internacional (art. 28).
Se dispone una función activa de los jueces, mayores facultades del Tribunal para adoptar
medidas que le permitan examinar sin dilación las cuestiones y evitar cualquier trámite que
pueda causar dilaciones indebidas (art. 21); e introduce los juicios in absentia (art. 22), que sólo
fueron posibles ante el TPIR, no estando estipulados para la CPI, el TPIY ni para otros
tribunales especiales. Se tuvo en cuenta “la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, que determinó la legalidad de los mismos, siempre que se respeten plenamente los
derechos de los acusados” (Fraschina, 2008, pp. 13-14).
El TEL tiene competencia sobre los presuntos responsables del ataque terrorista perpetrado el
14 de febrero de 2005, que terminó con la vida del ex primer ministro Rafik Hariri y otras
veintitrés personas e hirió a 226 más, incluyendo todos los crímenes relacionados con ese
ataque. Su competencia se restringe a actos de terrorismo y delitos contra la vida y la integridad
personal, asociación ilícita y omisión de denuncia, tipificados en el Código Penal Libanés,
incluidas las normas relativas a los elementos del tipo, participación, autoría y conspiración; así
como, los arts. 6 y 7 de la Ley libanesa de 11 de enero de 1958 que aumenta las penas por
sedición, guerra civil y conflictos religiosos (Estatuto, art. 2).
El TEL se compone de cuatro órganos: La judicatura, la Oficina del Fiscal, la Secretaría y, la
Oficina de Defensa. La judicatura se conforma por once jueces divididos en tres salas: la Sala
de cuestiones preliminares a cargo de un juez internacional; la Sala de Juicio integrada por un
juez libanés y dos internacionales más dos suplentes (uno libanés y uno internacional); y la Sala
de Apelación compuesta por dos jueces libaneses y tres internacionales. El presidente del
Tribunal preside a su vez la Sala de Apelación (Estatuto, arts. 7 y 8). La oficina del Fiscal y la
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Oficina de la Defensa poseen el mismo estatuto y gozan de independencia; y están liderados
por funcionarios internacionales. El Secretario es nombrado por el SG de la ONU.
El 7 de agosto del 2020, el TEL dictó su primera sentencia en el caso contra de Salim Jamil
Ayyash, Hassan Habib Merhi, Hussein Hassan Oneissi y Assad Hassan Sabra, todos de
nacionalidad libanesa y afines a la milicia chií libanesa Hezbolá (STL-11-01). La investigación
concluyó en el 2014, siendo juzgados en rebeldía. El Tribunal estimó probados los cargos contra
Salim Jamil Ayyash en relación con el asesinato del ex presidente Rafik, absolviendo a los
demás acusados por falta de pruebas. No identificó al autor intelectual del magnicidio ni
encontró evidencia de que Hezbolá y Siria pudieran estar vinculados a los hechos; sin perjuicio
de establecer la existencia de conexión entre los acusados y Hezbolá, la injerencia directa de
Siria en la política libanesa, entre otros. Estimó probados más allá de toda duda razonable cinco
cargos contra Salim Jamil Ayyash: conspiración para cometer acto terrorista, comisión de acto
terrorista, homicidio con premeditación del ex primer ministro, homicidio de 21 personas y
tentativa de homicidio intencional respecto de las 226 personas heridas.
Un segundo caso contra Salim Jamil Ayyash (STL-18-10), conocido como el Caso Conectado,
se encuentra pendiente de pronunciamiento. El Fiscal asumió jurisdicción el 5 de agosto de
2011 respecto a tres ataques contra Marwan Hamade, Georges Hawi y Elias El-Murr ocurridos
el 1 de octubre de 2004, el 21 de junio y el 12 de julio de 2005, por ser atentados de
características iguales o similares al perpetrado al 14 de febrero de 2005. La Sala de Cuestiones
Preliminares confirmó la acusación por cinco cargos: conspiración dirigida a cometer un acto
terrorista, asociación criminal (en alternativa a la primera pretensión), cometer actos terroristas,
homicidio intencional con premeditación hacia Ghazi Abou-Karroum, Georges Hawi y Khaled
Moura; intento de homicidio intencional con premeditación hacia Elias El-Murr, Marwan
Hamade y otras 17 personas; siendo confirmado por el Tribunal que ha determinado que los
tres ataques terroristas están legalmente relacionados con el ataque del 14 de febrero de 2005.
Asimismo, ha dispuesto la creación de una segunda Sala de Primera Instancia dedicada a los
procedimientos del Caso Conectado. Lo que marca un hito dentro de la jurisdicción del Tribunal
(Special Tribunal for Lebanon , 2020).
Es el primer tribunal de naturaleza internacional en llevar a cabo un juicio internacional por
delito de terrorismo (Caso Ayyash et al.).
4.3 LOS MECANISMOS INTERNACIONALES RESIDUALES
Constituyen “una iniciativa imaginativa” para poner fin a jurisdicciones temporales. Son nuevas
jurisdicciones internacionales sucesoras de tribunales penales internacionales ad hoc y/o
especiales, que se caracterizan por poseer una estructura pequeña y eficiente, un número de
personal acorde con sus funciones reducidas y cuyas funciones y tamaño deben reducirse con
el tiempo y financiadas por contribuciones voluntarias de la CI.
En palabras de Concepción Escobar (2012), los Mecanismos residuales garantizan la no
impunidad, el principio de complementariedad al establecer “un sistema de reparto de
competencias entre los tribunales internacionales y los tribunales nacionales en el ejercicio del
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ius puniendi sobre los crímenes internacionales; y, cuya eficacia aún no ha sido valorada”.
Asimismo, garantizan la efectividad de la jurisdicción penal internacional y su memoria,
reconociendo el papel primordial de los tribunales nacionales en la lucha contra la impunidad.
Su existencia reconoce la primacía de los tribunales internacionales permanentes frente a los
tribunales ad hoc, consolidando el Principio de Complementariedad y, paralelamente, refuerza
a la CPI como institución líder de dicho Sistema (pp. 22-25).
4.3.1 El Mecanismo Residual para el TPIY y el TPIR. El CS dispuso una “Estrategia de
finalización” de las actividades del TPIY y del TPIR, solicitándoles la adopción de medidas
para concluir las investigaciones, completar las actividades probatorias en primera instancia
para fines de 2008, y finalizar su trabajo en el 2010 (Resoluciones 1503 (2003) y 1534 (2004)).
Solo lograron reducir sus actividades. El CS atendiendo al Informe del SG (2009), basado en el
Capítulo VII de la Carta de la ONU, estableció un “Mecanismo” con dos secciones, para llevar
a cabo las funciones residuales de los citados tribunales, completar rápidamente todo el trabajo
restante que permita preparar su cierre a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Estas
comenzarían a funcionar el 1 de julio de 2012 (sección del TPIR) y el 1 de julio de 2013 (sección
del TPIY). El 30 de junio de 2011, el Mecanismo, asumiría las funciones jurisdiccionales, los
derechos y obligaciones y funciones esenciales de ambos tribunales.
El Mecanismo se estableció inicialmente por un período de cuatro años (Resolución 1966,
2010). Sus jueces fueron elegidos por la AG de una lista preparada por el CS de las propuestas
de los Estados miembros de la ONU, entre las “personas de la más alta calidad moral,
imparcialidad, integridad, que posean las cualificaciones requeridas en sus respectivos países
para ser nombrados jueces o magistrados de los más altos tribunales”, con un mandato de 4
años, pudiendo ser renovado por el SG después de celebrar consultas con los Presidentes del
CS y de la AG (Estatuto, arts. 9 y 10). Sus primeros jueces fueron elegidos el 20 de diciembre
de 2011. A la fecha se han llevado a cabo siete renovaciones. Petit de Gabriel (2020), llama la
atención sobre la falta de paridad y criterio de género en el nombramiento de jueces.
El Mecanismo ejerce su jurisdicción directa en los casos de mayor gravedad que contaban con
acusación y estaban pendientes de enjuiciamiento al momento del cierre. Refiere a las
jurisdicciones nacionales competentes los casos que no involucren a los líderes sospechosos de
ser responsables de crímenes bajo su competencia; sin perjuicio de poder revocar su decisión
cuando las condiciones para esa decisión ya no se cumplan, y en interés de la justicia.
También tiene competencia para perseguir a toda persona que interfiera en su ejercicio
jurisdiccional, así como a testigos que a sabiendas y deliberadamente den o hayan dado falso
testimonio a los Tribunales o al Mecanismo (Estatuto, arts. 1, 6). Asegura el seguimiento y
cumplimiento de las sentencias dictadas por los Tribunales; custodia sus archivos a través del
establecimiento de centros de información y documentación, provee acceso a copias de los
registros públicos de los archivos, incluidos los del Mecanismo.
Su trabajo fue objeto de revisión antes del final del período inicial de cuatro años; y, a partir de
entonces es revisado cada dos años, a menos que el CS decida lo contrario. El CS amplió la
obligación de cooperar de los Estados respecto del Mecanismo, incluida la de cumplir con sus
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solicitudes de asistencia u órdenes emitidas y de adoptar las medidas internas necesarias para
implementar su Estatuto y la Resolución que lo crea (Consejo de Seguridad, 2010, Decisión 3).
El Mecanismo ha concluido 73 casos y transferido 11 a los tribunales nacionales. Tres casos se
encuentran en trámite, uno por desacato
11
y dos por graves crímenes.
El caso seguido contra Stanišić y Simatović, empleado en la Segunda administración del
Servicio de Seguridad del Estado y Jefe del Servicio de Seguridad del Estado del Ministerio de
Asuntos Internos, respectivamente (MICT-15-96), acusados por crímenes de lesa humanidad -
persecución, asesinato, deportación, actos inhumanos (traslado forzoso); y por violaciones de
las leyes o costumbres de la guerra – asesinato, en tanto coautores en una empresa criminal
conjunta con el objetivo de la expulsión permanente de la mayoría de los no serbios de amplias
zonas de Croacia y Bosnia y Herzegovina en el periodo comprendido entre abril de 1991 y hasta
al menos el 31 de diciembre de 1995; se encuentra en la etapa de juicio. La Sala de Apelaciones
dejó sin efecto, el 15 de diciembre de 2015, la absolución de los acusados por mayoría -por no
haberse determinado la responsabilidad de los crímenes alegados y no haberse establecido “más
allá de toda duda razonable” la intención para promover el propósito criminal común, o haber
ayudado o incitado a ello- (30 de mayo de 2015). Para la Sala, se incurrió en error de derecho
al no pronunciarse ni emitir opinión sobre los elementos esenciales de la responsabilidad del
emprendimiento criminal conjunto; ordenándose la realización de un nuevo juicio por todos los
cargos (TPIY, Reglas de Procedimiento y Prueba, Regla 117.C), que se inició el 13 de junio de
2017. La moción de absolución presentada por la Defensa de Franko Simatović (Reglas de
Procedimiento y Prueba del Mecanismo, Regla 121), fue desestimada el 9 de abril de 2019 por
decisión oral de la Sala de Primera Instancia. La defensa de Jovica Stanišić se inició el 18 de
junio de 2019.
El caso contra Ratko Mladić (MICT-13-56) se encuentra en etapa de apelación y se llevaron
audiencias el 25 y 26 de agosto de 2020. El 18 de junio de 2018, su defensa solicitó la
descalificación de los magistrados Meron, Agius y Liu de la Sala de Apelaciones, sobre la base
de sesgo real o aparente, que fue aceptada el 3 de septiembre de 2018; procediéndose a asignar
nuevos jueces, uno de los cuales, el juez Rajohnson, fue sustituido a su solicitud por el juez
Aminatta Lois Runeni N’gum.
4.3.2 El Tribunal Especial Residual para Sierra Leona – TERSL. Fue creado por Acuerdo
entre la ONU y el Gobierno de Sierra Leona (11 de agosto de 2010), para supervisar las
obligaciones de naturaleza continua del TESL -protección de testigos, sentencias con mandato
de prisión, gestión de archivos-; funciones que llevará a cabo con la cooperación de
organizaciones internacionales o regionales.
11
Caso contra Maximilien Turinabo, Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu Ndagijimana, Marie Rose Fatuma y
Dick Prudence Munyeshuli (MICT-18-116), por los cargos de desacato, incitación al desacato y rebeldía hacia
el TPIR y al Mecanismo, se encuentra en etapa de investigación. A este caso se acumuló el seguido contra
Augustin Ngirabatware por cargos similares (10 de diciembre de 2019). Las acusaciones en contra de los
procesados han sido confirmadas (24 de agosto de 2018 y 10 de octubre de 2019) (Estatuto, art. 1 (4) (a); Reglas
de Procedimiento y Prueba, art. 90).
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Posee las mismas características del TESL en cuanto a su competencia personal, material y
temporal. Tiene competencia respecto del proceso pendiente ante el TESL, para la investigación
y enjuiciamiento de los casos no remitidos por este a la jurisdicción nacional; y de cualquier
caso resultante de la revisión de condenas y absoluciones (Estatuto, art. 1.2). Posee jurisdicción
concurrente con los tribunales nacionales de Sierra Leona y primacía respecto de ellos,
pudiendo revocar la referencia de casos.
12
Cuenta con 16 jueces, una Sala de Primera Instancia, una Cámara de Apelaciones, un Fiscal y
un Secretario ( Residual Special Court for Sierra Leone, s.f.). El 31 de diciembre de 2019, el
SG de la ONU y el Gobierno de Sierra Leona terminaron el nombramiento de jueces,
nombrándose dos nuevos: Eldred Taylor y Miatta Maria Samba.
El TERSL proporciona protección y apoyo a testigos y víctimas ubicados en varias regiones de
Sierra Leona y en otros países; supervisa activamente y brinda apoyo en evaluaciones
psicosociales, asistencia social y médica a más de cien ex testigos; responde a solicitudes de
asistencia de las autoridades judiciales nacionales y de acceso a las pruebas y para tomar
declaraciones de personas condenadas por el Tribunal; supervisa la ejecución de sentencias;
revisa condenas y absoluciones; proporciona asesoramiento de defensa y asistencia jurídica en
los procedimientos ante ella; responde a las solicitudes de las autoridades nacionales sobre
indemnización, y para prevenir la doble imputación (Residual Special Court for Sierra Leone,
2012). Ha continuado con la supervisión y consideración de libertades anticipadas (President
of the Residual Special Court for Sierra, 2019, p. 6).
El 8 de setiembre de 2020, se otorgó a Augustine Gbao, libertad anticipada condicional, con un
retraso de tres meses, plazo en el que debe someterse a una formación específica orientada a la
comprensión y aceptación de su responsabilidad por el daño infligido por sus crímenes. Con la
certificación del Secretario de haber completado la capacitación, se le permitirá cumplir el resto
de su condena de 25 años en su comunidad en Blama, sujeto a estrictas condiciones y
seguimiento estrecho. La decisión impone condiciones especiales, v.g., que Gbao se disculpe
por radio y televisión con las víctimas de sus crímenes y con la población de Sierra Leona. Su
disculpa debe incluir una aceptación de responsabilidad por sus crímenes y daño al proceso de
paz. También debe expresar remordimiento, comprometerse con la reconciliación y el
mantenimiento de la paz en Sierra Leona, y no asociarse con excombatientes u otras personas
condenadas por el Tribunal Especial (TERSL, Nota de Prensa de setiembre 8, 2020). Asimismo,
rechazó la solicitud de traslado temporal de Charles Ghankay Taylor a un país seguro por el
COVID 19 (TERSL, Noa de Prensa de septiembre, 7, 2020).
CONCLUSIONES
12
Estatuto, art. 7: a) si la jurisdicción nacional no está dispuesta o no puede enjuiciar al acusado; b) si los
procedimientos de los tribunales nacionales no son imparciales o independientes y están diseñados para proteger
al acusado de la responsabilidad penal internacional, o el caso no sea procesado diligentemente; y c) si el acusado
aún no ha sido declarado culpable o absuelto.
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Si bien el Sistema de Justicia Penal Internacional alcanzó su punto culminante con la creación,
establecimiento y funcionamiento de la Corte Penal Internacional en julio de 1998; graves
violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el proceso de su creación quedaron fuera
de su competencia temporal, quedando impunes. La necesidad de justicia de las sociedades que
las sufrieron que comprenda la sanción de los responsables y reparación de las víctimas, ha
dado pie al establecimiento de los Tribunales Especiales, Híbridos o Internacionalizados por
acuerdo de los Estados concernidos y la Organización de Naciones Unidas. Estos tribunales de
naturaleza temporal, al ejercer su jurisdicción paralelamente a otros tribunales ad hoc, v.g., los
Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, y la Corte Penal
Internacional, han generado una jurisprudencia que ha consolidado, reforzado y establecido
principios de Derecho penal internacional que venían estableciendo estos tribunales, v.g., de
inaplicación de la amnistía en casos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y
otras violaciones graves del DIH, improcedencia de la inmunidad de los jefes de Estado, la
naturaleza autónoma del delito de “matrimonio forzado” de los delitos sexuales que puede
asimilarse a los crímenes de lesa humanidad como a otros actos inhumanos, la autonomía de
los crímenes contra la humanidad de los conflictos armados, el derecho de las víctimas a obtener
formas efectivas de reparación de acuerdo a los estándares internacionales.
De otro lado, el cierre de los tribunales penales ad hoc post guerra fría y de los tribunales
especiales, también de naturaleza temporal, requiere de mecanismos que coadyuven a este
propósito, sin afectar la justicia, v.g., como son sus obligaciones de naturaleza continua, la
supervisión del cumplimiento de sentencias, la revisión de condenas, de la actuación de los
tribunales estatales a cargo de procesos pendientes en ejercicio de la jurisdicción concurrente;
la conservación del archivo judicial y la memoria histórica a través de centros de
documentación, entre otros. Para ello, se han establecido Mecanismos Residuales, herramienta
que permitirá dar por finalizado el funcionamiento de los tribunales penales internacionales
temporales, y su propio cierre, evitando que las víctimas de las graves violaciones al derecho
internacional y a los derechos humanos no alcancen justicia y caigan en el olvido, reforzando
la actuación de los tribunales nacionales. Lo que fortalece el Sistema de Justicia Penal
Internacional permanente y su naturaleza complementaria.
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