RESUMEN
La mujer peruana en la diplomacia
Peruvian women in diplomacy
Óscar Maurtua de Romaña*
Sociedad Peruana de Derecho Internacional
(Lima, Perú) oscarmaurtuaderomana@gmail.com https://orcid.org/0009-0002-9209-1888
REVISTA PERUANA DE DERECHO INTERNACIONAL ISSN: 0035-0370 / ISSN-e: 2663-0222
Tomo LXXVIII, mayo-agosto 2026, No.183, pp. 23-47 Recepción: 13/04/2026. Aceptación: 07/05/2026
DOI: https://doi.org/10.38180/t77pb833
La mujer peruana en la diplomacia
Peruvian women in diplomacy
Sociedad Peruana de Derecho Internacional
(Lima, Perú) oscarmaurtuaderomana@gmail.com https://orcid.org/0009-0002-9209-1888
El ensayo aborda la participación de la mujer peruana en la diplomacia, enmarcándola en un contexto histórico y comparado con la experiencia internacional. La necesidad del trabajo radica en visibilizar los avances y desafíos persistentes en la incorporación femenina en espacios de decisión pública, particularmente en el ámbito diplomático, donde aún subsiste una notoria subrepresentación. El objetivo central es analizar la trayectoria histórica de las mujeres en el Perú, desde las precursoras en la defensa de los derechos políticos hasta las actuales diplomáticas que han alcanzado cargos
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* Diplomático, jurista y docente universitario. Ministro de Relaciones Exteriores (2005-2006) (2021-2022). Subsecretario de las Américas; Secretario de Política Exterior. Director de la Academia Diplomática del Perú (2002-2003). Viceministro y Secretario General de Relaciones Exteriores, Jefe del Servicio Diplomático (2004). Estudios de postgrado en la Universidad de Oxford, Universidad John Hopkins y en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Exrepresentante del Perú ante la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) Bangkok (1994-1999). Presidió la Tercera Conferencia Mundial de Sociedades de Derecho Internacional (Lima, 2023) y condujo dicha red del 2021 al 2023. Fue condecorado con la medalla “José León Barandiarán”, máxima distinción que otorga la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), de la que egresó como abogado en 1970. Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
de alta responsabilidad, con el fin de valorar los progresos alcanzados y los retos pendientes. La metodología consiste en una revisión documental y comparativa de hitos históricos, normativos y estadísticos a nivel nacional, regional y global. Entre los principales resultados se identifican importantes conquistas en el acceso femenino a la educación, el mercado laboral y el aparato estatal, acompañadas de marcos normativos progresivos que promueven la igualdad de género. Sin embargo, en el servicio exterior peruano, la representación de mujeres en puestos de embajadoras sigue siendo reducida en comparación con estándares internacionales. El trabajo concluye que, aunque la presencia femenina en la diplomacia peruana se ha incrementado paulatinamente, aún se requiere una transformación estructural y cultural que consolide una participación plena y efectiva.
Palabras clave: mujer peruana, diplomacia, igualdad de género, feminismo, participación política, representación internacional.
This essay addresses the participation of Peruvian women in diplomacy, framed within a historical context and compared to international experiences. The need for this work lies in making visible the progress and persistent challenges regarding women’s incorporation into decision-making spheres, particularly in diplomacy, where underrepresentation remains significant. The main objective is to analyze the historical trajectory of women in Peru, from the pioneers of political rights advocacy to current female diplomats holding high-level positions, in order to assess achievements and pending challenges. The methodology is based on a documentary and comparative review of historical, normative, and statistical milestones at the national, regional, and global levels. The main results reveal substantial advances in women’s access to education, the labor market, and the state apparatus, supported by progressive legal frameworks promoting gender equality. Nevertheless, in the Peruvian foreign service, women’s representation in ambassadorial positions remains low compared to international standards. The study concludes that although women’s participation in Peruvian diplomacy has gradually increased, further structural and cultural transformation is still required to ensure their full and effective involvement.
Oscar Maúrtua de Romaña
Keywords: Peruvian women, diplomacy, gender equality, feminism, political participation, international representation.
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En 2022 la Asamblea General de la ONU proclamó el 24 de junio como Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia (Res. A/76/269), recordando la necesidad de promover la igualdad de género como una obligación jurídica, ética y democrática. Estas últimas seis décadas vienen siendo fructíferas con el rol femenino en la esfera internacional, pero los esfuerzos son exiguos frente a las exigencias que impone la contemporaneidad.
Es incuestionable que la incorporación femenina en el quehacer diplomático constituye un signo de avances en materia de equidad. Empero, también representa un reflejo de las inercias estructurales que subsisten en el Perú y en América Latina. A lo largo de las primeras décadas del siglo XXI, se han desplegado iniciativas orientadas a consolidar la paridad sustantiva y a reestructurar los engranajes institucionales bajo un prisma de igualdad.
La Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU insta a incluir a las mujeres en la prevención y solución de conflictos, así como en los procesos de construcción de paz. De esta manera, se instituye como un hito superlativo en la consolidación de un andamiaje normativo que auspicia una mayor participación de las mujeres en escenarios diplomáticos (Aggestam y Towns, 2018, p. 10).
Dicho precedente abrió paso a la Feminist Foreign Policy (FFP) sueca de 2014, primera experiencia en institucionalizar un enfoque de género en la praxis exterior de un Estado. Siguiendo este derrotero, Australia, Canadá y Noruega replicaron la experiencia, cimentándose en los mencionados marcos normativos como catalizadores de un paradigma diplomático renovado (Aggestam y Bergman-Rosamond, 2016, p. 324).
Tales enfoques se concentran en la búsqueda de una representación numéricamente equilibrada, así como en instaurar la transversalización de la perspectiva de género en la toma de decisiones internacionales. En dicho contexto, el Perú enfrenta una bifurcación compleja. De un lado, materializar los compromisos adquiridos mediante instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en especial el ODS 5 y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) que estableció prioridades para la participación política de las mujeres, incluyendo su presencia en decisiones internacionales.
No obstante, a pesar de ciertos progresos, como la existencia de dispositivos jurídicos en materia de género y de leyes destinadas a proscribir y sancionar la discriminación, la garantía de una participación plena y efectiva de las mujeres en todos los niveles de decisión pública y política aún se descubre como desafío pendiente (Organización de las Naciones Unidas, 2025, p. 18).
Por otro lado, el Perú se halla compelido a propiciar un cambio estructural de índole sociopolítica que asegure la presencia formal de las mujeres en los espacios de decisión. Ello implica trascender la simple adhesión a ordenamientos regulatorios, para avanzar hacia una transformación cultural que posibilite su plena participación en la esfera pública.
El presente artículo, en consecuencia, se propone delinear un panorama crítico sobre la trayectoria histórica de la mujer tanto en el ámbito global como en el peruano, subrayando las experiencias precursoras del feminismo en el país. Se examinan igualmente los avances y retrocesos recientes en los planos educativo, laboral y político, así como los retos persistentes de la diplomacia peruana frente a experiencias comparadas en América Latina y otras latitudes.
Con ello, aspira a contribuir a una reflexión profunda que asuma el protagonismo femenino como como mandato impostergable de toda sociedad democrática sustentada en un esquema legal renovado y una nación consciente de la centralidad insustituible de las mujeres.
Oscar Maúrtua de Romaña
Durante siglos, la desigualdad entre varones y mujeres fue concebida como un componente inherente e inmutable del orden social. En efecto, “la igualdad fue concebida desde el pensamiento político clásico como un hecho y no como un valor” (Facio, 2008, p. 67). De esta premisa se desprende que las mujeres, históricamente confinadas a un estatuto de subordinación respecto del sujeto masculino, encauzaran sus luchas hacia la conquista del goce íntegro de aquellos derechos de los que sus pares varones ya eran titulares.
No sorprende, en consecuencia, que pensadores de raigambre reaccionaria como Joseph de Maistre y Louis de Bonald, en los años inmediatamente previos a la Revolución Francesa de 1789, sostuvieran que, por designio natural, las mujeres estaban llamadas a pertenecer exclusivamente al ámbito doméstico y no a la esfera de la sociedad política (De Beauvoir, 2015, p. 49).
Con posterioridad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en agosto de 1789 como antecedente de la primera Constitución francesa aprobada dos años después, instituyó formalmente derechos civiles y políticos para la ciudadanía. La humanidad fue entonces testigo de cómo la tríada ilustrada —libertad, igualdad y fraternidad—comenzaba a erigirse como basamento del horizonte normativo de la modernidad.
Sin embargo, la realidad desmentía la universalidad de tales postulados. Aquello que se proclamaba con pretensiones de validez general se circunscribía, en la práctica, únicamente al varón. De allí que las mujeres, conscientes de esta exclusión estructural, emprendieran de manera temprana un proceso de reivindicación orientado a la obtención de un reconocimiento paritario de sus derechos, una contienda histórica que, pese a haber alcanzado conquistas significativas, aún se proyecta en el presente como una lucha inconclusa.
La lucha por los derechos de las mujeres no puede comprenderse de manera aislada de los movimientos feministas que, desde el siglo XVIII, han configurado una genealogía de reivindicaciones. Este proceso, descrito habitualmente como “olas feministas”, ha permitido visibilizar las diferentes
etapas históricas en las que el feminismo ha transformado el debate político en aras de generar cambios jurídicos y en las prácticas sociales.
La denominada primera ola del feminismo suele situarse al término del siglo XVIII y las primeras décadas del XX, constituyendo un ciclo histórico en el que adquirieron preeminencia la reivindicación del sufragio femenino y la exigencia de una igualdad jurídica elemental. Este periodo trasladó al terreno público demandas que hasta entonces habían sido marginadas por el discurso político dominante.
En dicho contexto, destacó con singular notoriedad Mary Wollstonecraft, cuya obra “A Vindication of the Rights of Woman” (1792) configuró un hito fundacional para el desarrollo de un pensamiento emancipador. En ella, la autora interpela las prácticas de sometimiento femenino, definidas como “hábitos de subordinación”, y las equipara a formas de esclavitud, que debían ser superados para alcanzar un orden social verdaderamente ilustrado (Taylor, 2003, p. 166).
Décadas más tarde, dichas premisas encontraron continuidad en los movimientos sufragistas, especialmente a través de episodios gravitantes como la Convención de Seneca Falls (1848) en Estados Unidos. Este acontecimiento consolidó un programa político coherente y organizado que se expandió progresivamente más allá de sus fronteras originales nutriendo posteriores luchas feministas (Flexner y Fitzpatrick, 1996, p. 72).
La segunda ola se desarrolla a partir de la década de 1960. A diferencia de la primera, centrada en el voto, este nuevo ciclo se propuso trascender los límites de lo estrictamente político para interpelar dimensiones más amplias de la vida social. En tal sentido, el movimiento orientó su crítica hacia las estructuras económicas y culturales que sostenían la desigualdad de género.
Por consiguiente, el reclamo se orientó, entre muchas otras cuestiones, hacia la consolidación de una vida personal y privada autónoma respecto de la figura masculina, así como a la exigencia de una equiparación efectiva en las condiciones salariales y laborales (Evans, 2015, p. 5).
Continuando, la tercera ola, surgida en los años noventa, introdujo un cuestionamiento a la visión homogénea del feminismo occidental. Autoras como Judith Butler (1990) y Chandra Talpade Mohanty (2003) enfatizaron la necesidad
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de atender a la diversidad de experiencias, reconociendo la interseccionalidad entre género, raza, clase y sexualidad (Crenshaw, 1989, p. 140).
Esta ola adquirió especial resonancia en el Sur Global, donde emergieron críticas dirigidas a la tendencia de imponer agendas feministas ajenas a las realidades socioculturales de cada contexto. Esta etapa puso de relieve la necesidad de articular las luchas de género con problemáticas vinculadas a la etnicidad y la clase social, cuestionando así la universalización acrítica de un feminismo concebido desde parámetros occidentales.
En ese marco, la comunidad internacional avanzó hacia la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. La relevancia de dicho instrumento fue destacada por Phumzile Mlambo-Ngcuka, ex Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, quien lo calificó como la hoja de ruta más “exhaustiva para la acción [...] e inspiración para lograr la igualdad de género” (UN Women, 2015, p. 3).
1.1. EL SUFRAGIO FEMENINO EN AMÉRICA LATINA
A pesar de trascendentales avances como la Séptima Conferencia Panamericana celebrada en Montevideo que decretó valiosas resoluciones en materia de derechos civiles y políticos de las mujeres, como la inclusión de delegadas femeninas en las representaciones nacionales; el voto femenino aún era una cuestión pendiente (Ugarteche, 1953, p. 33).
Como se señaló en párrafos anteriores, el reconocimiento del sufragio femenino constituyó un extraordinario indicador para la reducción de las asimetrías entre ambos géneros. Ecuador fue el aventajado país latinoamericano en aprobar el sufragio femenino en 1929, gracias a la gestión de Matilde Hidalgo de Procel, médica y activista que se convirtió en la primera mujer en ejercer el derecho al voto en la región.
Brasil lo hizo en 1932 con la reforma del Código Electoral, impulsada por Bertha Lutz, reconocida sufragista y diputada (Costa y Soihet, 2013, p. 1244). Le sucedieron Cuba en 1934, Uruguay en 1932 con la Constitución de ese año, y Argentina en 1947 con la Ley Nº 13.010, promulgada bajo el liderazgo de Eva Perón, cuyo discurso vinculó el sufragio con una narrativa de justicia social (Barrancos, 2007).
En el caso peruano, la asimetría entre ambos géneros se materializó en severas restricciones al acceso de las mujeres a la educación, la participación política, la propiedad y el trabajo remunerado. Estas esferas permanecieron sujetas a una lógica de hegemonía masculina, sustentada en la naturalización de roles de género que limitaban a la mujer al ámbito doméstico, atribuyéndole primordialmente la condición de esposa y madre cuidadora.
En consecuencia, los movimientos feministas no solo aspiraron a transformar los órdenes económico, político y jurídico ya instituidos, sino que además se propusieron reconfigurar de manera profunda la estructura sociocultural (Aponte, 2005, p. 13).
Bajo este contexto, la consagración del sufragio femenino se concretó en 1955, durante el régimen de Manuel A. Odría, mediante la promulgación de la Ley N.° 12391 que reformó la Constitución de 1933. Dicha norma “significó el reconocimiento de la ciudadanía y del derecho a elección y elegibilidad para un número importante de mujeres” (Poulsen, 2016, pp. 142-143).
Este acontecimiento no puede ser reducido a un gesto meramente simbólico. Este hecho debe comprenderse como el resultado de prolongadas décadas de activismo femenino, cuya acción persistente delineó la senda hacia una progresiva ampliación de la igualdad jurídica y política.
1.2. DESTACADAS PRECURSORAS PERUANAS EN LA LUCHA POR LOS DERECHOS FEMENINOS
Entre las precursoras de la brega femenina en el Perú, resulta insoslayable destacar la figura de María Jesús Alvarado, periodista, educadora y activista, considerada la primera feminista peruana y pionera en la defensa del sufragio femenino. Su labor fue reconocida por el historiador Jorge Basadre Grohmann, quien subrayó su protagonismo en los albores del siglo XX (Basadre, 2014, p. 239).
En su célebre discurso titulado “El Feminismo”, pronunciado en 1911 en el auditorio de la Sociedad Geográfica de Lima, Alvarado demandó el reconocimiento del derecho al voto, el acceso igualitario a la educación
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y la equiparación legal entre varones y mujeres, presentándolos como prerrequisitos indispensables para la reforma del orden normativo. Su legado mantiene plena vigencia y se instituye como un referente ineludible en los estudios de género y en la historiografía social del país.
De igual modo, resulta imprescindible subrayar las aportaciones de Teresa González de Fanning, reconocida como una crítica severa de la educación tradicional, orientada a reproducir la subordinación femenina. Fundadora en 1881 del Liceo Fanning, materializó en dicha institución sus propuestas pedagógicas, destinadas a preparar a las mujeres para una participación activa en la vida pública y profesional. Ergo, fue reconocida como la primera educadora del Perú (García y García, 1925, p. 32).
Asimismo, González de Fanning participó en el Primer Congreso Femenino Internacional celebrado en la República Argentina en 1910, donde demandó con vehemencia una reforma radical en la educación de la mujer latinoamericana. Tales planteamientos, adelantados a su tiempo, contribuyeron a abrir camino hacia la incorporación de las mujeres en los espacios académicos y universitarios.
Contemporáneamente, Elvira García y García se consolidó como pionera del magisterio femenino profesionalizado, en un contexto signado por elevados índices de analfabetismo y exclusión. Su influencia se proyecta en la marcada presencia de mujeres en la enseñanza nacional, constatada en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que en 2021 reportaron que más del 60 % del personal docente en educación básica correspondía a mujeres, muchas de ellas formadas en la tradición pedagógica instaurada por García y García.
Debe subrayarse, además, la labor de otras figuras señeras como Juana Alarco de Dammert, Mercedes Cabello de Carbonera, Miguelina Acosta Cárdenas, Ella Dunbar Temple, Zoila Cáceres Moreno, Angélica Palma y Román, Violeta Correa Miller, entre otras distinguidas personalidades, quienes trascendieron la lucha puramente formal por la igualdad, instituyendo organizaciones, liderando reformas y promoviendo transformaciones asistenciales, comunicacionales y culturales de carácter perdurable.
Cada una de ellas, desde sus respectivos campos (académico, activista, jurídico, periodístico, literario o político) contribuyó a urdir un entramado republicano que sostiene los avances normativos y sociales de los que actualmente se benefician miles de mujeres peruanas.
Finalmente, conviene subrayar que el Perú ha sido pionero en conferir a la mujer un lugar destacado en la conducción de los asuntos públicos. Así lo evidencia el caso de Mercedes Cabanillas e Ilda Urizar de Arias, designadas por el entonces Presidente Alan García como titulares de los despachos de Educación y Salud, respectivamente, en 1987.
De igual modo, la Presidencia del Consejo de Ministros ha recaído, en diversas etapas, en distinguidas profesionales que aportaron con solvencia su experiencia al fortalecimiento de la gobernabilidad nacional. Sobresale en este ámbito la doctora Beatriz Merino, quien marcó un hito al convertirse en la primera mujer en asumir tan elevada responsabilidad, tras haberse desempeñado previamente como Defensora del Pueblo y Congresista de la República.
Por igual, cabe resaltar a la doctora Rosario Fernández Figueroa, abogada de reconocido prestigio que, luego de encabezar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue llamada a ocupar la jefatura del Gabinete Ministerial, convirtiéndose en la segunda mujer en alcanzar tal distinción.
Un caso igualmente notable es el de la doctora Ana Jara Velásquez, abogada y parlamentaria, quien ejerció la conducción de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como de Trabajo y Promoción del Empleo, antes de asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, consolidando con ello la progresiva participación femenina en los más altos niveles del Estado.
De análoga importancia dimana la identificación de los progresos vinculados al rol de la mujer en la actualidad. Así, en el ámbito educativo, los avances han sido particularmente notorios. Conforme a lo señalado por la Organización
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de Estados Iberoamericanos (OEI), en el año 2024 las mujeres constituyeron el 57 % del universo total de estudiantes en la educación superior peruana (Organización de Estados Iberoamericanos, 2022).
En el nivel de posgrado, específicamente en programas de maestría y doctorado, la participación femenina adquiere magnitud aún más significativa, alcanzando tasas del 64 % y 53 %, respectivamente (El Peruano, 2025). Paralelamente, en las disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), el Perú ha registrado un incremento sostenido en las matrículas universitarias, particularmente en el campo de la ingeniería, donde la participación femenina pasó de un 26,91 % en 2019 a un 28,54 % en 2022 (Organización de Estados Iberoamericanos, 2022).
No obstante, la representación de mujeres en tales campos permanece sensiblemente reducida, lo que pone de manifiesto la apremiante necesidad de intensificar mecanismos orientados a estimular el interés y la incorporación femenina en carreras de este carácter interdisciplinario.
En lo que concierne al mercado de trabajo, el análisis puede desdoblarse en dos niveles: regional y nacional. En el ámbito regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) —cuyo liderazgo recayó durante varios años en la diplomática mexicana Alicia Bárcena—consignó en un informe de 2023 que entre el 2001 y el 2022 la participación laboral de las mujeres en América Latina incrementó paulatinamente hasta obtener un promedio del 51,9 % (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023, p. 142).
Dicho incremento supuso una reducción sustantiva de la brecha de género que, en 1993, ascendía a casi 36 puntos porcentuales y que, para 2022, se había reducido a 23. Este proceso refleja transformaciones estructurales en los mercados de trabajo y mutaciones en los patrones de la organización doméstica en América Latina.
No obstante, el informe advierte la persistencia de disparidades nacionales. Mientras que el Estado Plurinacional de Bolivia alcanza una tasa de participación femenina cercana al 71 %, el Perú se sitúa en un 64,2
%, lo que da cuenta de trayectorias diferenciadas al interior de la región (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023, p. 141).
De manera complementaria, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consignó que, para el año 2023, la tasa de participación laboral femenina a nivel global alcanzaba el 52,6 %, en contraste con el 76,4 % registrada por la población masculina (Organización Internacional del Trabajo, 2025, p. 9).
El mismo informe precisa que, en el caso del Perú, si bien persiste una brecha de género en la participación laboral del 15,4 %, esta constituye la tercera más aminorada de la región, sólo después de Bolivia y Uruguay cuyas brechas se sitúan en 11,9 % y 13,9 %, respectivamente (Organización Internacional del Trabajo, 2025, p. 10).
En este contexto, si bien el acceso femenino a las actividades remuneradas constituye un avance de gran magnitud y ha contribuido a reconfigurar la dinámica de los mercados laborales, así como los referentes sociales y culturales de las nuevas generaciones, las mejoras resultan aún insuficientes.
En la dimensión nacional, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondiente al segundo trimestre de 2025, la tasa de desempleo de la población femenina en Lima Metropolitana se sitúa en 6,7 %, un nivel considerablemente elevado (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2025, p. 19).
Además, el Análisis Macroeconómico elaborado por el Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) pone de relieve que la brecha de género persiste en términos de oportunidades de desarrollo profesional, a pesar de los progresos registrados en la inserción femenina en las actividades económicas del país.
Aunque la participación de las mujeres en la economía formal ha crecido de manera apreciable, su proporción continúa siendo menor que la masculina. En efecto, en la actualidad, solo el 37 % de los trabajadores formales corresponde a mujeres, frente a un 63 % de varones (Salazar, 2024). Por otro lado, en sectores como comercio y servicios, la participación femenina alcanza un 40 %, proyectándose un aumento sostenido en los próximos años de la población económicamente activa (PEA) femenina.
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Otro aspecto medular lo constituye la brecha salarial, que al 2023 ascendía a un 19 % en el Perú. Pese a la creciente presencia de mujeres en espacios laborales, subsisten barreras de carácter estructural que obstaculizan su acceso a empleos mejor remunerados. Entre los factores más relevantes se encuentra la carga desproporcionada de tareas domésticas y de cuidado, que restringe sus posibilidades de desarrollo profesional.
Esta situación se refleja en los ingresos percibidos. El 73 % de las mujeres obtienen remuneraciones inferiores a S/. 2,000 mensuales, mientras que el salario promedio de los hombres en el sector formal supera los S/. 2,500, según señala Dorita Rodríguez, jefa de Análisis Macroeconómico del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) en una entrevista a Radio Programas del Perú (Carrasco, 2025).
Conviene destacar, asimismo, el incremento progresivo del número de hogares encabezados por mujeres. Según la fuente consultada en el párrafo anterior, en 2005, únicamente el 28 % de los hogares se encontraba bajo jefatura femenina, mientras que en la actualidad dicho porcentaje asciende al 40 % (Carrasco, 2025). Ello denota que, en las dos últimas décadas, las mujeres “jefas de hogar” han adquirido un papel decisivo en las decisiones de consumo, orientando los recursos hacia rubros prioritarios como salud, educación y alimentación.
Otro ámbito de especial interés es la participación femenina en el aparato estatal. El Perú ha alcanzado un hito relevante en materia de paridad de género dentro del servicio civil. De acuerdo con el informe “La Mujer en el Servicio Civil Peruano 2025”, elaborado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), la representación de mujeres llegó al 50,1
% en 2023 y se mantuvo en 49,3 % en 2024, situando al país como uno de los pocos en la región que ha alcanzado este nivel de equilibrio en su administración pública (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2025, p. 8).
No obstante, la equidad no se distribuye de manera uniforme. En los gobiernos regionales, la representación femenina alcanza el 59 %, mientras que en el nivel local apenas asciende al 33,2 % (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2025, p. 5).
En lo que concierne al ámbito legislativo, la representación femenina alcanza actualmente un 38,5 %, lo que equivale a 50 congresistas mujeres de un total de 130 parlamentarios. Esta participación ha ido incrementándose progresivamente, especialmente tras la instauración de las cuotas de género en las listas electorales. En el período legislativo en curso (2021-2026) se alcanzó, por primera vez en la historia parlamentaria del país, este récord de presencia femenina.
En este contexto, tales avances se respaldan y sustentan en plausibles marcos normativos progresivos y equitativos. Hasta la fecha de publicación del presente artículo, se han promulgado diversas normativas como: Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en 2007; el Decreto Supremo N° 008-2019 que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género en 2019; la Ley de Paridad y Alternancia de Género en 2020; el Decreto Supremo N° 015-2021 que aprobó los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública en 2021.
De similar manera, las capacitaciones promovidas por SERVIR — incluyendo formación en inteligencia artificial y enfoque de género— han fortalecido la competitividad y la profesionalización de las mujeres en el Estado. En suma, el Perú no solo busca alcanzar una paridad numérica, sino que demuestra una tendencia sostenida hacia una administración pública más equitativa y representativa.
La Embajadora Marisol Agüero Colunga, ha señalado en una reciente conferencia, citando a la experta en neurociencia Gladys Kali, que las diferencias entre hombres y mujeres no deben ser interpretadas como un obstáculo, sino como un valor añadido que constituye un enriquecimiento para las dinámicas de desarrollo (Sociedad Peruana de Derecho Internacional, 2025, 39m30s). De allí que la escasa participación de la mujer de la diplomacia pueda ser comprendida como una práctica contraproducente para la comunidad internacional.
A pesar de lo evidente, la participación femenina en la diplomacia sigue siendo limitada. A nivel mundial, en 2023, únicamente el 20.54 % de los
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puestos de embajadores estaban ocupados por mujeres (Smith y Kozielska, 2024, p. 5), cifra prácticamente idéntica al 20.5 % global reportado por la Anwar Gargash Diplomatic Academy (AGDA) en 2023 (Chehab, 2024, p. 1).
Este modesto avance contrasta con Estados que han alcanzado casi la paridad. Un ejemplo a remarcar es el de Canadá, donde el 51 % de sus embajadores son mujeres (Gulf News, 2023), mientras que en muchas naciones el retraso es marcado. En el ámbito de las Naciones Unidas se destaca que 73 países nunca han nombrado a una mujer como su representante y hoy apenas el 25 % de los diplomáticos permanentes en Nueva York son mujeres (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Italia, 2025).
Esto resulta paradójico ya que la gestación de la Carta de las Naciones Unidas, fruto de la Conferencia de San Francisco de 1945, no puede comprenderse sin reconocer la participación activa de diversas mujeres que, con singular lucidez y firmeza de espíritu, integraron las delegaciones concurrentes a tan magno acontecimiento internacional, destacando las participaciones de delegadas de Brasil y México.
En este contexto, la mujer peruana se incorporó con dignidad y solvencia intelectual a la nueva institución pacifista, siendo representada en el Secretariado por figuras como Luz Arias Ballesteros, Elisa B. Alvarado, Hilda Berger, Juana M. de Szyszlo, Hilda Gindk, Luz Nieri, Berta Sifuentes, Erica S. Standke y Elvira Arias, quienes supieron proyectar la impronta de su compromiso en los albores del multilateralismo (Ugarteche, 1953, p. 42).
En ese contexto de subrepresentación, destacan otras trayectorias paradigmáticas. Sobresalen pioneras como Aleksandra Kolontái, destacada embajadora soviética, quien es considerada, como señala el Embajador Pedro Ugarteche, como la primera mujer en ocupar el puesto de Embajadora en la historia de la diplomacia moderna (Ugarteche, 1953, p. 31). Asimismo, no debe soslayarse la carrera de Anna Pauker, la política rumana que, en 1947, se convirtió en la primera mujer Ministra de Relaciones Exteriores en la historia de la humanidad.
Otro caso resaltante es el de Helen Eugenie Moore Anderson (1962), quien fue la primera mujer nombrada jefa de misión con cargo de Embajadora
en la historia de los Estados Unidos para su representación ante Dinamarca (1949-1953) y Hungría (1962-1964).
Lideresas contemporáneas que hoy encabezan organismos multilaterales. Tal como la economista costarricense Rebeca Grynspan, quien tras ser Secretaria General Iberoamericana (2014-2021) asumió la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Es el caso, asimismo, de la Embajadora Laura Gil Savastano, quien actualmente se desempeña como Secretaria General Adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo.
Además, otro ejemplo reciente, es el de la estadounidense Rose Gottemoeller, diplomática de carrera, que encabezó en 2010 la negociación del New START Treaty con la Federación Rusa, un instrumento central de desarme nuclear que limitó los arsenales de ambas potencias. De igual modo, la uruguaya Laura Dupuy Lasserre, representante permanente en Ginebra, presidió entre 2011 y 2012 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, siendo la primera mujer latinoamericana en ocupar dicha función.
De igual manera, la reina Máxima de los Países Bajos, en su calidad de consorte del rey Guillermo Alejandro, ejerce funciones de representación y actos protocolares inherentes a su investidura real. No obstante, su trayectoria profesional trasciende el ámbito meramente ceremonial, pues, es economista de formación y ha desempeñado funciones de relevancia en el sistema de las Naciones Unidas desde 2005 (Sociedad Peruana de Derecho Internacional, 2025, 41m58s).
En efecto, ha sido designada Defensora Especial del Secretario General para la Salud Financiera (UNSGSA), cargo desde el cual promueve el acceso universal a instrumentos financieros con el objetivo de que los ciudadanos dispongan de los medios necesarios para administrar sus recursos de manera idónea y sostenible.
Por su parte, la embajadora Sahar Ghanem, una de las escasas mujeres integrantes del servicio diplomático de Yemen, se desempeña como jefa de misión de su país ante el Reino de los Países Bajos y, de manera simultánea,
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como embajadora no residente ante el Reino de Noruega y el Reino de Suecia, lo que refleja la amplitud de sus responsabilidades.
Cabe subrayar, además, que en su condición de jefa de misión con mayor antigüedad en La Haya, ostenta la dignidad de Decana del Cuerpo Diplomático acreditado en los Países Bajos, prerrogativa que dimana de la dilatada permanencia en el cargo y que le confiere precedencia protocolar en dicho foro.
En América Latina, la brecha de género en la diplomacia es similar a la global. Estudios recientes indican que el porcentaje de embajadoras en América Latina pasó sólo del 12 % en los 2000 al 15 % en 2018 (Erlandsen et al., 2021), reflejando un crecimiento muy lento.
Estas tendencias contrastan con hitos aislados. La región contó con pioneras como la chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, y la brasileña Odette de Carvalho e Souza, una de las primeras embajadoras de carrera del mundo. Sin embargo, tales excepciones no han sido la norma. En general América Latina exhibe niveles reducidos de representación femenina en sus servicios exteriores, sin avances estructurales sostenidos hacia la igualdad de género.
La situación peruana refleja las tendencias regionales de subrepresentación. Los datos del Women in Diplomacy Index arrojan que entre 2020 y 2024 las embajadoras peruanas constituyeron apenas entre el 14 % y 17 % de los puestos diplomáticos de mayor jerarquía (Bórquez, 2024).
Sin embargo, la progresiva evolución del rol desempeñado por la mujer en el quehacer diplomático nacional es indubitable. A nivel histórico, se halla generalmente reconocido que Carmela Aguilar Ayanz, destacada abogada cuzqueña y doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, es reconocida por ser la primera mujer en ingresar al Servicio Diplomático de la República, en abril de 1952.
Veinte años más tarde, en 1972, alcanzó la categoría de Embajadora, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia latinoamericana en alcanzar un rango de tal envergadura. Su legado se enaltece con relevancia, pues su ingreso al Servicio Diplomático se instituye en un contexto signado por el debate para lograr el derecho al sufragio femenino en el Perú.
En la actualidad, casi siete décadas después, el 32 % del cuerpo diplomático peruano está conformado por mujeres, y varias de ellas lideran misiones en el exterior, lo que refleja una pausada pero constante transformación de una profesión históricamente asumida por el género masculino.
Como subraya la Embajadora Roxana Castro, los Órganos de Servicio Exterior (OSE) del Perú están conformados por 65 embajadas,
6 representaciones permanentes ante organismos internacionales y 72 consulados. Estos están integrados por un total de 128 mujeres y 300 hombres (Sociedad Peruana de Derecho Internacional, 2025, 1h16m09s).
Del total de funcionarias, el 30,1 % (72 diplomáticas) se desempeña en embajadas, el 36,1 % (13 diplomáticas) en representaciones permanentes y el 28 % (43 diplomáticas) en consulados. Estos datos reflejan una participación femenina significativa, aunque aún desigual, en los distintos niveles del Servicio Exterior.
En dicho contexto, son siete las mujeres que se desempeñan como jefas de misión diplomática con rango de embajadoras extraordinarias y plenipotenciarias o como jefas de oficinas consulares. En consecuencia, estas mujeres ejercen la representación oficial del Perú ante Estados extranjeros y organismos internacionales al más alto nivel jerárquico.
A lo largo del siglo XXI, diversas mujeres han marcado un hito en la diplomacia peruana al ejercer el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Entre ellas destaca Eda Rivas Franchini, quien, en 2013, se convirtió en la primera mujer en la historia del Perú en asumir la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores desde ser constituido en 1821.
De igual manera, la Embajadora Ana María Sánchez fue la primera diplomática de carrera en asumir tan alta responsabilidad. Esta extraordinaria mujer ya se había desempeñado como Embajadora del Perú en Irlanda y, en la actualidad, es la Alta Representante del Perú en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Otro ejemplo de profesionalismo es la Embajadora Ana Cecilia Gervasi, primera mujer en ser Jefa del Servicio Diplomático de la República al serle encomendado el despacho viceministerial del Ministerio de
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Relaciones Exteriores. Posterior a ello, también fue titular del Palacio de Torre Tagle en 2022, conduciendo la política exterior peruana con solvencia y cautela.
La primera diplomática de carrera que ejerció el cargo de Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores fue la Embajadora Ana Rosa Valdivieso Santa María, quien luego de ser Representante del Perú para la incorporación del país a la OCDE, viene ejerciendo de Representante Permanente del Perú ante los organismos económicos internacionales con sede en París, Francia.
Por otro lado, la Academia Diplomática del Perú (ADP), cuna de la formación de las nuevas generaciones de diplomáticos, se encuentra actualmente dirigida por la Embajadora Silvia Alfaro Espinoza, ex Embajadora del Perú en Chile.
En el caso de la ADP, es importante destacar el incremento en la participación femenina entre su alumnado. Según lo señala la Embajadora Marisol Agüero Colunga, entre los años 1958 y 2008, las mujeres representaban el 21 % del total de estudiantes. No obstante, entre 2009 y 2014, este porcentaje aumentó en 17 puntos, alcanzando así el 38 % del alumnado (Sociedad Peruana de Derecho Internacional, 2025, 54m26s).
Siguiendo con el rol de liderazgo de la mujer se destaca la labor de la Embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, actual Directora General de Tratados y Derecho Internacional y Presidenta del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género (GIG) del Ministerio de Relaciones Exteriores, una importante iniciativa creada mediante la Resolución Ministerial N° 0566-2017-RE que busca alcanzar la paridad en el sector al que se avoca. Además, se ha desempeñado como Cónsul General del Perú en Londres y como coordinadora de la delegación peruana en el caso de delimitación marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia (sentencia de 2014).
En paralelo, la Embajadora Marisol Agüero Colunga, detenta el cargo de Asesora Especializada de la Dirección de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sumado a esto, ha ejercido el cargo de Embajadora del Perú en el Reino de los Países Bajos, siendo la primera mujer en asumir tal cargo en dicho país. Estas insignes
personalidades han demostrado un ferviente compromiso con su patria y vocación de servicio.
El examen realizado confirma que la mujer peruana ha recorrido un trayecto complejo, pero progresivo, hacia la participación en espacios en la vida pública, política y diplomática. Los hallazgos corroboran que los avances en materia educativa, laboral y normativa han creado condiciones favorables para una mayor participación femenina en la toma de decisiones.
Sin embargo, la diplomacia se mantiene como un ámbito en el que persiste una brecha significativa, pero en plena evolución. Aún la representación de mujeres en cargos de mayor jerarquía, como embajadoras, continúa siendo reducida en comparación con estándares internacionales.
Esta constatación permite sostener que, si bien se ha cumplido parcialmente con el objetivo de garantizar una mayor equidad en el Servicio Exterior, aún se requiere una transformación cultural y estructural que supere la adhesión normativa y garantice un acceso pleno y sostenido de las mujeres a los más altos niveles de representación. La experiencia peruana demuestra que las reformas legales son necesarias, pero no suficientes.
Asimismo, los resultados invitan a proyectar nuevas líneas de investigación orientadas a comparar la experiencia peruana con la de Estados, principalmente europeos, que han institucionalizado políticas de recursos humanos feministas, lo que podría ofrecer insumos valiosos para el diseño de estrategias nacionales en esta materia.
En suma, la investigación revela que el protagonismo femenino en la diplomacia peruana, aunque en ascenso, todavía se encuentra en una etapa en desarrollo. Convertirlo en una realidad consolidada constituye un desafío impostergable para alcanzar una diplomacia más inclusiva y acorde con los principios de igualdad que exige la sociedad contemporánea.
Oscar Maúrtua de Romaña
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Financiamiento
Autofinanciado.
Conflicto de interés
El autor declara no tener conflicto de interés.
Contribución de autoría
El autor realizó todas las tareas relativas a la elaboración de este trabajo.
Agradecimientos
El autor agradece la asistencia brindada por el señor Joaquin Alonso Barreto Acosta para la utilización de las tecnologías de la información.
Biografía del autor
Diplomático, jurista y docente universitario. Ministro de Relaciones Exteriores (2005-2006) (2021-2022). Subsecretario de las Américas; Secretario de Política Exterior. Director de la Academia Diplomática del Perú (2002-2003). Viceministro y Secretario General de Relaciones Exteriores, Jefe del Servicio Diplomático (2004). Estudios de postgrado en la Universidad de Oxford, Universidad John Hopkins y en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA.
Oscar Maúrtua de Romaña
Exrepresentante del Perú ante la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) Bangkok (1994-1999). Presidió la Tercera Conferencia Mundial de Sociedades de Derecho Internacional (Lima, 2023) y condujo dicha red del 2021 al 2023. Fue condecorado con la medalla “José León Barandiarán”, máxima distinción que otorga la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), de la que egresó como abogado en 1970. Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Correspondencia